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Una vez que María José Sáenz de Buruaga se ha garantizado que saldrá adelante su investidura en la segunda votación -en la primera hace falta mayoría absoluta, no mayoría simple- gracias a la abstención del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), lo siguiente ... que tienen que negociar los partidos con representación en el Parlamento autonómico es la distribución de los cinco puestos de la Mesa, que implica también la elección del nuevo presidente de la Cámara. De hecho, ya se han producido conversaciones informales entre las partes (PP, PRC, PSOE y Vox) y parece que no habrá problemas para llegar a un acuerdo, de forma que todos los implicados tengan hueco en el órgano de gobierno del Parlamento.
La fecha límite es este próximo jueves, 22 de junio. Ese día, a las 17.00 horas, se celebrará la sesión constitutiva del nuevo Parlamento salido de las urnas del 28 de mayo, en el que el PP tendrá 15 diputados, 8 el PRC, 8 el PSOE y 4 Vox. Regionalistas y socialistas no pondrán pegas a que la Presidencia vaya para los populares -es tradición que tenga el mismo color que el Gobierno- pese a que, en el caso de ponerse de acuerdo, podrían arrebatárselo al PP. Aunque Buruaga aún no ha dado nombres, parece que una de las favoritas es María José González Revuelta, secretaria general del partido.
Sobre el reparto de asientos en la Mesa del Parlamento se pronunció el viernes Buruaga, cuando afirmó que «le gustaría» y cree que sería «positivo y conveniente» que sea «plural» y que «refleje la proporcionalidad» que han dado las urnas a todos los partidos. También Revilla se mostró partidario de que la Mesa «refleje la pluralidad de los partidos que han tenido representación parlamentaria» y subrayó que el PRC, «a pesar del batacazo electoral», fue el segundo partido más votado y, por tanto, ahora será «el primer partido de la oposición». Una posición, la de líder de la oposición, que desde el PSOE creen que los regionalistas ya han perdido tras el viraje de los regionalistas a la derecha por el pacto de investidura con los populares.
«El PRC ha entregado el Gobierno de Cantabria gratuitamente al PP. Ha adelantado las rebajas de julio, con una reducción en sus propuestas en las últimas semanas pasando de 50 a 5 ínfimos puntos que solo recogen un manojo de obviedades, como el mantenimiento de obras que están en marcha gracias a la gestión del PSOE», entiende Zuloaga, que cree que «lo que quedó claro con la fotografía del pasado viernes es que el PRC está de acuerdo en que el PP desarrolle su programa electoral, que implica una bajada masiva de impuestos, poniendo en riesgo los servicios públicos de Cantabria».
Precisamente ayer el PP ofreció a Vox ocupar uno de los cinco puestos de la Mesa del Parlamento, concretamente una de las dos secretarías. Lo hizo durante la segunda reunión de representantes de ambas formaciones para hablar sobre la postura del partido de Santiago Abascal en la investidura de la próxima presidenta de Cantabria. El líder regional de Vox, Emilio del Valle, agradeció este ofrecimiento y cree que es «normal» y «es bueno» que habiendo cuatro grupos en el Parlamento estén todos en la Mesa.
Respecto a la posición de Vox sobre la investidura de Buruaga, la formación confirmó al término de la reunión de ayer entre ambas partes que no votará a favor de la candidata del PP salvo que haya un Gobierno de coalición. Por su parte, el PP le ofrece un acuerdo para que no se oponga, como el firmado con el Partido Regionalista.
Vox, sin embargo, aún no tiene decidido si votará en contra o se abstendrá, según dijo Del Valle, tras reunirse en el Parlamento regional con Íñigo Fernández y María José González Revuelta, miembros de la comisión del PP que se están encargando de las negociaciones para la investidura. También participó en este encuentro la cabeza de lista de la candidatura autonómica de Vox, Leticia Díaz.
En la reunión, el PP pidió a Vox formalmente que permita un Gobierno del PP en solitario y vote a favor o, al menos, se abstenga en la investidura de Buruaga como presidenta de Cantabria. Y para lograrlo, invitó a Vox a que presente un documento que incluya aquellas «cuestiones de carácter general, no un programa de gobierno», que considere «esenciales», según explicó Fernández.
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