Los positivos de un juez y una funcionaria obligan a cerrar el Juzgado de lo Penal Número 2

El primer caso se detectó el miércoles de la semana pasada con el positivo del titular del Juzgado de lo Penal Número 2. La letrada que permanecido más de tres horas junto a él en la misma sala durante la celebración de un juicio dio negativo en la prueba, aunque fue aislada por precaución como contacto estrecho.

Y este lunes, una funcionaria de la oficina del mismo juzgado comunicó que era positivo en coronavirus; en ese mismo momento, alrededor del mediodía, se activó el protocolo para informar a los trabajadores y cerrar la oficina. Todos los funcionarios, nueve más la letrada y el juez, permanecen aislados en sus domicilios a la espera del resultado de la PCR que se les ha realizado esta mañana. «Habían nombrado una sustituta para el juez titular, pero claro, con este nuevo positivo se ha cerrado el Juzgado y todo queda suspendido», explica Manuel Garay, presidente del sector de justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CISF) y de la junta personal.

Seis trabajadores de otros juzgados penales y sociales también permanecen aislados por considerarlos contactos estrechos de la tramitadora procesal, ya que tomaban café juntos. Esos trabajadores esperan también los resultados de la PCR que se les realizó ayer. Los empleados admiten que, hasta el momento, la Administración no les ha dicho «absolutamente nada» y tienen dudas de si podrán volver al trabajo, en el caso de que la prueba sea negativa, o si deberán prolongar su aislamiento para descartar la aparición de síntomas.

Denuncian que han esperado «demasiado» para someterse a la PCR y hacen hincapié en su solicitud para realizar pruebas en juzgados como los de guardia, penales y violencia sobre la mujer: «Se nos negó esta petición y ahora pasa esto. Somos un servicio esencial y deberíamos estar abiertos», manifiesta Garay. Además de los juicios, quedan suspendidos los trámites diarios, como la liquidación de condenas de presos o las entregas de los carnés de conducir a personas que han cumplido con su pena.