El personal sanitario sufrió 274 agresiones en 2024 y hubo 62 expedientes de sanción en Cantabria

La violencia (física o verbal) no aumentó en la región el año pasado respecto al inmediatamente precedente y tampoco se registró ningún caso «especialmente grave», confirmó el responsable de Sanidad. Y aun así se apuntaron 274 incidencias a lo largo de todo el ejercicio (en 2023 fueron más de 300). En su mayor parte, los sucesos se resumen en amenazas, insultos y faltas de respeto. De ellos, un 35% (95) se las llevaron los médicos. Otras 83, el personal de Enfermería (30% del conjunto).

Pero también hubo 44 agresiones físicas y aquí las enfermeras fueron las peor paradas (con 18 afectadas, a lo que hay que sumar 10 auxiliares). Nueve facultativos fueron atacados de esta manera, así como seis celadores y un trabajador social. Según Pascual, 16 no fueron intencionadas: simplemente, se produjeron en un contexto de pacientes con algún problema de salud mental.

De toda la red -y como es habitual año tras año- Atención Primaria es el lugar de mayor riesgo: se anotó el 53% (144) de los incidentes. Le sigue el Hospital Valdecilla, con el 36% (99 casos), en Laredo y Sierrallana se apuntaron 15 incidencias (el 5%). Además, se agredió a un inspector sanitario.

El perfil del agresor en los sucesos con violencia física son varones de mediana edad y, en la gran mayoría de las ocasiones (siete de cada diez), quien pierde los papeles es el propio paciente aunque también se dan situaciones más que incómodas con un familiar (el 27% de las veces). El análisis de los datos revela, por otro lado, que la presión asistencial que se da en verano no tiene relación directa con las agresiones, porque estas se producen a lo largo de todo el año «debido a un clima social de mayor intolerancia a todo» que también estaría detrás de este tipo de incidentes en las instalaciones sanitarias.

De todo este volumen de agresiones, solo nueve profesionales denunciaron los hechos. Tanto los Colegios profesionales como la Administración sanitaria empujan a denunciar a quienes las sufren, pero gran parte de los profesionales son reacios, como demuestran las cifras. Algunos porque no creen que las denuncias vayan a llegar a ningún sitio y otros porque saben que tendrán que seguir viendo a las personas agresoras, indicó el consejero.

Aunque de los datos fríos puede parecer que el colectivo que más riesgo corre son médicos y enfermeras cuando esos datos se cruzan con los números generales de la plantilla sanitaria se constata que son los administrativos quienes más aguantan ya que ellos comunican el 40% de notificaciones pero no tienen ese peso en el total de los organigramas.

Pascual estima que el sexo de los profesionales objeto de violencia no es muy reseñable. La información objetiva dice que las víctimas suelen ser mujeres, pero el índice de incidencia (que contrapesa el número de varones y mujeres en los centros) acaba por señalar que los incidentes se reparte casi por igual.

¿Qué está haciendo la Administración sanitaria para atajar todas estas situaciones? De un lado, se están intentando conjugar medidas regulatorias (es decir, cambios normativos) con el seguimiento y el trabajo que se hace en los foros profesionales en los que se comparte espacio con los profesionales de la Medicina y de la Enfermería. De otro, Pascual confía en la Ley de Simplificación Administrativa que está tramitando el Gobierno cántabro en la actualidad. En esta se contempla la consideración de 'autoridad' para los empleados del sector, algo que al titular de Salud le parece interesante por varios motivos: se reconoce el trabajo del profesional, le dará mayor protección penal y se espera que tenga un efecto disuasorio sobre las personas conflictivas.

La Consejería, además, se había comprometido con los médicos (en el pacto que firmaron de mejora de sus condiciones laborales en junio) a hacer campañas publicitarias anuales y a instalar cartelería 'ad hoc' en los centros. Pero la campaña que se quiso poner en marcha el año pasado no salió y se espera poder lanzarla este año.

A juicio del Sindicato Médico, «no hay voluntad real» por parte de la Administración de acabar con las agresiones a los profesionales del ámbito sanitario. «Estamos hartos. La Consejería sigue con la misma mentalidad que hace 15 ó 20 años, con la idea interiorizada de que las agresiones forman parte de los riesgos laborales de los profesionales», declara Santiago Raba, vicepresidente del sindico, que lamenta que «las multas de tráfico salen más caras que insultar a profesionales en su lugar de trabajo».

Respecto a la instalación de cámaras de seguridad en los edificios del Servicio Cántabro de Salud (SCS), medida incluida dentro del plan de protección a los profesionales frente a las agresiones, Pascual detalló que se han instalado 57 en total, 30 de ellas en 29 SUAP y 27 en centros de salud, a las que se sumarán en este primer semestre 21 más en los consultorios. No obstante, cuando se licitó el contrato de las cámaras, en abril de 2023, meses antes del cambio de Gobierno, se contaba que llegarían a 250.

De otro lado, el máximo responsable de la red sanitaria cántabra no cree que contratar empleados de seguridad para los centros sanitarios sea una solución, en parte porque «el porcentaje de agresiones no es tan alto» como para justificar una medida así.