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En Cantabria hay dos comienzos de curso político cada mes de septiembre. El oficioso es en la fiesta de la Bien Aparecida, a la que acuden los líderes de los principales partidos para hacer sus 'peticiones' a la Virgen y esbozar sus impresiones tras las ... vacaciones. El oficial es el regreso de los plenos en el Parlamento autonómico –el último fue el 27 de junio para votar las resoluciones del debate de orientación política de la región–, que este año tendrá lugar solo un día después, el 16 de septiembre. Los debates y las votaciones servirán para saber en quién se apoya la presidenta María José Sáenz de Buruaga –si en el PRC, como hasta ahora, o en Vox, formación con la que tuvo algún acercamiento al final del anterior periodo de sesiones ante el aumento de la presión de los regionalistas– para seguir dando pasos adelante e intentar aprobar los que serían los segundos Presupuestos del PP en esta etapa al frente del Ejecutivo.
Se verá si cambia mucho o poco el escenario político regional, pero lo que es seguro es que no cambiará el formato de los plenos. Los cuatro grupos con representación (PP, PRC, PSOE y Vox) pusieron en marcha en primavera un proceso para intentar modernizar su funcionamiento, dinamizar los debates y poner fin a las sesiones maratonianas de los lunes en las que, en muchas ocasiones, se repiten los temas y muchos de los asuntos llegan a la Cámara semanas después de que se traten en los medios de comunicación. Lo intentaron, pero no lo consiguieron a pesar de que se llegó a un preacuerdo que consistía en trasladar los plenos a los viernes –así los diputados tendrían más tiempo para preparar los debates y a la vez se podría reducir de doce a nueve días el tiempo para tramitar las iniciativas– y crear dos tipos de plenos, de tal forma que una semana se celebren los de control al Gobierno y la siguiente semana los de impulso al Gobierno.
O lo que es lo mismo, que hubiera una sesiones reservadas a que la oposición haga preguntas e interpelaciones a la jefa del Ejecutivo y sus consejeros y otra a las votaciones de leyes y proposiciones que sirven para instar al Gobierno regional a actuar en un sentido o en otro.
PP y PRC han decidido finalmente no tocar nada y aparcar el asunto. No porque no tuvieran la determinación de abordarlo ya en este arranque de curso político, sino porque entienden que para la modificación era necesario un consenso total en el que no está el PSOE. Los socialistas mostraron sus dudas sobre este modelo. Consideraban que iba a reducir «aún más» la actividad de la Cámara y dificultaría el trabajo de control al Gobierno, ya que solo cada quince días respondería a las cuestiones. «Por los motivos que sean, algunos grupos se han salido del acuerdo a última hora y de manera sorpresiva. Creo que se pegan un tiro en el pie, pero no se trata de imponer una mecánica de trabajo», lamentaba el popular Íñigo Fernández, mientras que su homólogo regionalista, Pedro Hernando, señalaba que se había perdido la oportunidad de «avanzar hacia un Parlamento del siglo XXI, más dinámico y con unos plazos más cercanos».
No se ha reformado el funcionamiento de los plenos, pero sí sigue adelante el proceso para reformar el Reglamento del Parlamento. También para actualizarlo tras 17 años sin cambios sustanciales, pero sobre todo para introducir las exigencias de la Ley de Transparencia, que obliga a que los bienes y actividades de los diputados sean públicas. La presidenta de la institución, María José González Revuelta, espera que esté resuelto en 2025.
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