«Antes de fin de año las palas podrán entrar en alguna urbanización porque ya no hay obstáculos»

La patata caliente de los derribos vuelve a estar en el tejado de los jueces de Cantabria. El magistrado Rafael Losada, máximo responsable del tribunal que ha dictado la mayor parte de las sentencias de demolición y responsable por tanto de su ejecución, ha confirmado que la Sala «va a reactivar todos los procesos paralizados», una vez que el Tribunal Supremo ha dicho que no es necesario fijar el importe de las indemnizaciones antes de tirar las viviendas ilegales, en dos sentencias referidas a sendas urbanizaciones de Argoños, el municipio más problemático.

Aunque reconoce que es «difícil establecer posibles escenarios», el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo cree que «en principio, antes de fin de año podrán entrar las palas en alguna de las urbanizaciones ilegales», ya que los trámites de ejecución de las sentencias, que quedaron en suspenso hace dos años a la espera de la resolución del Supremo, «están muy avanzados y ya no hay ningún obstáculo judicial pendiente». «El Supremo ha despejado el camino y no podemos pensar en que haya otros incidentes que trastoquen la ejecución», asegura a este periódico, por lo que «de aquí a fin de año se van a dar pasos decisivos en algunos casos».

La doctrina del Supremo, adelantada por este periódico, ha caído como un jarro de agua fría entre las partes afectadas. El Gobierno regional, corresponsable de la mayor parte de los desaguisados urbanísticos, no ocultaba ayer su preocupación, por «el gravísimo quebranto económico» que supondrá el conflicto para las arcas públicas. Los presupuestos de este año recogen una partida de cuatro millones de euros para este fin, pero los daños han sido evaluados por la propia Administración en más de 65 millones.

Los propietarios, organizados en torno a la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), sostienen que «ya no hay excusas» para que Gobierno y ayuntamientos den una solución definitiva, el Ejecutivo poniendo los recursos necesarios y los consistorios aprobando los nuevos planeamientos urbanísticos que legalizan buena parte de las urbanizaciones. Desde la asociación ecologista Arca, impulsora de los procesos, son contundentes. «La ejecución de los derribos es innegociable porque marca un referente histórico. Lo que se construye ilegalmente se tira, eso tiene un efecto disuasorio para el poder político», enfatiza su portavoz, Carlos García.

La determinación de los jueces y su voluntad de pisar el acelerador de la ejecución de sentencias, que en muchos casos datan de hace casi dos décadas, será decisiva a la hora de poder salvar buena parte de las viviendas. Los nuevos planes urbanísticos de los municipios más afectados (Argoños, Escalante y Piélagos, porque el caso de Arnuero está en vías de solución) santifican las urbanizaciones ilegales al darlas un encaje legal. El problema es que están en fase de aprobación provisional y, en el mejor de los casos, hasta finales de año no tendrán el respaldo definitivo, según cálculos del Gobierno. Una vez aprobados, los ayuntamientos tendrán que presentarlos a los jueces y tramitar una nueva licencia para bendecir definitivamente cada construcción.

El director general de Urbanismo, Francisco González (PSOE), es consciente de que la sentencia del Supremo complica este objetivo porque «no va a dar tiempo en muchos casos» a aprobar esos planeamientos. A Juan José Barruetabeña (PP), alcalde de Argoños, que es la madre del cordero porque tiene 255 viviendas amenazadas, no le llega el agua al cuello desde que conoció ayer la resolución del Supremo. El ayuntamiento está en bancarrota, «sólo tenemos presupuesto para pagar los servicios públicos. Un propietario de la Carretera del Portillo me entregó las llaves de su vivienda hace un año, le tengó que indemnizar con más de 200.000 euros y todavía no ha cobrado», se lamenta. La aprobación del nuevo planeamiento legalizaría todas las casas menos 11, insalvables porque están en la falda del monte, por eso clama a los jueces: «Lo único que pido es que la Sala tenga un poco más de paciencia para que dé tiempo a aprobar el nuevo PGOU». Argoños está pendiente de una modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña para la aprobación definitiva de su nuevo plan general. El director de Urbanismo dice que el PORN irá «pronto» al Consejo de Gobierno y calcula que «a finales de año pueda estar aprobado el plan general».

