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La acusaciones y defensas del 'caso Obras Públicas' -en el que se investiga al exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez y a su familia, además de cuatro empresarios por la supuesta adjudicación irregular de contratos a cambio de mordidas- han solicitado una nueva prórroga ... de la instrucción. El pasado 3 de octubre, la magistrada Mercedes Compostizo decretó una prórroga de seis meses, que finaliza hoy, 3 de abril, al encontrarse pendiente el análisis del numeroso material informático intervenido en las entradas y registros efectuadas el pasado 22 de febrero, en domicilios y sedes de las empresas investigadas, del que puede derivar la necesidad de practicar otras diligencias.
En un auto la instructora consideraba que no iba a ser posible finalizar la instrucción en el plazo de un año, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y decidió ampliar su investigación hasta el 3 de abril de este año. El pasado mes de diciembre la jueza trasladó un oficio a las partes en el que la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera apuntaban que el informe sobre toda esa documentación incautada, mucha de ella extraída de diversos ordenadores, se iba a demorar «unos meses» por su «complejidad». En dicho oficio, los investigadores no se aventuraban a dar una fecha concreta para entregar su estudio.
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Abel Verano
Transcurridos cuatro meses, todas las partes siguen a la espera de ese informe, de ahí que hayan solicitado una nueva prórroga que seguramente sea aceptada por la magistrada, que tendría que emitir un nuevo auto en los próximos días.
Desde que el 'caso Obras Públicas' se destapara el pasado 22 de febrero de 2023 para voltear la política regional, las pesquisas se han centrado principalmente en el análisis de toda la documentación intervenida desde primera hora de la mañana de aquel día y de forma simultánea tanto en la sede de la Consejería, como en las empresas que supuestamente están implicadas en la trama y en los domicilios particulares del funcionario y de alguno de dichos empresarios.
Es parte de este proceso que se antoja largo y que tuvo uno de sus últimos episodios el pasado 4 de septiembre con la salida de la cárcel del funcionario Miguel Ángel Diez, principal acusado en este caso de las supuestas adjudicaciones irregulares a determinadas empresas desde la Consejería de Obras Públicas.
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