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La situación de las listas de espera y el resto de problemas de índole sanitario, la caída del Producto Interior Bruto (PIC) de Cantabria durante el tercer trimestre de 2023, la «privatización» de servicios en el área de asuntos sociales, las críticas por la « ... inacción» de la presidenta del Gobierno regional y sus consejeros... A la larga lista de asuntos propuestos por la oposición que se tendrán que tratar a partir del 5 de febrero -ese día se retomará la actividad ordinaria en el Parlamento autonómico con el primer Pleno tras el parón de enero-, el PRC ha sumado una proposición no de ley en la que reclama al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga que impulse políticas en favor de la abolición de la prostitución y la lucha contra el proxenetismo mientras en el ámbito nacional el Congreso de los Diputados avanza en la ley para su penalización.
Tal y como figura en el documento, registrado por los regionalistas esta semana, la intención es que los partidos políticos del Parlamento de Cantabria se dirijan al Gobierno central y a los grupos con representación en las Cortes Generales para retomar e impulsar la tramitación de las leyes de abolición que comenzaron a debatirse la pasada legislatura y que quedaron en suspenso con la convocatoria de elecciones del mes de julio. Al mismo tiempo, el texto pide a la comunidad autónoma que refuerce su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para «prevenir, identificar y perseguir los delitos relacionados con estas prácticas y con el consumo de pornografía».
«Las instituciones de Cantabria tienen que comprometerse en esta lucha», ha recalcado la diputada regionalista Rosa Díaz, quien ha abogado además por diseñar y ejecutar políticas de sensibilización que contribuyan a «concienciar a la sociedad cántabra en materia de consumo de pornografía, prostitución y cualquier forma de explotación y mercantilización sexual de seres humanos». Previsiblemente, la iniciativa tendrá el apoyo del PSOE, que tanto a nivel cántabro como en Madrid se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de penalizar el consumo de prostitución. «Mientras no nos dotemos de esta ley, que dé a las comunidades autónomas herramientas para luchar contra la prostitución, podremos dar discursos, pero serán vacíos, y aplicaremos las normas, pero serán insuficientes», defendía el líder socialista Pablo Zuloaga durante su etapa de vicepresidente del Gobierno y consejero de Igualdad. En este sentido, recordaba que la mejor forma de luchar contra la trata era la prohibición total de la prostitución.
Por su parte, la diputada regionalista y alcaldesa de Polanco espera el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a su iniciativa para constituir «un frente común en contra de la explotación sexual, una lacra que atenta gravemente contra los derechos humanos de las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, y las sitúa en una situación de extrema vulnerabilidad».
Diaz ha mostrado por ello su respaldo a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de abordar el problema desde una perspectiva abolicionista, «en convergencia con otros países europeos como Suecia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega o Francia». Según los últimos datos de la Fiscalía, en Cantabria funcionan ocho prostíbulos y más de 300 domicilios dedicados a la prostitución, con un perfil de «madre soltera, joven y migrante», de las que apenas el 1,5% son identificadas por las autoridades españolas.
El lunes pasado, la Mesa del Parlamento se reunió para concretar el orden del día del primer Pleno de 2024. Desde la aprobación del Presupuesto de Cantabria el pasado 21 de diciembre, la actividad en la Cámara ha sido mínima, ya que no se han celebrado plenos y tampoco comisiones de área.
Los ocho diputados del PSOE de Cantabria, con su líder Pablo Zuloaga a la cabeza, han aprovechado el periodo no lectivo en el Parlamento regional para formular una batería de preguntas escritas al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) sobre diversos temas de actualidad y también para registrar distintas proposiciones no de ley. Entre otras, una relativa a la condena de los delitos de odio y de «todo ataque contra las personas del colectivo LGTBI por su orientación sexual». De esta manera, los socialistas pretenden que Vox se posicione sobre el asunto y poner el tema en la agenda política de Cantabria.
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