El PRC pide compensar con seis millones los servicios que prestan los pueblos sin ser su competencia

El PRC se prepara para encarar la negociación de los Presupuestos de Cantabria para 2025 con el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga. Antes de sentarse en la mesa con el PP, los regionalistas tienen que evaluar si el Ejecutivo ha cumplido los compromisos que suscribió hace un año para conseguir su apoyo a las cuentas que aún están en vigor y, a futuro, las peticiones que quiere incluir en las siguientes. En este último capítulo se encuentra la creación de una partida de seis millones de euros para ayudar a la financiación de las competencias impropias que los ayuntamientos se han visto obligados a asumir en los últimos años sin contar con financiación.

Un dinero que se sumaría al Fondo de Cooperación Municipal –por ley tiene que actualizarse cada año– y que tiene que servir para compensar todos esos servicios que prestan los consistorios sin que sea su competencia. Antes incluso de negociar el Presupuesto con el PP, el PRC llevará este asunto al Pleno del Parlamento autonómico del próximo lunes en forma de proposición no de ley.

Según confirmó el portavoz regionalista, Pedro Hernando, la iniciativa insta al Gobierno cántabro a ejercer las funciones de Diputación Provincial que le corresponden por ser Cantabria una autonomía uniprovincial y que implican prestar «asistencia técnica, jurídica y económica» a los municipios, para hacer frente a competencias como el mantenimiento y limpieza de los colegios y consultorios rurales, la contratación de personal de las aulas de 1 año y servicios sociales como la asistencia domiciliaria. Hernando destaca que los fondos destinados a estos servicios «llevan años sin ser actualizados», lo cual implica «un problema gravísimo» para los municipios a la hora de hacer frente a su financiación, agravado como consecuencia del incremento de prestaciones que se ha producido a raíz de la pandemia y la suma de nuevas competencias, como la obligación de controlar las colonias de gatos que impone la recién aprobada Ley nacional de Bienestar Animal o las tareas de control e inspección previstas en el proyecto regional de Ley de Control Ambiental, cuando en ocasiones «no tienen ni un triste trabajador municipal» para asumir a esas tareas.

Dado lo «inadmisible» de la situación, el PRC cree que «ha llegado el momento de afrontar de una vez por todas el papel del Gobierno de Cantabria como Diputación Provincial», mediante la prestación de asistencia técnica, jurídica y económica «en todos los ámbitos» a los ayuntamientos, y «especialmente a los más pequeños y despoblados». «Es muy importante, porque si los municipios están ahogados, los servicios públicos no se prestan adecuadamente, y todos los ciudadanos de Cantabria, vivan donde vivan, tienen derecho a que el Gobierno se ocupe de ellos, porque el Estatuto de Autonomía así lo exige», recalca el regionalista.

Mientras el Gobierno central reforma también el modelo de financiación local, el PRC aboga por fortalecer desde Cantabria la Dirección General de Administración Local, especialmente con personal técnico funcionario que cubra las necesidades de los ayuntamientos. Según Hernando, la propuesta es «real»y relativamente fácil de aplicar:«Hemos visto que los Presupuestos van a crecer en 96 millones; seis millones para los municipios sería una apuesta decidida por el mundo local que esperamos tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios».

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