La presión de los padres obliga a aplazar la aprobación del calendario escolar

La razón de que este compromiso verbal no se firmase definitivamente ayer en el seno de la Mesa Sectorial es el conflicto abierto entre la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) y la Administración por las jornadas reducidas de septiembre y junio en Infantil y Primaria, que ha llevado al consejero, el socialista Francisco Fernández Mañanes, a pedir «tiempo» a los sindicatos docentes para buscar soluciones que den respuesta a las demandas de las familias.

El colectivo que representa a los padres de alumnos de la educación pública había anunciado «movilizaciones» en caso de que no se concretarán sobre el papel medidas para extender esos horarios reducidos de principio y final de curso desde las 12.30 a las 14.00 horas, algo a lo que la propia Consejería, entonces dirigida por Ramón Ruiz, se había comprometido en 2016 para ayudar a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

FAPA se ha reunido en los últimos días con todos los grupos políticos del Parlamento regional y con el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, para transmitirles su hartazgo por el incumplimiento de ese compromiso y pedirles que instaran a la Consejería a no cerrar un acuerdo sobre el calendario sin solucionar este problema. En este contexto, Mañanes ha abogado por fomentar «el diálogo» y «acercar posturas» y no hacer más grande la crisis aprobando un calendario con la oposición de los padres, pese a que legalmente está capacitado para ello ya que tiene un acuerdo con los sindicatos.

Además, el Consejo Escolar, del que forman parte todos los representantes de la comunidad educativa, recomienda en su informe sobre el calendario escolar, aprobado por unanimidad hace apenas un mes, ofertar a las familias la posibilidad de que los alumnos puedan permanecer en los colegios hasta las 14.00 horas, «realizando actividades extracurriculares de carácter pedagógico de manera gratuita». Demasiados condicionantes como para no tenerlos en cuenta.

Ya el lunes, el titular de Educación había apuntado que su departamento iba a intentar dar «con alguna clave» que «pueda satisfacer» esta demanda, «en la medida de lo posible y dentro de nuestras posibilidades legales y presupuestarias», para que las familias «se incorporen también» al apoyo al calendario escolar. Mensaje que trasladó ayer a la Mesa Sectorial.

Educación ha garantizado a las organizaciones sindicales que la ampliación de la jornada a cinco horas de septiembre y junio será con actividades de carácter extracurricular, no lectivas, eximiendo a los profesores de esas tareas. Una circunstancia a la que FAPA no pone objeciones, tal y como ha reconocido su presidenta Leticia Cardenal. Ahora resta saber cómo puede la Consejería afrontarlas teniendo en cuenta las limitaciones legales y económicas que tiene para poder abordar la contratación de monitores, tal y como admitió la pasada semana Mañanes.

Entonces apuntó como alternativas alentar a los centros educativos a realizar actividades en ese horario, publicar subvenciones para que las programen las AMPA de cada colegio y pedir colaboración a la Federación de Municipios de Cantabria para que los ayuntamientos las organicen o ayuden a pagarlas. Pero la primera opción es inviable, la segunda fue rechazada por los colectivos de padres y la tercera se encuentra con el problema de que las corporaciones locales no tienen contemplada esta posibilidad en sus presupuestos.

Así que la pelota está de nuevo en el tejado de la Consejería, que ayer mostró a los sindicatos su disposición a buscar «soluciones técnicas» y a hacer un «esfuerzo económico» para resolver esta situación. STEC, ANPE, CC OO y UGT sugirieron realizar una consulta de forma inmediata en los centros educativas para conocer cuántos alumnos -en Infantil y Primaria hay este curso alrededor de 50.000- se apuntarían el próximo curso a esas actividades extracurriculares en septiembre y junio para calcular de forma más concreta el coste que supondrían y las opciones de asumirlo.

Educación ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión en el plazo de «siete o diez días», periodo en el que espera hallar una solución y el consiguiente apoyo de los padres. Entonces sí se estamparía el acuerdo que no se firmó ayer.