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Los funcionarios de justicia han recrudecido hoy su protesta al convertir en indefinida una huelga que arrancó el pasado 17 de abril y que entra en su «semana clave» con la celebración de los comicios del 28M a falta de escasos días. Un centenar de ... afectados se ha concentrado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para reclamar una respuesta al Ministerio de Justicia, mientras en el complejo judicial de Las Salesas «la parálisis ha sido total», según apuntaba el responsable del sector Justicia del sindicato CSIF, Manuel Garay.
«El seguimiento de la huelga es del 85% (hay unos 750 funcionarios de justicia en Cantabria) y salvo los juicios del juzgado de guardia, las salas de vistas de Santander están vacías. Simplemente se están cubriendo los servicios mínimos», añadía Garay, al tiempo que anunciaba que este martes se celebrará otra concentración frente a la Delegación de Hacienda en Cantabria, «porque son los que tienen que pagar lo que pedimos (una subida mensual de entre 350 y 430 euros)».
El representante sindical ha criticado que el Ministerio de Justicia «sigue haciendo oídos sordos a sus reivindicaciones», por lo que, además de la huelga indefinida, se intensificarán las movilizaciones.
Tras lamentar los perjuicios que esta situación está causando a los profesionales liberales y a la ciudadanía, de la que consideran «único responsable» al Gobierno, el comité ha vuelto a criticar que se haya firmado un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia, sin tener preparado un plan de contingencia para atender las reivindicaciones que «se iban a plantear desde el resto del personal de la oficina judicial». Según el comité, cada día de huelga, «la indignación crece» entre el personal de Justicia, cuya «determinación de que es ahora o nunca es cada día más clara», algo que demuestra a su juicio «el altísimo grado de participación en la huelga».
Ese malestar ha crecido aún más si cabe, al ver que el Gobierno central llegó la semana pasada a un acuerdo con jueces y fiscales, que amagaron con una huelga que no se ha llegado a celebrar. «Eso es clasismo. Parece que somos funcionarios de segunda». «Cerrado el conflicto con los jueces y fiscales al Ministerio ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto».
En la misma línea, el delegado sindical de Comisiones Obreras, Ángel Herrera, ha señalado que «los ánimos del personal están muy crispados» porque, a su juicio, es intolerable «que el Ministerio haya llegado a un acuerdo con los letrados de la Administración de Justicia fuera de los cauces legales de negociación y también con las asociaciones de jueces y fiscales sin necesidad de empezar ninguna huelga y con el dinero encima de la mesa desde la primera reunión» y que, sin embargo «no haya convocatoria de reunión con los representantes sindicales del personal de Justicia, que supone el 93% de todo el personal de esta Administración y que es quien desarrolla la mayor parte del trabajo».
Según los datos aportados por los sindicatos, en España son más de 500.000 los juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas por esta huelga, la segunda del año en materia de justicia.
Los funcionarios piden disculpas a los ciudadanos, pero mantienen su pulso al Gobierno. El resto de componentes del sistema judicial cree justificable revisar al alza los salarios, más aún teniendo en cuenta que sin estos profesionales sería imposible llevar el día a día de los juzgados.
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