PP y PRC enfilan un acuerdo de investidura sin hablar de auditorías ni cargos en el Gobierno

El equipo negociador del PRC –Paula Fernández, Javier López Marcano, Guillermo Blanco y Rosa Díaz, todos del núcleo duro de Revilla– puso sobre la mesa la continuidad de proyectos en marcha, como La Pasiega, el Mupac y la protonterapia. Algo que sus homólogos del PP –María José González Revuelta, Roberto Media, Íñigo Fernández e Isabel Urrutia– no ven con malos ojos. Primero, porque son proyectos que el PP también lleva en su programa. Y segundo, porque se trata de actuaciones ya adjudicadas y alguna de ellas con las obras en marcha, por lo que no pueden echarse atrás.

Los regionalistas también piden a Buruaga que tenga un trato ecuánime con todos los ayuntamientos. Es decir, que el próximo Gobierno de Cantabria no reparta el dinero en función de las siglas, sino que tenga en cuenta también los municipios regidos por el PRC. El PP también dará luz verde a esta reclamación, aunque sea dificil de concretar y acabe plasmado en el documento de acuerdo solo como una mera declaración de buenas intenciones.

La última condición para abstenerse en la investidura es que el próximo Ejecutivo siga reclamando en Madrid la continuidad de las obras del Estado en marcha y la financiación pendiente. Algo que tampoco supondrá un problema excesivo para el PP, al que el PRC ha puesto una alfombra roja para gobernar en solitario con unas peticiones no demasiado caras, en opinión de los propios populares.

«Hemos hablado exclusivamente de un acuerdo programático, cuya finalidad se centra en evitar que en Cantabria se desarrollen las políticas de Vox», señalaron los regionalistas.

En ningún momento se habló sobre la entrada del PRC en el Gobierno de Cantabria ni la negociación de ningún cargo, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento regional. Pese a que ninguno de los protagonistas de la reunión quiso hacer declaraciones o valorar su contenido, el PP sí se sintió obligado, después, a emitir un comunicado para dejar claro que «no renunciará al cumplimiento de la legalidad y de los principios de buen gobierno, trasparencia y honestidad en la gestión pública» durante la negociación. Es decir, los populares no van a renunciar, en ningún caso, a cumplir los compromisos que, en materia de transparencia, Buruaga prometió en campaña. Un mensaje dirigido directamente a Vox, que en los últimos días se ha encargado de difundir la idea de que el PP tragará con «la corrupción» del PRC para desbloquear la investidura de Buruaga.

El propio Santiago Abascal habló del tema esta semana: «Existiendo la posibilidad de una mayoría alternativa, si el PP opta por la continuidad pactando con la corrupción que representa Revilla, en contra de lo que han votado los cántabros, tendrá consecuencias muy graves», advirtió sin concretar cuáles serían esas consecuencias. Una situación que puede producirse también en Extremadura o Aragón, donde el PP está hablando con otras fuerzas regionalistas, mientras Vox sigue «esperando tranquilamente con la mano tendida».

La postura de Vox Cantabria y las declaraciones de su líder han sentado muy mal en el PP, que mantiene su idea original de encargar una auditoría en Obras Públicas y otra en torno a la gestión del Servicio Cántabro de Salud. La de Obras Públicas trataría de analizar los últimos veinte años en ese departamento y, en todo caso, transcurriría en paralelo a la investigación judicial en curso por el caso de corrupción del funcionario encarcelado. «Abrir puertas y ventanas», dijo Buruaga en un mitin en Santoña al hablar de esto. «Necesitamos saber qué ha pasado todos estos años». La segunda, la del SCS, tendría más que ver con la gestión, con la eficacia.

En cualquier caso, no se trataría de comisiones de investigación, que fue la línea roja que marcó Revilla para abstenerse en la investidura. «No queremos lo mismo que ocurrió en 2011. Esperemos que no se comporten como en aquella legislatura, con esa tortura de un montón de comisiones de investigación e, incluso, llevándolas a los tribunales. No tenemos nada que ocultar, pero que se dediquen a gobernar», apuntó la semana pasada el líder del PRC. Unas palabras que en el PP ven como una torpeza, ya que solo han servido para alimentar el argumentario de Vox.

Los populares no tienen previsto judicializar la legislatura como ocurrió hace doce años, cuando aquel PP de Ignacio Diego llegó al poder. Aquel entonces se promovieron dos comisiones de investigación, la del 'caso GFB' (la fábrica de fibroyeso en Orejo) y la del 'caso Cantur', que luego derivó en el 'caso Racing'. Las conclusiones de ambas indagaciones terminaron en los tribunales, donde fueron archivadas por ausencia de delito, aunque hubo reproches hacia la gestión del bipartito PRC-PSOE.

Además, dos días después de ganar las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, en 2011 Diego anunció que una de sus primeras decisiones iba a ser encargar dos auditorías, una contable y otra de eficiencia, de todas las empresas públicas del Gobierno regional.

Ya en 2016, tras un cambio de Gobierno, el bipartito PRC-PSOE impulsó a su vez una comisión de investigación sobre Ecomasa (la fábrica de estufas de Camargo que cerró pese a los cerca de 21 millones invertidos por el Gobierno del PP). Dos años después, la Fiscalía archivó las conclusiones de la investigación.

Pero las cosas son muy distintas ahora. Existe un clima de entendimiento y diálogo entre PP y PRC, y las relaciones entre sus líderes son buenas. De hecho, desde el Partido Popular explican que la buena disposición en la negociación de ayer es la consecuencia de una legislatura entera, la de los últimos cuatro años, en el que ha existido mucha comunicación en el Parlamento entre ambas formaciones.

Estas buenas relaciones se intensificaron durante la pandemia, cuando Buruaga facilitó la gestión del Gobierno en un momento tan complicado. «Puede contar con el Partido Popular para recuperar Cantabria», le expresó la líder del PP a Revilla aquel agosto de 2020, tras una reunión en la que analizaron los proyectos del fondo de reconstrucción europeo. Al término de la entrevista, el presidente valoró que ambas siglas estén «muy de acuerdo en los planteamientos globales».

Este clima de entendimiento es muy útil al PP para llevar a buen puerto su intención original: gobernar en solitario y no incluir en su equipo de Gobierno a nadie que no sea de su partido (ni de Vox ni del PRC). Al menos hasta después de las elecciones generales, cuando el resultado nacional dicte en qué posición quedan PP y Vox.

A eso se suma la insistencia de dejar libertad a las agrupaciones locales para negociar gobiernos en sus ayuntamientos, lo que excluiría, en principio, un pacto global en el mapa municipal. En principio, y pese a los rumores divulgados los últimos días, en el acuerdo de investidura entre PRC y PP no está incluido el gobierno de ningún ayuntamiento. Desde Vox se había dicho que Reinosa, Laredo y Torrelavega serían piezas de la negociación, pero ni PRC ni PP han reconocido este extremo.

Poco se parecen estas negociaciones a las que se vivieron en el Parlamento la última vez que un presidente necesitó a un partido ajeno a su socio de Gobierno para ser investido. Fue en 2015, cuando PRC y PSOE se encontraban en minoría y Revilla necesitó a Podemos para ocupar la Presidencia. Le costó el cargo a Javier Marcano, hoy miembro de su equipo negociador.