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Tanto el consejero de Salud, César Pascual, como su predecesor en el anterior Gobierno, Raúl Pesquera, han restado importancia a la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Cantabria tras la revelación, por parte de la propia Consejería, de la aparición ... de 1.700 personas fallecidas tras revisar las listas de espera del Servicio Cántabro de Salud. Ambos coincidieron en subrayar que los casos en lista de espera responden a «patologías no urgentes», por lo que no ven motivo para esta investigación, que se inicia tras la petición presentada por la asociación El Defensor del Paciente.
Pascual, que informó en Comisión Parlamentaria de la detección de esos pacientes fallecidos al presentar su plan de choque para reducir las listas de espera, no quiso entrar a valorar el anuncio de la actuación de la Fiscalía y se remitió a unas declaraciones anteriores, en las que limitaba a «una mala gestión administrativa» la presencia de esas personas ya muertas en los listados, sin advertir otra «negligencia».
«Me parece muy bien que (El Defensor del Paciente) reivindique lo que quiera, yo creo que no hay motivo para llevarlo a la Fiscalía, en absoluto», declaró el consejero. «No estamos hablando de 1.700 fallecidos porque no se han operado, estamos hablando de que en las listas de espera había 1.700 personas que, cuando hemos ido a revisar, habían fallecido ya, porque las listas de espera son de procesos que pueden esperar: la urgencia no tiene lista de espera y se opera, o sea, que no estamos en condiciones, ni nosotros ni El Defensor del Paciente, de afirmar que esa gente ha muerto porque estaba en la lista de espera, eso no es cierto».
Es justamente lo contrario de lo que sostiene la asociación que ha solicitado la intervención de la Fiscalía. Según su presidenta, Carmen Flores, «son imperdonables tantos fallecimientos de personas que posiblemente hubieran salvado su vida si hubieran tenido la atención que necesitaban». «Estamos hablando de un delito contra la salud pública, por dejación de funciones, y alguien tendrá que hacerse responsable», aseguró.
Por su parte, el exconsejero de Sanidad Raúl Pesquera insistió también en que los casos incluidos en las listas de espera no son urgentes –«una catarata, una fimosis, un juanete...»–, lo que no impide que haya fallecido gente inscrita en ellas.
Pesquera sí se mostró extrañado por la elevada cantidad de difuntos detectada en la revisión, un «volumen alto» teniendo en cuenta que «esas depuraciones se hacen de continuo» y son responsabilidad de los servicios de admisión. «Tenemos que creer que esas cifras son ciertas, porque no hay datos colgados en la web. Los hay de Atención Primaria, pero eso mismo existía antes para consultas, pruebas diagnósticas, listas de espera y actividad diaria. Así, podíamos ver, por ejemplo, que en la lista de espera para colonoscopias había mil personas, y el jefe del servicio podía comprobar si eso cuadraba con los datos que manejaba».
En cualquier caso, en opinión del anterior consejero del área, «que entre la Fiscalía igual viene bien para que, si hay algún problema, se valore, y se pongan los datos negro sobre blanco. No obstante, abrir diligencias no quiere decir que el asunto vaya hacia delante».
«Nosotros dejamos 16.000 personas en lista de espera, y en diciembre ya habían subido a 18.500, a los que habría que sumar esos 1.700. Lo que yo sugiero es que hablen con los jefes de admisión, que son los que depuran las listas, y cada vez que fallece alguien se cancelan las consultas y las pruebas. El ejercicio de transparencia siempre es muy positivo, y yo estoy muy tranquilo porque en nuestra etapa siempre intentamos ser los más transparentes posible».
Por otro lado, Pesquera recordó que «el PP entró diciendo que en cien días lo iba a solucionar todo, y ahora dice lo que yo ya decía antes, que se tardarán tres años en bajar las listas de espera, algo que resulta lógico teniendo en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, pasaron dos años sin operaciones».
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