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El PP tiene la intención de sacar el máximo partido a su mayoría absoluta en el Senado en lo que dure la legislatura. En la Cámara Alta forzará la comisión de investigación por el 'caso Koldo', pero también el debate de todos los asuntos relevantes que el PSOE y sus socios de investidura frenan en el Congreso. Por ejemplo, la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre), un asunto fundamental para Cantabria y el resto de comunidades autónomas del norte de España, incluido el Principado de Asturias, gobernada por el socialista Adrián Barbón.
El portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el cántabro Juan Carlos García Diego, ha anunciado que su grupo político ha presentado una moción al respecto. En ella reclaman al Gobierno central volver al sistema de control anterior, el que se regulaba por la Directiva Hábitats que entró en vigor en 1992.
Según el también alcalde de Vega de Pas, esto haría posible que la convivencia entre los ganaderos y el lobo «fuera razonable, como ha ocurrido durante más de 30 años», y se evitaran así los perjuicios que esta especie está ocasionando en muchas regiones de España. En este sentido, García ha recordado que solo en Cantabria el lobo ha ocasionado 2.700 muertes de todo tipo de ganado en 2023, lo que ha achacado a su inclusión en el Lespre que, a su juicio, ha tenido como consecuencia que «se haya reproducido con una celeridad enorme y que se haga incompatible la vida con los animales domésticos».
Según se señala en la moción, el lobo está causando conflictos crecientes, agravados a causa de marcos legales que impiden la gestión de la especie de forma que se puedan prevenir los conflictos con actividades tradicionales, como la ganadería, poniendo en riesgo la continuidad de las explotaciones y por consiguiente el mantenimiento de la población en las zonas rurales, pues la ocupación mayoritaria en las mismas es el sector primario.
También se indica que la Unión Europea, en su último informe al respecto, recomienda que se reconsidere la posición en cuanto a la protección total de la especie, dado que al no tener depredadores naturales la superpoblación empieza a ser un problema y que, por lo tanto, se considere especie «protegida» en lugar de especie «estrictamente protegida». Un posicionamiento «totalmente contrario» al del Gobierno de Sánchez.
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