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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, llevaba semanas preparándo a conciencia su discurso en el primer debate sobre el estado de la región de la legislatura, el primero también desde que llegó al poder hace un año. En 2022 escuchó desde su ... escaño de líder de la oposición las palabras de Miguel Ángel Revilla, una intervención en la que el regionalista auguró para la comunidad autónoma «un futuro extraordinario» y evitó cualquier tipo de autocrítica. Buruaga tomó entonces nota para no caer en el mismo error. Durante las algo más de dos horas que estuvo este miércoles en la tribuna, la popular jugó a hacer un equilibrio entre celebrar los logros de sus primeros doce meses de mandato, avanzar sus planes de futuro y, también, poner el acento en aquello que todavía no funciona en la región. Eso sí, responsabilizando de todo lo malo a sus antecesores en Peña Herbosa. «Una deriva de veinte años no se corrige en apenas once meses», afirmó Buruaga, que arrancó con críticas al Gobierno central y acabó del mismo modo. Con críticas al Gobierno central –bastante más que al bipartito–, al que volvió a acusar de romper la igualdad entre los españoles con sus políticas. «Los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», subrayó.
La propia jefa del Ejecutivo avisó de que no venía al Parlamento para caer en la autocomplacencia ni en la demagogia. Sin embargo, como le toca a un presidente en este tipo de citas, dedicó el grueso del tiempo a sacar pecho. «Hacía muchos años que en esta tierra no había sensación de rumbo definido. Todo era lentísimo o se quedaba sin hacer y la lista de proyectos bloqueados o retrasados era interminable. Eso ha cambiado y Cantabria ahora tiene rumbo, ritmo y horizonte de futuro», celebró Buruaga, que quiso reconocer al PRC el apoyo en esta legislatura, primero para propiciar su investidura y después para aprobar los Presupuestos que están en vigor.
Un PRC ahora distanciado del Ejecutivo y cuyos diputados han sido los que, desde el escaño, más críticos se mostraron mientras escuchaban a la popular. Molestos con las «mentiras»que detectaron y con la apropiación –eso piensan los regionalistas– por parte de los nuevos consejeros del trabajo de sus antecesores. Ni una alusión directa a PSOE y Vox, los otros dos grupos de la oposición. No les hizo ningún guiño en positivo –más allá del ofrecimiento genérico de colaboración y diálogo– y sí les lanzó alguna indirecta. «Algunos partidos nos han pedido que hagamos en ocho meses lo que no pudieron hacer en ocho años», dijo mirando a la bancada socialista.
Por ejemplo, en los ocho años anteriores no se dieron grandes pasos en relación a la Residencia Cantabria –sí se aprobó un plan rector para buscar usos y analizar si era posible restaurar el edificio sin echarle abajo– y Buruaga sí avanzó este miércoles que el derribo comenzará después del verano para poner las bases del futuro Parque Científico y Tecnológico y de la Salud. Ese fue uno de los principales anuncios de la presidenta, además de nuevos cambios en la política fiscal. Después de defender las bondades de la bajada de impuestos que entró en vigor el 1 de enero, que beneficia «especialmente a rentas medias y bajas» y que ha propiciado que suceda «lo que dijimos que sucedería, que con menos impuestos recaudamos más, seis millones más en los cinco primeros meses del año», la jefa del Ejecutivo pondrá sobre la mesa dos medidas que profundizan en esta vía. Concretó dos nuevas deducciones fiscales en el IRPF para captar inversión extranjera y para familias que trasladen a su residencia habitual a Cantabria desde otra comunidad autónoma o país.
«No estoy haciendo otra cosa que cumplir lo que prometí», continuó la presidenta, que por ese mismo motivo –porque lo dijo hasta la saciedad en la campaña electoral– no tiene ninguna intención de meter en su Gobierno consejeros que no sean del PP. Mantendrá, o esa es su intención mientras pueda, un Ejecutivo «en solitario y en minoría». Uno de los mensajes que quiso fijar Buruaga con fuerza es que esa situación no hace que su Gobierno sea «inestable o débil».
Esa minoría mayoritaria en la Cámara la quiere suplir Buruaga con acuerdos. Con los partidos de la oposición y también con la sociedad. Puso como ejemplo los pactos con el sector primario y también con los profesionales médicos, al que sumará en las próximas semanas el pacto de la Justicia. La popular, que prometió en su investidura que sería «una presidenta muy sanitaria», tardó en sacar el asunto, pero cuando lo hizo se explayó. Reconoció los problemas, aunque no se hizo responsable de ninguno de ellos y recriminó los datos de las listas de espera a la herencia recibida. Aseguró que las medidas puestas en marcha ya están cambiando la tendencia y que, de ahora en adelante, «invertiremos lo que haya que invertir» para reducir las esperas y revertir el déficit de profesionales. Dio cifras, afirmó que no cerrará «ni un solo consultorio médico» y confió en que, tras el revuelo inicial, estos acuerdos laborales se puedan extender también al ámbito de la enfermería. A falta de que el Servicio Cántabro de Salud haga públicas sus estadísticas, la jefa del Ejecutivo adelantó que la demora media para operarse ha pasado de 173 a 142 días.
