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Ya no existe disciplina de voto en Vox Cantabria. La ruptura pública e indisimulada del grupo parlamentario, que se ha agudizado en los últimos meses por los enfrentamientos entre Cristóbal Palacio y Leticia Díaz, ha llevado a sus diputados a votar en sentido contrario durante ... el pleno celebrado hoy en la Cámara regional. En un asunto, además, tan trascendental, y tan importante en el argumentario político de su partido, como la defensa de los ganaderos.
Esta división en el voto provocó una situación anómala en el recuento, que tuvo que repetirse tres veces para confirmar que Palacio unía sus votos a los del PP para echar abajo una propuesta de PSOE y PRC sobre el control de los precios de los productos ganaderos. Mientras los otros tres diputados de Vox se abstenían, Palacio se convirtió por unos minutos en el diputado número 16 del PP, empatando la votación y, por tanto, provocando su rechazo.
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La soledad de Palacio en el hemiciclo no es nueva. Hace solo unas semanas, su grupo parlamentario ya se dividió cuando tocó votar si el abogado podía compaginar la dedicación absoluta en el Parlamento con su actividad privada en un despacho de Santander. Los votos de sus compañeras Leticia Díaz y Natividad Pérez fueron clave para que Palacio no consiguiera su objetivo. Fue la última gota de un vaso que se ha ido llenando desde la pasada campaña electoral, cuando Madrid decidió apostar por Díaz frente a Palacio como candidata a la Presidencia de Cantabria. Desde entonces, los enfrentamientos no han cesado, contagiando ese estado de ánimo tóxico al resto del partido, donde Emilio del Valle ha dejado recientemente la Presidencia.
Antes del recuento de la polémica votación, PSOE y PRC tenían todo de cara para sacar adelante su exigencia al Gobierno de aumentar, antes de septiembre, las plazas de inspección vinculadas a la Ley de la Cadena Alimentaria. Una normativa nacional aprobada hace tres años que, por primera vez, contempla sanciones cuando los contratos no se sellan por escrito, se cambian las condiciones de forma unilateral o se obliga a vender a pérdida, es decir, a un precio tan bajo que no permite cubrir los costes de producción. Como ocurre con la leche. El problema, según el Gobierno, es que no hay inspectores suficientes para hacerlo. Y socialistas y regionalistas pedían que, mientras los hubiera, fuera Tragsa la encargada de hacerlo.
El encargado de defender la postura de Vox en la tribuna fue el propio Palacio, por lo que no queda claro hasta qué punto sus palabras se pueden atribuir al ideario de su partido o a su propia opinión sobre el asunto. El abogado defendió que el Ejecutivo ya cuenta con seis funcionarios para realizar esos controles y, por tanto, «medios suficientes» que hacen «inadmisible» la propuesta de PSOE y PRC de darle a una empresa privada como Tragsa potestad disciplinaria.
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