Cantabria se suma a la cascada de recursos al Constitucional por la ley de amnistía

González Revuelta cumple así el mandato de la Cámara, que el pasado 24 de junio, con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PRC y el 'no' de los socialistas aprobó un acuerdo en esta dirección al entender la mayoría de sus miembros que la norma por la que quedan exonerados los protagonistas de la declaración unilateral de independencia de 2017 «incumple la Carta Magna». La dirigente popular señala que los argumentos del recurso del Parlamento son los mismos que se debatieron durante la sesión plenaria en la que salió adelante la iniciativa, aunque «precisados con la técnica jurídica».

Los dos principales tienen que ver con la vulneración del principio de igualdad entre españoles (artículo 14 de la Constitución) y con la idea de que las amnistías no tienen encaje constitucional, algo que divide a los juristas. «En esta ley se libera de responsabilidad jurídica a unos delincuentes, y son delincuentes porque ya han sido condenados, solo por causa de su ideología jurídica. Las consecuencias del delito son diferentes según las ideas de quién lo ha cometido. Permite la impunidad de unos políticos que en su responsabilidad de gobierno vulneraron la ley y rompieron la convivencia», lamenta la presidenta del legislativo, que recuerda que la Constitución prohíbe de forma expresa los indultos generales y la ley de amnistía «tiene todos los elementos de un indulto general».

A lo anterior, el recurso añade como motivos lo que considera que son incumplimientos de carácter formal. Por ejemplo, que se ha aprobado como ley orgánica cuando la Constitución regula qué asuntos deben seguir este procedimiento sin citar casos como este o «irregularidades del procedimiento legislativo» como la no designación de una ponencia para informar de la proposición de ley. Por último, subraya que, en su pretensión de ley penal, incumple «varios de los requisitos exigibles a todas las leyes penales, incluido el de seguridad jurídica».

Con todo ello, González Revuelta confía en que el recurso sea admitido por el Tribunal Constitucional y que acepte la petición de invalidar el conjunto de la norma o, al menos, sus partes fundamentales. Porque «no hay base constitucional para la amnistía» y porque «los implicados en los delitos que tuvieron lugar en Cataluña deben responder de sus actos exactamente igual que cualquier ciudadano que comete una infracción penal. Decir lo contrario es abrir una puerta a que las penas se impongan en función del carné del partido del reo».

Esta es la segunda ocasión que el Parlamento de Cantabria hace valer la capacidad que le da el artículo 162 de la Constitución de presentar recursos de inconstitucionalidad frente a una ley del Estado. La primera ocasión tuvo lugar en 1992, cuando trató de tumbar sin éxito la ley nacional que declaraba reserva natural las marismas de Santoña. «No es habitual, pero tampoco lo es que en las Cortes se apruebe una ley orgánica como está», concluyó González Revuelta.

Al contrario de lo que han hecho otros territorios, el recurso del Parlamento no reclama la recusación de algunos de los integrantes del Tribunal Constitucional para que se abstengan de votar la sentencia sobre la ley de amnistía por su supuesta parcialidad y vínculos con el Gobierno de España. Habrá que ver si el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga sigue la línea del Parlamento o de autonomías como Madrid, que sí reclama excluir del proceso al presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, al exministro Juan Carlos Campo y a la magistrada Laura Díez, que formó parte del equipo más cercano al presidente Sánchez.