«Día a día nos piden que les ayudemos a morir»

En ese punto de no retorno de la salud, ¿cómo asume la petición de eutanasia un profesional sanitario suyo cometido es el de salvar, curar? ¿Qué nuevas acepciones adquieren estos verbos en situaciones terminales? Hace dos años, cuatro colegios profesionales (Madrid, Vizcaya, Tarragona y Las Palmas) realizaron una encuesta para conocer la posición individual de los facultativos ante un tema que les ponía entre la espada e Hipócrates: el 70% de los encuestados estaba «completamente a favor» de regular la eutanasia. Ahora, a las encuestas, no exentas de polémica «porque las preguntas estaban mal formuladas», se suma la queja de los sectores sanitarios que se han sentido «excluidos del debate» cuya tramitación concluyó el 18 de marzo con la aprobación de una ley con etiquetas para todos los puntos de vista: «Necesaria», «limitada», «llena de incertidumbres», «demandada por la sociedad». No hay unanimidad ante una regulación cuyo debate empezó en 1994, cuando se presentó la primera proposición no de ley en torno a la eutanasia. Quince iniciativas parlamentarias después, la normativa ha llegado a España. ¿Y ahora? ¿Cómo se implementa en cada comunidad autónoma una ley que toca derechos fundamentales y contrapone principios morales con la ética de los cuidados del siglo XXI?

Con la entrada en vigor prevista en junio, se abren tres meses de trabajo para elaborar un marco de desarrollo de la ley que fije el procedimiento de un texto que para el presidente del Consejo General de Colegio de Médicos de España, Tomás Cobo, está «lleno de incertidumbres». Y enumera: «¿Quién va a ser el médico que inicie el trámite de la eutanasia, qué formación debe tener, qué capacitación y cualificación tienen los que la apliquen, así como cuál será la competencia de las comisiones de control y evaluación de los médicos?». Por eso, dice Cobo, «será importante que desde el Colegio de Médicos y la Consejería de Sanidad haya una comunicación muy abierta y activa para proteger los derechos por un lado de objeción y por otro lado los de los pacientes en este entorno».

Para el Colegio de Enfermería de Cantabria, el texto, aún siendo una regulación «necesaria y demandada», requiere cambios: «Nos interesa que en el desarrollo de la ley se nos tenga en cuenta, porque, muy a nuestro pesar, ahora sólo nos incluye para inyectar la medicación necesaria para que el paciente fallezca en el último momento, y como parte del grupo que llevará a cabo la regulación de la ley en las comunidades autónomas», dice Gualdrón: «Qué pena que después de toda la experiencia y conocimientos que representamos en todos los ciclos de la vida, y sobre todo en esos momentos más especiales para el paciente y la familia, la ley nos deje de lado».

«La ley de eutanasia es una demanda social, una necesidad en el momento que enfermos en situación crónica y con gran sufrimiento la reclaman», expone Saura. Pero recién aprobado, el reglamento se enfrenta por el momento a una problemática que va desde la semántica hasta la ética para algunos profesionales. Tomás Cobo cita tres escollos. El principal, dice, el registro de médicos objetores (regulado en el artículo 16 de la ley): «Los objetores no son definitivos ni absolutos, es decir, los pacientes son diferentes en cada caso y es posible que en circunstancias pueda ser objetor y en otros no». En segundo lugar, alude a la confusión de términos entre eutanasia y sedación o analgesia terminal, términos y realidades distintas «que tanto la Administración como los médicos tendremos que esforzarnos en explicar mejor», y en tercer lugar, Cobo se asoma a la deontología, donde surge el conflicto de una profesión llamada a salvar vidas y en cuyo código entra el derecho del ciudadano a pedir poner fin a su vida: «La eutanasia no es un acto médico, pero nuestro código no tiene ninguna capacidad de sancionar porque ahora están dentro de la legalidad».

«La Comisión Deontológica central de los colegios se opone porque va en contra del código deontológico desde los tiempos de Hipócrates, no hacer daño al paciente», dice José Francisco Díaz, presidente de la Comisión Deontológica del colegio cántabro. ¿Estarían dispuestos a modificar el código deontológico? «No lo sé», dice, «habría que haberlo hablado con un debate serio. Puede que haya personas que estén de acuerdo en ciertos aspectos, pero el registro de objetores no nos parece necesario porque se puede objetar en casos determinados». La Enfermería aporta un renglón más que amplifica el debate: «Tenemos un código deontológico, la protección de la salud, pero el bienestar de la persona va englobado en todo el sistema biopsicosocial y espiritual, y también tiene que ver con tu forma de morir, y con tu derecho a fallecer de la mejor manera posible», dice Alexandra Gualdrón: «Fallecer sin sufrimiento dignamente, acompañado de sus seres queridos, también es un derecho».

«Esta ley define claramente los requisitos que ha de cumplir la persona para poder recibir dicha atención, es muy garantista en cuando a un control exhaustivo de su desarrollo y respeta la libertad de conciencia del personal sanitario», dice Miguel Saura. La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. Hasta entonces, las comunidades «deben desarrollar una Comisión de Garantía y Evaluación, y poner en marcha cuestiones pendientes que se han de desarrollar».

La «prioridad» para José Francisco Díaz debe ser «ampliar los cuidados paliativos con una buena ley que amplíe y extienda los cuidados. Sé que hay casos que no entran en este supuesto, pero mucha gente la pide porque no tiene acceso a estos cuidados», dice el facultativo. Pero Saura matiza: «No hay que contraponer cuidados paliativos y eutanasia porque son dos cuestiones distintas, no son antagónicas, no son contrarias, en todo caso son complementarias», explica el médico de la Unidad de Paliativos de Valdecilla, que en 2020 atendió en su área sanitaria (Santander) a 1.085 pacientes, 925 en sus domicilios: «Atendemos enfermos terminales o en situación final de vida coordinados con los equipos de Primaria (médicos de familia, enfermera, trabajadora social...)».

Según la experiencia en los países que ya practican eutanasia legal (Países Bajos, Canadá, Bélgica o Luxenburgo) son atenciones «no excluyentes»: «El 90% de pacientes que solicitan el suicidio asistido en el Estado de Oregón (en EEUU está penalizado) y el 72% en Bélgica estaban recibiendo cuidados paliativos de la máxima calidad», dicen desde la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente. Creada en 1984 y con más de 7.500 socios, piden un refuerzo de los cuidados paliativos como un servicio «complementario» a la eutanasia, ya que «el 95% de los médicos españoles considera que ni los paliativos de máxima calidad evitarían peticiones de eutanasia», según el estudio 2.451 del CIS, de 2002.