Los orientadores educativos de Cantabria protestan por la privatización del servicio

En este contexto, la Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, ya expuso la semana pasada su oposición a la decisión de la consejera de Educación, Marina Lombó, de concertar la orientación en los colegios privados, y anunció movilizaciones.

Ante este anuncio, los sindicatos critican la medida de que las empresas educativas privadas pasen a contratar directamente al personal de orientación, financiado todo ello con fondos públicos. desde su punto de vista, dicha decisión supondría «un cambio brusco» en el modelo que viene funcionando en Cantabria, gestionado por funcionarios «como garantía del rigor e independencia de sus informes sobre becas o escolarización».

Toda la Junta de Personal Docente de Cantabria rechaza «categóricamente» esta medida, y anunciado que continuará con las movilizaciones hasta conseguir que la Consejería de Educación «recapacite, rectificando su intención de privatizar servicios públicos».

Desde CC OO y UGT no sólo critican la decisión de la consejería, si no que reclaman el refuerzo de los Equipos de Orientación Psicopedagógicos públicos de la Consejería de Educación y FP, una medida que consideran que es la única vía aceptable para atender las crecientes necesidades educativas de la infancia en los centros.

En ese sentido, ambos sindicatos reafirman su apuesta por mantener el modelo existente hasta el momento, en donde los Equipos de Orientación atienden tanto a los centros públicos como concertados y elaboran sus informes del alumnado con dificultades educativas, tras rechazar «la escasa e insuficiente propuesta realizada por la Consejería de ampliar sólo con dos unidades de orientación en Torrelavega la actual plantilla».

«El objetivo único es dar estabilidad a los Equipos de Orientación, garantizando sus condiciones laborales, y no recurrir a otras alternativas», agregan los dos sindicatos, que exigen que «cualquier cambio en materia de contratación que pretenda la Consejería pase forzosamente por las mesas de negociación sectorial», concluyen.