Las 201 plazas de acogida de refugiados que hay en Cantabria están ocupadas

En condiciones normales, las autonomías tienen un papel secundario en todo el proceso de recepción de refugiados y es el Ministerio de Trabajo e Inmigración el que establece los convenios con instituciones como Cruz Roja, Nueva Vida y Movimiento por la Paz, las tres que realizan esta labor en Cantabria. Pero ante la coyuntura actual, sin posibilidad de albergar a un solo demandante de asilo más por los cauces habituales y con el barco a punto de emprender rumbo a Palma de Mallorca desde la costa italiana, la Vicepresidencia regional ha movido ficha. La Consejería que dirige Pablo Zuloaga, a través de la Dirección General de Cooperación, está trabajando en el diseño de un mecanismo excepcional para contribuir con la causa de forma solidaria.

«Estamos buscando una solución que vamos a tener pronto para paliar cuanto antes este problema de falta de plazas y poder colaborar a hacer frente a esta situación de emergencia humanitaria desde Cantabria», explica su equipo. Desde el Gobierno no son capaces todavía de determinar en qué consistirá y tampoco a cuántos refugiados podrían llegar a la región, pero sí confirman que Zuloaga se puso ayer en contacto con La Moncloa a través de la vicepresidenta Carmen Calvo para ponerse a su disposición. También han dado un paso adelante en este sentido Extremadura, Cataluña, Valencia, País Vasco y Baleares.

El Gobierno cántabro no adelanta cómo se hará, pero existe un antecedente: el Plan Integral de Atención a Personas Refugiadas que se diseño en 2016 con motivo de la crisis siria y que finalmente no llegó a activarse. En él se incluían medios humanos y materiales y se establecía como posibles alojamientos para estas personas la red de albergues y los pisos cedidos por ayuntamientos que están rehabilitados y no están ocupados. Este plan volvió a desempolvarse cuando España decidió en junio de 2018 abrir el puerto de Valencia para recibir al barco Aquarius con 629 inmigrantes a bordo, pero entonces sí había plazas para acoger a los seis destinados a Cantabria, al contrario que ahora.

«Nosotros tenemos 95 plazas y están todas cubiertas. No podemos ampliarlas por nuestra cuenta, tendría que darnos el permiso el Ministerio. Sería algo excepcional que hasta ahora nunca se ha hecho», explica Vanesa Gutiérrez, de Cruz Roja, que tiene en sus programas de asilo a 75 personas en el antiguo hospital de Torrelavega y a otras 20 en viviendas de Santander y Piélagos. Otras 60 plazas y otros 60 refugiados tiene la ONG evangélica Nueva Vida.

Su responsable, Julio García, se muestra dispuesto a hacer un esfuerzo al respecto, pero detalla que es el Ministerio el que establece los cupos y el que recientemente denegó su petición de ampliar la oferta. En cambio, les autorizó a abrir un nuevo centro en Vizcaya. «Por más que el presidente diga que ofrece Cantabria para que vengan, eso no sirve de nada. No depende de él. Lo único que puede hacer es poner recursos, pero eso no se planifica de un día para otro», insiste García, quien subraya que muchas veces el alojamiento es el menor de los problemas.

Se refiere a todo lo que implica el programa de acogida de solicitantes de asilo, que se extiende durante 16 meses o hasta dos años en casos excepcionales de especial vulnerabilidad, aproximadamente el tiempo en que tarda en resolverse su expediente. Movimiento por la Paz tiene en estos programas ahora mismo a 46 personas -de igual forma, el 100% de las plazas existentes- en once pisos distintos. Allí están los seis primeros meses y posteriormente reciben apoyo para comenzar su vida independiente mientras realizan cursos de español y capacitación laboral: «No sé dónde les van a meter, pero es cierto que para encontrar un lugar y ponen en marcha todos los recursos que implica sólo hace falta voluntad política. Si el Gobierno nos pide colaboración se la vamos a dar, pero no se puede improvisar».