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La dimisión de la directora médica de Atención Primaria, Beatriz Josa, tras conocerse que su madre fue vacunada el 12 de enero «con una dosis sobrante de las enviadas para la plantilla del 061» al Centro Coordinador de Urgencias (CCU), situado en Nueva Montaña, ... no ha apaciguado las reacciones políticas ni el revuelo mediático, avivado por la larga lista de saltos de protocolo que salpican la geografía nacional. PP y Vox coincidieron este jueves en exigir la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), y el «cese fulminante» de la gerente de Atención Primaria, Alicia Gómez, que defendió la forma de actuar de su número dos y llegó a decir que, antes de aceptar su salida, «primero dimito yo». Sin embargo, si había una mínima posibilidad de que Beatriz Josa continuara en el puesto, como era el deseo de su superiora, la zanjó el vicepresidente, Pablo Zuloaga, en su comparecencia de los jueves, tras la reunión del consejo de Gobierno, cuando aseguró que esa dimisión es «irrevocable».
«Cuando una persona tiene un cargo de responsabilidad lo tiene por dos motivos que, además, tienen que cumplirse a la vez: que alguien deposite la confianza en esa persona y que además esa persona tenga la intención de desempeñar esa responsabilidad», expuso. «Si uno de esos dos motivos se quiebra, o la confianza o la intención de esa persona de soportar esa responsabilidad, no hay nada que discutir», añadió.
Cuestionado por este periódico, el titular de Sanidad no quiso entrar a hacer valoraciones, remitiéndose a las palabras de Zuloaga. Quien sí se pronunció por primera vez sobre el asunto fue el presidente Miguel Ángel Revilla en una de sus intervenciones televisivas: «Es impresentable, no se pueden tolerar excepciones. Tenemos que ponernos todos a la cola y cumplir con el protocolo de vacunación, y el que no lo haga y tenga una responsabilidad política tiene que irse a su casa. Si no dimite voluntariamente, hay que cesarlo». Sobre el caso concreto de la directora médica de Atención Primaria, que facilitó la vacunación de su madre, de 87 años, Revilla destacó que «es una extraordinaria profesional, pero estas cosas no se pueden consentir. Ojalá que se haga un seguimiento y todos aquellos que lo han hecho entreguen la responsabilidad que tienen».
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Y ese seguimiento es el que exige la oposición en bloque, que demanda explicaciones y respuestas a las dudas en el aire. Lo hizo el miércoles Ciudadanos y hoy fueron PP y Vox los que exigieron responsabilidades a la cúpula sanitaria por «irregularidades» en el turno de vacunación como el que le ha costado el puesto a la directora médica de Atención Primaria. El portavoz de Sanidad del PP, César Pascual, pidió el cese del consejero y de la gerente Alicia Gómez, entre otras razones, porque han «mentido». Recordó la reacción de Miguel Rodríguez cuando fue preguntado por el tema en rueda de prensa, ya que «faltó a la verdad» cuando dijo que la madre de Josa fue vacunada por el centro de salud. Una afirmación que los propios profesionales del mismo desmintieron ese día y volvieron a hacer ayer a través de un comunicado remitido a la Consejería en el que dejan claro que «el equipo de Atención Primaria de La Montaña es ajeno a la polémica» y que el 12 de enero, después de vacunarse la plantilla del centro, «no sobró ninguna dosis», negando así que llamaran a ningún usuario para vacunarse –como insinuó el consejero–. Por todo ello, solicitan «una aclaración pública de estas circunstancias».
En su versión de los hechos, la gerente de Atención Primaria justificó la vacunación de la madre de su directora médica (que no está adscrita a este centro) porque se dio la circunstancia de que sobraron dos dosis de las enviadas para los profesionales del 061 (se estaban poniendo en el CCU, en la planta superior del edificio) y no se encontró a nadie para administrárselas y el tiempo apremiaba porque podían perderse. Nadie cayó en el centenar de técnicos sanitarios de Ambuibérica que siguen sin vacunar. Pascual rechazó las justificaciones de Gómez ya que «si sobraban dosis podían haber sido administradas a sanitarios, en residencias o a quien realidad lo necesitara».
También el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, reprobó la actuación de Josa, que propuso a su madre para ser vacunada con una de estas dosis sobrantes, poniendo a ésta «por delante de su deber ético como funcionaria», si bien entiende que su responsabilidad ha quedado «saldada» con su dimisión. Sin embargo, opina que también hay «una responsabilidad política gravísima y personal» del consejero y de la gerente de Atención Primaria, que es «tan grande que solo se puede saldar con su dimisión». Palacio censuró que, para intentar defender a la directora médica, «y quizá a otros altos cargos, han mentido públicamente y han pretendido la mala praxis del centro de salud» cuando «eso es radicalmente falso». Sostiene que «lo que realmente ha ocurrido es que han sido vacunadas junto al resto del personal del 061, dos personas ajenas al servicio, y que fueron llamadas específicamente para ello». Después de que se conociera que una de las dosis se administró a la madre de Josa, Palacio quiere saber la identidad de la otra persona que fue vacunada con la otra sobrante.
Desde el PP, Pascual considera que desde la Gerencia de Atención Primaria también se «mintió» cuando, primero, se dijo hace días que ya se habían enviado instrucciones previas a los centros de salud sobre la vacunación y este miércoles se reconoció que se había difundido entre los centros de salud el protocolo de gestión de las vacunas Covid sobrantes, en el que se aconseja tener previsto un listado de personas preseleccionadas de acuerdo con unos criterios para, en el caso de que sobraran dosis, garantizar su disponibilidad en el tiempo requerido.
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