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«Voy a bajar los impuestos a todos los cántabros, todos los que pueda y todo lo que pueda, porque Cantabria no necesita un Gobierno más rico, sino una sociedad más próspera. Lo llevo defendiendo durante toda la legislatura, me he comprometido a ello ... con los cántabros y lo voy a hacer». Esas dos frases, pronunciadas por María José Sáenz de Buruaga durante la presentación del proyecto político de la futura presidenta en la sesión de investidura -la primera votación requería mayoría absoluta y por eso naufragó, pero mañana saldrá adelante porque en el segundo intento solo se necesita mayoría simple-, resumen las intenciones de la próxima jefa del Ejecutivo en materia fiscal. Desde la tribuna del Parlamento, expuso en pocos minutos lo que aparece plasmado con mucho más detalle en el programa electoral con el que optó a las elecciones autonómicas del pasado 28M. Pasa por tocar, en primer lugar, el tramo autonómico del IRPF, pero también suprimir el Impuesto de Patrimonio, modificar el de Sucesiones y reducir trabas -no solo burocráticas, también financieras- a las empresas, además de un paquete de bonificaciones pensadas para el fomento de la natalidad.
El próximo consejero o consejera de Economía sabe que su primera tarea será diseñar esa profunda reforma fiscal. Previsiblemente para incluirla dentro del Proyecto de Presupuestos de 2024, porque la líder del PP ha prometido que esta será una de sus primeras medidas al frente del Gobierno de Cantabria. Tendrá que hacer el nuevo armazón fiscal de la región, pero también determinar cuál es el impacto de este paquete en las arcas públicas. Porque el pasado viernes, pese a que los portavoces de los tres partidos de la oposición pusieron esta cuestión sobre la mesa, los populares no aportaron números.
Lo preguntaron con especial intensidad desde el PSOE y desde Vox. Ambos acusaron a la futura presidenta de «engañar a los cántabros o engañarse a sí misma» pese a que la postura de estos dos partidos es radicalmente opuesta en materia fiscal. El socialista Pablo Zuloaga puso en duda que el PP vaya a bajar impuestos -recordó que ya lo dijo en 2011 Ignacio Diego y no los bajó, pero sí recortó los servicios públicos-, pero aseguró que si finalmente cumple su palabra será a costa de recortes y privatizaciones en Sanidad y Educación. De hecho, ese fue el argumento del bipartito durante la pasada legislatura para decir 'no' cuando el PP pedía tocar el IRPF, que esa medida repercutiría directamente en un deterioro de los servicios públicos y beneficiaría mucho más a las rentas ricas y mucho menos a las medias y bajas.
Además de deflactar el IRPF, se eliminará el de Patrimonio porque apenas genera ingresos y «ahuyenta la inversión»
El PSOE rechaza la bajada porque obligará a recortes y Vox la apoya, pero dice que no es compatible con más gasto público
«Si consigue aumentar el bienestar y la inversión bajando los impuestos puede optar al Premio Nobel. Y lo gana seguro»
Desde la esquina contraria, Leticia Díaz, cuyo partido (Vox) sí es partidario de bajar al máximo legal todas las figuras fiscales, no se opone al modelo de impuestos que trae Buruaga, lo que le recrimina es que no vaya acompañada de una reducción drástica del gasto público, algo imprescindible si se quiere alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y reducir la deuda, que ronda hoy los 3.500 millones, la misma cantidad que gasta cada año el Ejecutivo en desarrollar todas sus políticas y pagar sueldos públicos.
«Menos gasto político y reducción del sector público», insistía Díaz, que lamentaba que Buruaga haya anunciado que tendrá las mismas consejerías que el bipartito (nueve) y que vaya a crear un nuevo organismo, una Agencia Facilitadora de proyectos.
El PP no dio cifras, pero PSOE y Vox sí. Los primeros consideran que la reforma fiscal de Buruaga reducirá en 200 millones de euros los ingresos y los segundos lo elevan hasta 300 millones. El PRC también negó la mayor. «Nos ha dejado sorprendidos. Si se consigue en algún lugar que bajando todos los impuestos aumente el bienestar y las inversiones estamos ante alguien que merece optar el Premio Nobel. Y lo gana», ironizó Miguel Ángel Revilla.
Tanto Buruaga como su portavoz parlamentario, Íñigo Fernández, se limitaron a asegurar que no es magia. Que es posible porque la reducción de impuestos pondrá en marcha el motor de la economía: «Menos impuestos no significa menos ingresos, ni menos recaudación. Ni poner en riesgo la sociedad del bienestar. Menos impuestos significa más actividad económica y más empleo. Más personas trabajando y más recaudación y más recursos para sostener los servicios».
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Según el programa del PP, la reducción del IRPF servirá para corregir el crecimiento de ingresos extra que ha tenido Cantabria como consecuencia de la inflación -solo 167 millones de ingresos adicionales por IVA e IRPF en 2023, según sus cálculos-. «Una constante pérdida de poder adquisitivo de hogares y empresas a consecuencia de la alta inflación no ha sido corregida en Cantabria con la deflactación». Precisamente eso, deflactar el IRPF, será lo que haga Buruaga para compensar esa escalada de los precios.
«Vamos a eliminar el Impuesto de Patrimonio, que tiene un impacto recaudatorio muy bajo, pero ahuyenta la inversión y deslocaliza renta», garantizó Buruaga. Es una medida que también viene defendiendo el PRC, que de igual forma entiende que los 15-20 millones que suponen al año no compensa las fugas de dinero por el capital que huye. Por último, bajará Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tanto para bienes muebles como inmuebles, poniendo especial énfasis en la compra de la primera vivienda.
El bipartito ya acabó en la legislatura 2015-2019 con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre cónyuges y de padres a hijos gracias a un acuerdo con Cs. Ahora, Buruaga extenderá la bonificación del 100% a los hermanos «para que nadie tenga que pagar por heredar de un familiar directo». Su paquete fiscal incluye un catálogo de deducciones en el IRPF para favorecer la natalidad y la conciliación –1.400 euros por nacimiento o adopción de un hijo, por compra de material escolar, guardería...–, y otras medidas pensadas para los jóvenes menores de 36 años, personas con discapacidad y del mundo rural.
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