El Pleno apoya una batería de medidas para impulsar la economía regional

La diputada del PRC Paula Fernández, ponente de la moción, advirtió del «estancamiento» económico de Cantabria enumerando una larga serie de indicadores que así lo atestiguan: creación de empleo por debajo de la media, retraso en el pago a proveedores, subida del precio de la vivienda por encima del conjunto del país, caída del número de autónomos, aumento del porcentaje de cántabros en riesgo de pobreza... «Estamos preocupados», reconoció. También Natividad Pérez, de Vox, habló de «deterioro industrial» y menos «empleo de calidad, mientras la socialista Ana Belén Álvarez aseguraba que la región está «a la cola del crecimiento económico de España», atendiendo al aumento del desempleo y a la pérdida de población activa.

Por parte del PP, Alejandro Liz hizo un diagnóstico diferente de la situación, al destacar los datos de paro y empleo, los mejores de la serie histórica, como dijo, un plan de autónomos «que funciona», con un reparto de 22,5 millones en ayudas en 2024, y otros avances como el desbloqueo del desarrollo eólico o el plan de internacionalización, entre otros, a pesar de lo cual anunció el apoyo de su grupo a la moción, en la que se incluyó una enmienda para instar a que se convoque la subasta de cogeneración.

Esta última cuestión se abordó en la siguiente moción, registrada por Vox, dentro de las medidas para revertir las previsiones negativas del crecimiento del PIB de Cantabria. PP, PSOE ayudaron a aprobar la propuesta, centrada en la industria regional de cogeneración, con los votos contrarios del PRC. En ella se insta al Gobierno nacional a la convocatoria de las subastas, la creación de un calendario vinculante para futuras subastas y a establecer un sistema de preasignación, y al autonómico a crear una línea de ayudas para modernizar las instalaciones de cogeneración. Desde Vox, Pérez se refirió a la situación de las plantas de Solvay y Dynasol, las más importantes de toda la Comunidad Autónoma, «que se encuentran paradas».

El Parlamento ha pedido al Gobierno que resuelvan en un plazo de tres meses los expedientes para el reconocimiento del grado de discapacidad, un trámite que en la actualidad se puede demorar durante más de año y medio y en el que están inmersas cerca de 10.000 personas. La proposición no de ley, presentada por el PRC y defendida en el estrado por Rosa Díaz, fue aprobada con el apoyo de PSOE y Vox, pese a los votos contrarios de PP y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio. En ella, también se reclama agilizar la concesión de plazas residenciales para las personas dependientes, asegurando que el proceso se resuelva en un plazo inferior a dos meses desde la solicitud.

Díaz atribuyó el atasco a la mala planificación, la escasez de personal sanitario en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) y los problemas derivados de la implementación deficiente de la nueva aplicación de la tecnología para el baremo del reconocimiento de discapacidad.

En una intervención posterior, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, recordó el contenido del plan de choque presentado el viernes por su departamento con una decena de medidas para «agilizar» el reconocimiento y valoración de la discapacidad. Entre ellas, la reunificación en el Centro de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (CAIF) de General Dávila de los equipos de valoración del grado de discapacidad, que aumentará su dotación de personal, la simplificación de las medidas administrativas favoreciendo los procedimientos telemáticos y el desarrollo de campañas informativas.