En Escalante, con las 32 viviendas del edificio Las Torres amenazadas, el PGOU que santifica la urbanización está «en fase muy avanzada», pendiente de la actualización del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que irá a Consejo de Gobierno «en uno o dos meses», con lo que en cuatro meses podría tener la aprobación definitiva.

En Piélagos, al margen del caso de El Cuco (urbanización que ya fue derribada y la parcela restaurada), hay 80 viviendas ilegales, de las cuales 17 no tienen salvación posible porque están afectadas por la línea costera, según Urbanismo. Tampoco tiene aprobado el planeamiento definitivo.

De los cuatro ayuntamientos afectados, solo Arnuero dispone de un nuevo plan general, aunque no sirve para indultar las 102 viviendas de la urbanización de La Arena. En este caso, Ayuntamiento y Gobierno, condenados solidariamente, construirán viviendas de sustitución con un coste de 11 millones de euros. Aunque los trámites «están avanzados», el responsable de Urbanismo calcula que se tardará todavía «unos dos años» en ejecutar la obra. Su temor es que los jueces interpreten que las garantías para indemnizar a los afectados están prestadas y «acuerden derribar» las casas ilegales antes de que estén construidas las nuevas.

En este sentido, Francisco González explica que la sentencia del Supremo puede dar lugar a situaciones «paradógicas e incongruentes» como derribar viviendas ilegales e indemnizar a sus propietarios y que luego, en el mismo lugar, se pueda construir «lo mismo que se tira».

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo no quiere entrar en ese supuesto, porque es una cuestión que «debe decidir» el tribunal. Sin embargo, hace unos días se ha conocido una resolución del juez de lo Contencioso Administrativo, Juan Varea, que ha validado la nueva licencia concedida por el Ayuntamiento de Miengo a una urbanización de 20 viviendas. En la resolución recuerda que de ejecutarse la sentencia y procederse a la demolición, los propietarios podrían volver a edificar exactamente el mismo edificio, por lo que subraya que «el ordenamiento jurídico no puede interpretarse de modo que origine soluciones que, en vez de resolver los conflictos sociales, los agrave, generando daños que puedan evitarse con soluciones más sencillas que llevan al mismo final, la legalización con indemnización». Nunca un juez había hablado tan claro en una sentencia sobre esta cuestión.

Losada aseguró que ahora «lo razonable» es requerir a todas las partes personadas en los procesos para que digan si se ha producido alguna circunstancia «excepcional» y «actualizar la información», pero lo que procede es «continuar con la ejecución y no esperar o dar plazos en espera de la posible aprobación de los nuevos planes».

Defendió ante el Supremo la paralización de los procesos de demolición para concretar la indemnización a los terceros de buena fe. La sentencia del Alto Tribunal le ha pillado con el pie cambiado y no oculta su preocupación. Como corresponsable de la mayor parte de los fiascos urbanísticos de la región, tendrá que hacer frente a indemnizaciones millonarias -calculan que más de 65 millones de euros- y no están sus arcas para acometer semejante desembolso.

La asociación ecologista está detrás de la mayor parte de las sentencias de derribos y va a exigir a los tribunales que se cumplan. Va a pedir a los jueces que relancen las ejecuciones sin paños calientes. Para Arca, la ejecución de las sentencias de demolición es innegociable. «Lo que se construye ilegalmente se tira y luego veremos si se puede edificar en el mismo lugar», dice Carlos García, que acusa a los políticos de «haber creado el problema».

Los afectados son las grandes víctimas de este conflicto. Su portavoz, Antonio Vilela, apela a Gobierno y ayuntamientos para que cumplan sus compromisos. Al Ejecutivo le piden que ponga el dinero sobre la mesa para afrontar su responsabilidad; a los Ayuntamientos que aprueben de una vez los planeamientos urbanísticos que santifican buena parte de las viviendas. Los afectados creen que el Supremo ha aclarado el horizonte judicial, un proceso al que no acudieron por falta de recursos.

El municipio más afectado. Su alcalde Juan José Barruetabeña (PP) aboga porque los jueces ralenticen las demoliciones para ganar tiempo y poder aprobar el nuevo planeamiento urbanístico que da cobertura legal a 244 de las 255 casas ilegales. El problema es que al menos hasta finales de año no llegará la aprobación y los jueces no parecen muy dispuestos a conceder más moratorias. El Ayuntamiento está en quiebra y no tiene fondos para garantizar las indemnizaciones.