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El plan regional para reflotar la Atención Primaria en Cantabria arranca de forma tímida con una partida de 2,2 millones del Ministerio de Sanidad, recién aprobada por el Consejo Interterritorial, que la Consejería destinará a aumentar la capacidad de resolución y diagnóstico de los ... profesionales. Esto se traducirá, principalmente, en la adquisición de diversos aparatos, como ecógrafos, dermatoscopios y coagulómetros, además de toda la formación que requiere esta nueva tecnología.
Esta inversión no se acerca a los 19 millones de euros en que está tasada la refundación de la Atención Primaria, según el plan de acción remitido desde el Servicio Cántabro de Salud al Ministerio, con financiación compartida entre el Gobierno central y el regional. La cuantía asignada a Cantabria por el departamento de Carolina Darias ha provocado las críticas de los sindicatos, que consideran que, además de resultar «insuficiente», «no soluciona el principal problema, que es la falta de personal».
Según ha especificado la Consejería, esos 2,2 millones de euros permitirán la compra de más de ochenta dermatoscopios -facilitan el diagnóstico de las lesiones de la piel-; veinte máquinas para hacer ecografías -más el software actualizado para los ya existentes-; ocho aparatos autoanalizadores -permitirán realizar algunos análisis de sangre rápidos en los propios centros de salud-; veinte coagulómetros -para el control de los pacientes con tratamientos anticoagulantes-; 42 lámparas de Wood -de luz ultravioleta para el diagnóstico de problemas en la piel- para medir presión arterial 24 horas y medidores automáticos de índice tobillo-brazo; también se adquirirán con este dinero multitest respiratorios rápidos -para gripe A, B, covid y virus respiratorio sincitial-. A todo esto se añade la formación necesaria para obtener el máximo provecho de la nueva maquinaria.
Santiago Raba | Sindicato Médico
Quizás el Sindicato Médico haya sido el más duro al calificar la noticia de «engañifa» de la Consejería de Sanidad. «El principal problema de la Atención Primaria no lo solucionan, que es el déficit de médicos, para lo cual habían valorado una inversión de casi 14 millones de euros entre los años 2022 y 2023. De esos 14 millones que tiene que poner Cantabria aún no sabemos nada: quizás quede para la próxima legislatura, como viene siendo marca de la casa», critica Santiago Raba, su vicepresidente.
«Estos 2,2 millones no van a cambiar en absoluto la Atención Primaria mientras no se invierta en recursos humanos, en incrementar el número de médicos necesarios y las sustituciones de los facultativos en el periodo vacacional, permisos, etc.».
La crisis sanitaria provocada por la pandemia llevó al colapso a una Atención Primaria que ya antes del covid daba señales de estar agotada. Tras abordar, a comienzos de este mismo año, un plan de choque para optimizar los recursos ante la sobrecarga de trabajo, el Servicio Cántabro de Salud diseñó otro, que debería ejecutarse entre este ejercicio y el próximo, para reforzar los centros de salud y mejorar su capacidad y atención. La ampliación de la plantilla con 240 profesionales más es, sin duda, el aspecto más destacable de la recuperación de la Atención Primaria. Para el Sindicato de Enfermería (Satse), una inversión como la anunciada es «un parche muy débil, insuficiente, que no sirve para paliar las necesidades actuales», en palabras de su secretaria general, Ana Samperio, que insiste también en la falta de profesionales.
Margarita Ferreras | CSIF
«Actualmente, la Atención Primaria tiene otros innumerables problemas de rango mayor, como la falta de profesionales: hay una notable falta de enfermeras, de enfermeras especialistas de medicina comunitaria, matronas, fisioterapeutas... de poco nos sirven los medios tecnológicos de diagnóstico si no disponemos de personal para dar cobertura a las necesidades reales de la población», sentencia.
¿Podrían suponer estos 2,2 millones un primer paso hacia esa nueva Atención Primaria moderna y dotada con todo lo necesario? «Lo que se ha transmitido es que esta partida va a ir acompañada de otras, pero tenemos que verlas», subraya Samperio.
Ana Samperio | Satse
Hasta que no se conozca el presupuesto asignado a la Atención Primaria en los presupuestos de 2023 es difícil afirmar que el plan regional alcanzará sus objetivos durante el año próximo: en este ejercicio, de los 1.028 millones asignados para la Sanidad cántabra, solo 173,1 se dedican a ella.
