El PP pide modificar la Ley de Cambio Climático para salvar «cientos de negocios»

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, explicó que esta ley «ha vuelto a activar un problema que parecía resuelto» con la reforma del texto aprobada en el año 2013, al pretender revertir la situación de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre a la «situación de precariedad» en que las dejó la Ley de Costas de 1988.

En concreto, Fernández detalló que los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático pueden tener consecuencias para «cientos de negocios» de Cantabria (empresas, talleres o explotaciones ganaderas) que ejercen su actividad en superficies próximas al litoral habilitadas en su día mediante concesiones administrativas, ya que establece de nuevo una visión «muy restrictiva».

Así, la ley señala en su artículo 18.4, con respecto a los plazos de las concesiones, que «computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley de Costas». Es decir, según el PP, «vacía de contenido la reforma de 2013 y vuelve a poner en riesgo la actividad económica que se genera en dichos espacios y el empleo que se deriva de la misma».

Para el portavoz popular, la responsable de esta «incertidumbre» generada entre los afectados es la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien acusa de «jugar con la vida de los demás y de querer desmantelar cientos de negocios, estabulaciones ganaderas en el litoral, talleres y pequeñas fábricas en polígonos industriales en los estuarios, fábricas de conservas o incluso campings».

«¿Usted cree que Cantabria puede permitirse el lujo de que todo eso se desmantele por un capricho suyo?», preguntó Fernández, que opinó que Ribera «no es consciente del daño que se está haciendo a esta tierra».

En este sentido, el parlamentario popular también reprochó a la ministra que primero «permita a los lobos campar libremente por donde les dé la gana, lo que provocará que nadie en Cantabria pueda vivir en el medio rural», y ahora «pretenda suprimir toda la actividad económica» en las zonas afectadas por el dominio público marítimo terrestre en los estuarios.

«¿De qué cree que va a vivir esta tierra? ¿Quién cree usted que le va a poder pagar su sueldo si no permite ninguna actividad económica en esta tierra?», denunció. Por ello, a través de una proposición no de ley, el PP cántabro intentará que en el transcurso de la última fase de la tramitación de la Ley de Cambio TClimático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, se apruebe la enmienda que permita suprimir los puntos 18.3 y 18.4 del articulado del proyecto de ley por ser a su juicio «los más perjudiciales» para los intereses de los afectados en Cantabria por la Ley de Costas.