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PP, PRC, Podemos y Ciudadanos se lamentaron ayer por la falta de personal y de recursos en la Intervención General que ha colapsado la investigación de los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que había solicitado el Parlamento. El máximo responsable del ... órgano fiscalizador, Pedro Pérez Eslava, remitió sendos escritos a la Cámara en los que anunciaba que no se iban a escrutar los 217.000 contratos firmados desde 2011 hasta la actualidad ante «la carencia y la grave ausencia de medios personales en la subdirección de control financiero». Todas las fuerzas apuestan por reforzar este departamento, aunque solo Podemos anunció que pedirá la comparecencia del interventor para conocer de primera mano los «problemas» y poder incluir «la incorporación de plantilla en la negociación de los Presupuestos».
El PP aprovechó los dos documentos registrados por Pérez Eslava para reforzarse en el argumentario que había defendido para evitar ampliar la comisión de investigación hasta 2011. «El interventor ha avalado lo que ha mantenido el PP, que tal y como está planteada, la comisión es inviable porque los diputados no tienen ni capacidad, ni conocimientos, ni medios para analizar los contratos. Es absurdo pretender que los diputados, que no son auditores, hagan un trabajo que la Intervención no es capaz de hacer», explicó María José Sáenz de Buruaga.
La presidenta del PP pidió que se le dote de los medios adecuados para llevar a cabo funciones de control. También insistió en que «es triste tener que hacer esta petición al Gobierno cuando han desaparecido las limitaciones presupuestarias y la tasa de reposición de efectivos».
En la cara opuesta de la moneda, el portavoz regionalista, Pedro Hernando, lamentó la falta de personal de las administraciones públicas y, en este caso, en la Intervención General del Gobierno de Cantabria que ha imposibilitado dar cumplimiento al mandato del Parlamento y culpó directamente a «las políticas de austeridad aprobadas y aplicadas por el Partido Popular que han impedido la reposición de empleos, cuyos servicios pagan ahora sus consecuencias».
Hernando apuntó que los regionalistas están seguros «de que los funcionarios de la Intervención del General del Gobierno de Cantabria continuarán realizando su labor con la misma eficiencia y diligencia que hasta ahora» y apostó por reforzar la plantilla para evitar que haya un colapso de sus indagaciones, como ha ocurrido en este caso y que ha obligado a Intervención a pedir una prórroga de un mes para elaborar un informe con las conclusiones de las auditorías previas de Control Financiero y del Tribunal de Cuentas.
El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, recordó ayer que ya hace dos años su formación reclamó más medios para la Intervención. «Habíamos solicitado al consejero de Economía, Juan José Sota, que pusiese más personal a raíz de las irregularidades que se descubrieron en Sodercán durante la etapa de Salvador Blanco y no nos hicieron caso», detalló el morado. Para retomar esa cuestión, registrará la comparecencia de Pedro Pérez Eslava para que acuda a la Cámara a explicar cómo está el departamento y poder exigir un refuerzo durante la negociación del Presupuesto de 2019.
En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, aseguró que vienen «denunciando desde el comienzo de la legislatura la falta de medios». Así, recalcó que «hemos presentado varias enmiendas a los Presupuestos en los últimos tres años con el objetivo de dotar de más medios a la Intervención, que consideramos que ejerce un papel fundamental en su labor de control y fiscalización del Ejecutivo».
Sin embargo, Gómez denunció que el bipartito PRC-PSOE intenta de forma «incesante anular esa tarea de control que debe llevar a cabo la Intervención». «No hacen falta más pruebas: este Gobierno no incrementa los recursos para que Intervención realice su trabajo, por lo que se niegan a seguir auditando los contratos del SCS».
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