Desde el Gobierno central, aunque fuera de este plan de acción, existe otra partida de 3,6 millones para digitalización, previstos para ejecutar hasta 2026, que proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, en concreto del denominado Salud de vanguardia. El proyecto de la Consejería de Sanidad para la Atención Primaria abarca otros aspectos, algunos de ellos tan demandados como la mejora de la accesibilidad: si la pandemia provocó un atasco asistencial, el objetivo al que se aspira ahora es el de que las solicitudes de atención se gestionen durante las primeras 24 horas, con una adecuada tramitación de la demanda. Mejorar la imagen de la Atención Primaria ante la ciudadanía es otra de las metas que se persiguen, mediante una estrategia de comunicación adecuada, que pasa por hacer más visible el trabajo desarrollado.
Según Margarita Ferreras, presidenta del sector de Sanidad del sindicato CSIF en Cantabria, el plan de acción para recuperar la Atención Primaria «se desinfla». «No se puede acometer esa reforma, fundamental y necesaria, con ese dinero, que no deja de ser una limosna, un apaño, que bienvenido sea, pero llega sin orden ni concierto. No cubre, ni mucho menos, las necesidades estructurales de la Atención Primaria, y tampoco se nos han presentado las medidas a emprender con planes concretos: el plan que piensan acometer para la reestructuración y la refundación de la Atención Primaria está sin desarrollar».
A su juicio, «esto no se arregla con 2,2 millones, requiere bastante más. Nadie va a rechazarlos, pero a mí me gustaría saber qué continuidad va a tener el resto de inversiones, con qué presupuesto se va a dotar a la Atención Primaria para su refundación. La incertidumbre sigue encima de la mesa».
Listas de espera
El Gobierno autorizó ayer la licitación, en 22 millones de euros y con un plazo de tres años, prorrogable a uno más, del contrato para la derivación de procedimientos quirúrgicos con el fin de reducir la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Así lo anunció el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.Zuloaga explicó que se trata de un contrato «habitual» por parte del Servicio Cántabro de Salud, y que tiene por objeto poder derivar pacientes a centros externos al servicio público de salud para «agilizar» la reducción de las listas de espera que, según dijo, «todavía arrastra las consecuencias de la crisis sanitaria y ahora, de la guerra en Ucrania».
Margarita Ferreras, representante del sindicato CSIF, critica la adquisición «indiscriminada» de aparatos, y recuerda la inversión que en su día se realizó en ecógrafos para Atención Primaria. «Aún hay ecógrafos que están sin desembalar en algunos centros, muertos de risa y ya obsoletos. Lo que no queremos es que se vuelvan a repetir estas situaciones. Comprar aparatos quizás no sea lo más urgente, y lo que se debería hacer es presentar el planteamiento de qué se piensa hacer».
También se recuerda este hecho desde el Sindicato Médico. Como indica su vicepresidente, Santiago Raba, «piensan comprar veinte ecógrafos más a sumar a los 22 que tenemos estropeándose y sin usarse en algún almacén olvidado. Nos produce sonrojo y perplejidad».
La inversión anunciada es, para Raba, «un engaño más de la Consejería, que tiene como único objetivo la publicidad y el marketing para hacer ganar las elecciones al presidenciable señor Zuloaga. El dinero es escaso y no va destinado en absoluto a solucionar el principal problema de la Atención Primaria, que es la falta de profesionales, sino a entelequias de digitalización y compra de aparataje que no tenemos tiempo de usar y que duerme en las salas de los centros tapados bajo una sábana».
De hecho, la adquisición, entre 2015 y 2017, de esos ecógrafos a los que se refieren los sindicalistas, fueron una de las causas de la condena por prevaricación administrativa a Javier González, ex alto cargo de la anterior cúpula del Servicio Cántabro de Salud, dirigida entonces por la socialista María Luisa Real.
La compra de los 22 equipos, destinados a otros tantos centros de salud, se efectuó mediante el mismo número de contratos, prácticamente idénticos, todos a las empresas Sakura y Esaote, por un montante cercano a los 300.000 euros.
Según la resolución judicial, que inhabilitó por un periodo de catorce años al acusado, este «era conocedor de que no procedía acudir a la figura del contrato menor, habida cuenta del objeto del contrato y su elevada cuantía» y optó por los 22 contratos menores para «eludir los requisitos de publicidad, libertad de acceso a las licitaciones y transparencia».
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