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El porcentaje de cántabros en riesgo de pobreza o exclusión social descendió el año pasado hasta el 19,5% (en 2021 era del 21,4%), muy por debajo de la media del país, del 26%. La región ocupa el puesto decimocuarto en la clasificación nacional, ... que encabeza Extremadura –con el 36,9%–, y cierra Navarra –14,5%–. Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), corresponden al cálculo de la tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), un indicador utilizado en el ámbito europeo para medir la pobreza relativa y que atiende no solo a los ingresos económicos de las personas, sino que calibra además otras necesidades como la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo.
Esa mejora se aprecia igualmente en la media del país, con un descenso de la población en riesgo del 27,8% en 2021 al 26% en 2022, consecuencia de unos resultados más positivos en sus indicadores principales: el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza bajó del 21,7% al 20,4%; el de residentes en hogares con carencia material y social severa disminuyó seis décimas, hasta el 7,7%, y el porcentaje de población en situación de baja intensidad de empleo pasó del 11,6% al 8,6%.
El riesgo de pobreza es un indicador relativo que refleja desigualdad: no mide la pobreza absoluta, sino el volumen de personas con ingresos más bajos en relación con el conjunto de la población. En España, los ingresos medios por persona en 2022 ascendieron a 13.008 euros, situando a un 20,4% de la población en riesgo de pobreza. En Cantabria, se obtuvieron unos registros más positivos, con unos ingresos medios de 13.811 y un 14,8% en riesgo. Las comunidades con mayores rentas por habitante fueron el País Vasco (16.427 euros), Navarra (15.970) y Madrid (15.695). En el extremo opuesto, Andalucía (10.703 euros), Murcia (10.632) y, cerrando la tabla, Extremadura (10.133).
Los apuros económicos en los hogares de la región pueden evaluarse también por algunos de los problemas que tienen que afrontar. Así, el 34,3% de las familias cántabras no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año –la media nacional es algo mejor, el 33,5%–; un 23,9% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos –35,5% en el conjunto de España–, y el 5,8% de ellos llega con mucha dificultad a fin de mes –el 8,7% en todo el país–. Cantabria destaca, para bien, en un aspecto: es la comunidad con menor porcentaje de hogares morosos, con retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos: el 5,3%, cuando el 13,2% de las familias españolas se ve en esa situación.
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Esa mejora del panorama social y económico que reflejan las estadísticas en la región no parece coincidir con la realidad que palpan a diario Cáritas Diocesana y el Banco de Alimentos, dos instituciones en contacto con las familias necesitadas.
«Puede haber una sensación de que esa necesidad ha descendido, pero a nuestras puertas siguen llamando muchas personas, y no desciende el trabajo», asegura Rodrigo Pérez, coordinador de Cáritas Diocesana de Santander. «Con toda la subida del IPC, la guerra de Ucrania y el alza generalizada de precios, hay más gente que llama, y de hecho con las ayudas que se daban hasta ahora no alcanza, y hay que aumentar las cantidades que se aportan».
«La impresión que tenemos no es de que la necesidad baje, porque siguen llegando personas, ahora sobre todo personas procedentes de América. En 2022 no han descendido los apoyos y necesidades de las familias. Cada mes llegan personas nuevas pidiendo ayuda, sobre un 25%; afortundamente, hay otras que dejan de necesitarla, así que en el global se mantienen los mismos números: durante la etapa del covid, la más complicada, fueron unas 6.000 personas atendidas, y ahora la cifra puede estar en 5.500», explica el responsable de Cáritas.
¿Han mejorado realmente las cosas? «La situación de vulnerabilidad de las familias sigue ahí, y en algunos casos se trata de personas que ya quedaron en una situación precaria durante la crisis de 2008, que lograron recuperarse un poco y que, ahora, han vuelto a caer».
No es mucho más optimista Gema Díaz-Domínguez, presidenta del Banco de Alimentos en Cantabria, quien tampoco ha percibido que las peticiones de ayuda se hayan reducido durante el último año. «Yo no he perdido usuarios en el Banco de Alimentos, pero también es verdad que no los he ganado, así que la situación permanece estable: la cifra puede oscilar entre los 9.000 y los 12.000 a lo largo del año».
La necesidad fluctúa en función de los meses. «Normalmente, a partir de mayo y junio empiezan las contrataciones en hostelería y turismo, y las peticiones se reducen; a partir de octubre, y a veces ya en septiembre, aumentan. En Navidad vuelven a bajar, y en febrero subren de nuevo. En los meses de verano, el número de usuarios puede descender hasta los 8.000, y en febrero y octubre sube hasta 12.000 o 12.500».
«Estuvimos una temporada con muchos más niños y lactantes, en septiembre y octubre del año pasado: subió tanto el precio de los alimentos que las peticiones se dispararon». Ahora, ese pico de alta demanda infantil se ha normalizado, aunque el Banco de Alimentos se sigue resintiendo del encarecimiento de la vida: el dinero cunde ahora mucho menos. Todos los productos procedentes de la última Gran Recogida ya han sido distribuidos, y las donaciones no aumentan al mismo ritmo que lo hacen los precios, todo cuesta mucho más y se pueden comprar menos productos.
El Banco de Alimentos de Cantabria gastó en 2022 144.000 euros, contabilizando aparte todas las donaciones físicas y las cuentas de compra en los supermercados, cuando en 2021 no se llegó a los 75.000. «Este año también vamos disparados, y me temo que vamos a superar esa cantidad», reconoce Díaz-Domínguez.
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