«Pagar diez facturas agrupadas no es lo que dice la norma», apunta un perito en el juicio por el caso del SCS

Tanto este funcionario como las otras dos compañeras que participaron en su elaboración ratificaron las «irregularidades administrativas» que detectaron en su momento y que dieron lugar al presente procedimiento, cuyo juicio terminará hoy con las conclusiones de las partes y el derecho a la última palabra de los acusados.

Según el Ministerio Público, tres son las actuaciones susceptibles de reproche penal en este caso: contrataciones de asesoría externa, contrataciones de obras de mantenimiento en centros de salud y, finalmente, el fraccionamiento de contratos para la adquisición de 22 ecógrafos.

Sobre esta última contratación se pronunciaron este jueves muchos de los testigos que comparecieron, a petición de las defensas, y también los tres funcionarios que suscribieron el informe de Intervención del SCS de 2017. Lo que se cuestiona en este caso es que para la adquisición de 22 ecógrafos (de dos empresas diferentes) se realizasen 22 contratos menores y no uno, o en su defecto dos.

A la hora de pagar dichos aparatos los responsables del SCS unieron 10 de las 22 facturas en un único documento contable. «No es lo que dice la norma, no es lo corriente», aseveró uno de los peritos, después de asegurar que cuando estaban realizando el informe de Intervención «no nos dijeron por qué no se hizo un solo contrato, ni por qué se decidió hacer esas compras o por qué eran necesarios 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud si en toda Cantabria había 42».

Otra de las «irregularidades» que detectaron estos tres peritos durante su trabajo de campo en uno de los tres contratos en cuestión es que «se reconoce la obligación de pago con carácter previo al acta de recepción». Es decir, que antes de recibir el servicio, los responsables del SCS reconocieron la obligación de pagarlo.

Frente a las conclusiones de los peritos, los exgerentes del SCS Julian Pérez Gil y Benigno Caviedes defendieron la gestión de los dos acusados. El primero, que ocupó el cargo entre 2015 y 2018, quedó eximido en esa causa de toda responsabilidad al no apreciarse fraccionamiento en las obras de ampliación del Hospital Virtual, único asunto por el que estaba imputado. «Me encontré mucho problemas que solucionar, como la creación de un laboratorio en red de de los hospitales de la región. Desde 2012, en los laboratorios se compraba de forma directa, algo que hoy en día sería un enriquecimiento ilícito, ya que los precios se sobredimensionaban».

Pérez Gil defendió su decisión y la del acusado Javier González, adoptada previamente por el comité de dirección, de contratar a Viteri como asesor externo, «ya que no había nadie cualificado para hacer esos pliegos en el SCS». «Era un tema muy trascendente», afirmó el exgerente, que cifró en un «38%» el «ahorro importantísimo» que se consiguió con el concurso del laboratorio. «Y se cumplía la ley», resaltó.

De su lado, su sucesor en el cargo, Benigno Caviedes, fue cuestionado por discrepancias relacionadas con los trabajos realizados en cuatro centros de salud y la compra de los 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud, pero respondió que entendieron que no hubo «fraccionamiento» y que «la contratación había sido adecuada». «Es posible contratar por separado», defendió, para justificar a continuación que las obras en los centros «en sí mismas tenían entidad propia suficiente», pues «afectaban a unidades distintas» y en la ejecución «eran independientes unas de otras».

En el caso de los ecógrafos, el presidente de la Sala fue directo: ¿Por qué se hacen 22 contratos para comprar 22 ecógrafos y no dos contratos de 11 ecógrafos cada uno (se adquirieron de dos marcas diferentes)? «Porque la intención era tener 22 ecógrafos diferentes», respondió Caviedes.

Uno de los testigos que declaró este jueves, a petición de las defensas, fue el exgerente del Hospital Marqués de Valdecilla, entre 2016 y 2018, Julio Pascual, que fue quien firmó los tres contratos menores para la redacción de unos pliegos por parte del asesor externo, ya fallecido, Álvaro Sáenz de Viteri, que llegó a estar imputado por esta causa. «No le vi en mi vida, ni tenía ninguna referencia sobre él», apuntó Pascual, antes de asegurar que al día firmaba unos «200 contratos menores de este tipo en Valdecilla». «No me dijeron que hubiera ninguna cosa extraña, yo me fío de mi jefe del Servicio Cántabro de Salud», apuntó. El exgerente de Valdecilla insistió durante su declaración en que «nadie me dijo que esto era irregular» y en que «no fui consciente de que firmaba ese contrato, no fui consciente de lo que firmé». Sin embargo, aseguró que gracias a la redacción de esos pliegos Sanidad consiguió un «ahorro» que cifró en un millón y medio de euros, y unos laboratorios «excelentes».