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El PP ha presentado este miércoles su propuesta tributaria para Cantabria con bajadas de impuestos y aumento de las bonificaciones, en lo que los populares han asegurado que representa una «auténtica revolución fiscal» y que contempla un ahorro medio anual de 500 euros para cada ... contribuyente cántabro y de hasta 1.000 euros para las clases medias.
La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado a conocer esta propuesta que los populares presentarán al pleno del Parlamento regional el próximo lunes y que busca incentivar la economía y el empleo en la región «dejando más dinero en los bolsillos de las familias y de las empresas para estimular el ahorro, el consumo y la inversión».
Sáenz de Buruaga ha asegurado que se trata de una propuesta con una bajada tributaria «posible», frente a la «voracidad» recaudatoria del Gobierno de coalición del PRC-PSOE, que, según ha criticado, en la pasada legislatura subió «todos los impuestos», lo que ha llevado a llevado a Cantabria a «una de las mayores presiones fiscales del país».
«En algo somos los primeros de España. Somos los primeros en pagar impuestos», ha ironizado la líder de los populares cántabros, quien ha defendido que es «urgente» llevar a cabo esta bajada de impuestos que propone su partido para dinamizar la economía regional frente a los síntomas de desaceleración y que el PP quiere que se empiece a aplicar a partir de 2020.
La propuesta de los populares se articula en torno a cinco bloques, el primero de ellos dirigido a revertir todas las subidas de impuestos aplicadas por el Gobierno PRC-PSOE que, según ha denunciado, han convertido a Cantabria en un «infierno fiscal», a lo que el PP suma rebajas adicionales.
Así, el PP cántabro propone suprimir totalmente el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se volvió a introducir en 2018 y que actualmente está bonificado entre padres e hijos y entre cónyuges, pero no entre hermanos, ha recordado.
La propuesta también contempla la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10 al 8% para la compra de viviendas de segunda mano y del 8 al 4% para la adquisición de vehículos usados, así como una reducción de siete a cinco tramos en el IRPF para simplificarlo.
En el IRPF, los populares proponen, además, la bajada de un punto para los dos tramos más bajos, para ingresos inferiores a 20.200, mientras se suprimirían los dos tramos (más de 46.000 y más de 60.000 euros) «que concentran las subidas a las clases medias que introdujo el Gobierno de Revilla», ha explicado Sáenz de Buruaga.
Asimismo, plantean la progresiva reducción del Impuesto de Patrimonio en los tres próximos ejercicios, para llegar a 2020 a una bonificación total y a su «práctica desaparición» en Cantabria.
El segundo bloque de medidas está enfocado al fomento de la natalidad y al apoyo a las familias, con deducciones por gastos de guardería y del 10 por ciento del sueldo bruto de servicio doméstico, con un límite de 1.000 euros para las familias que opten por el cuidado de sus hijos en casa hasta la edad escolar.
El PP también propone una deducción autonómica de 1.200 euros por nacimiento o adopción y una nueva deducción para la vivienda en caso de que suban los tipos de interés, así como la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de la primera vivienda.
El tercer bloque de la propuesta de los populares busca apoyar a colectivos vulnerables, con deducciones de hasta 1.500 euros por acogimiento de menores y cuidado de personas mayores y con discapacidad y de hasta el 10 % sobre la cuota del IRPF para las familias con ingresos inferiores a los 30.000 euros, al tiempo que plantea elevar a 500 euros las establecidas para familias monoparentales.
Para apoyar a los jóvenes, el PP cántabro propone un cuarto bloque con desgravaciones de 1.000 euros en el IRPF para los que se den de alta por primera vez en el censo de empresarios y profesionales, con el objetivo de fomentar el autoempleo, y deducciones de hasta 2.000 euros para la compra de una vivienda y de hasta 1.000 euros por el pago de un alquiler.
Finalmente, el quinto bloque de la propuesta de los populares está enfocada a frenar la despoblación del medio rural, para lo que este partido plantea recuperar la antigua deducción del IRPF por compra de vivienda, con un límite de 2.000 euros en caso de ser la primera vivienda y de 1.500 euros en el caso de que no sea la vivienda habitual.
Además, en estos casos, el PP propone aplicar un tipo reducido del 5% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, con lo que, según ha detallado María José Sáenz de Buruaga, se reducirían en un 60 % los gastos derivados de la compra de una vivienda y de la hipoteca para quienes decidan trasladarse a la Cantabria rural.
El Partido Regionalista de Cantabria ha calificado de «tomadura de pelo» la propuesta fiscal presentada hoy por la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que, en su opinión, «beneficia a los que más ganan». «Buruaga hace alarde de cantidades sin especificar cómo repercutirá en los ingresos de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, en cómo se mantendrían los servicios», dicen desde el PRC.
En opinión de los regionalistas, la propuesta planteada por la presidenta del PP carece de «rigor» y de «fundamento» y «lo único» que busca es «contentar y beneficiar a las clases altas, que son en las que siempre piensa y para las que realmente gestiona».
En este sentido, han señalado en un comunicado que la presidenta del PP subió «todos y cada uno» de los impuestos y de las tasas existentes en Cantabria y creó copagos «que afectaban de igual manera a todos los bolsillos». «Daba igual los ingresos que tuvieses, fueses clase baja, media o alta, el mal llamado céntimo sanitario lo tuvimos que pagar todos. Entonces la presidenta del PP no se acordó de la revolución fiscal», han subrayado.
El PRC ha incidido en que «la pasada legislatura se bajaron impuestos y establecieron bonificaciones, aunque el PP no lo quiera reconocer», y han insistido en que abogan por un reparto de la fiscalidad más equitativa y justa o por la activación de mecanismos para luchar contra el fraude. «Defendemos la solidaridad fiscal como instrumento de redistribución de la riqueza y el mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar», han apostillado.
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