En su primera intervención, Buruaga pasó por encima de la auditoría en Obras Públicas que investiga la presunta trama de corrupción en el área de Carreteras, e indirectamente reconoció la escasa actividad legislativa de su Gobierno estos primeros doce meses. Se corregirá en los próximos meses con la llegada a la Cámara de la Ley de Simplificación –una de las grandes promesas de la legislatura para impulsar la actividad económica y facilitar la vida a las familias–, la Ley de Carreteras, la Ley de Función Pública, la Ley de Autoridad del Docente o la Ley de Comprobación Ambiental... Esta última, junto a las figuras de la 'declaración de proyectos estratégicos' y la nueva 'unidad aceleradora', pretende propiciar una tramitación preferente y la reducción de plazos en inversiones estratégicas. Todo dentro de un paquete económico que también incluirá el silencio administrativo positivo, de tal forma que cuando una empresa realice un trámite en una consejería, si no tiene respuesta en el tiempo fijado, pueda seguir adelante con sus planes.
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Esta batería de nuevas normas, junto los datos de licitación de obra pública y la lista de actuaciones pendientes en infraestructuras de comunicación o turísticas –confirmó que se construirá un tobogán alpino en Cabárceno, el teleférico de Vega de Pas y que se reformará el teleférico de Fuente Dé, además de otras actuaciones hasta los 80 millones–, fue uno de los argumentos que utilizó la presidenta para tratar de contrarrestar la acusación unánime de la oposición y también de la CEOE: la de «inacción». Frente a esas voces, la de la presidenta defiende que con su llegada «se ha acabado la ideología y ha empezado la gestión».
Como «no creemos en la ideología», Buruaga señaló que en materia educativa también se ha mejorado y se seguirá mejorando el apoyo a la concertada, porque «creemos en la libertad de elección de centro». Para la pública, anuncia un plan de salud física y mental de los menores a partir de septiembre y también que la política de reducción de ratios de alumnos llegará al segundo curso de Primaria, donde las clases serán de 25 escolares y no de 20. Igual que enumeró obras en infraestructuras sanitarias, también lo hizo con las de los colegios y centros educativos. Algunas conocidas y otras nuevas.
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Gonzalo Sellers
Nuevas normas y también nuevos decretos. Después de dar muchas vueltas a la fecha de aprobación del decreto de viviendas turísticas, concretó que se conocerá en unos días y que permitirá a los ayuntamientos limitar–está por ver con qué fórmula– los alojamientos de este tipo a bajos y primeras plantas. Si el asunto turístico es uno de los grandes debates nacionales, el otro es el de la vivienda, tema al que también dedicó minutos. Así, además de recordar el plan para construir 300 nuevos hogares que se destinarán a alquiler asequible con la aportación económica del Gobierno central, otro decreto relevante será el de ayudas al alquiler.
Después de reprochar al Gobierno central que la Ley de Vivienda nacional es, en su opinión, contraproducente para favorecer el acceso a la vivienda –Buruaga regó toda su intervención con reproches al Gobierno de Sánchez y al «populismo barato» del PSOE– apuntó que el nuevo decreto aumentará de 500 a 700 euros el límite máximo del alquiler para cobrar una ayuda de hasta el 40% del gasto y que rebajará otras exigencias. En esta línea, también señaló avances en la Ley regional de Vivienda y en el plan para movilizar inmuebles vacíos. El PSOE ya dejó uno cuando estuvo al frente de la Consejería, pero los populares entienden que no ha dado sus frutos.
Si uno de los pilares de la gestión de Buruaga pretende ser las políticas de bienestar y otro el buen gobierno y la transparencia –aquí sí dio un palito al PRC y a las contrataciones en Cantur–, el primer objetivo es «hacer funcionar la economía para sacar a la región del furgón de cola y colocarla más cerca de la locomotora». La presidenta desgranó datos económicos y aseguró que los números, después de mucho tiempo, cada vez son más convergentes con la media de España. Y aseguró que ese cambio está muy relacionado con medidas como la bajada de impuestos o el Plan de Autónomos. ¿Objetivos a medio plazo? El principal, que la industria llegue al 25% del PIB.
En lo que Buruaga sí copió a Revilla fue a la hora de incluir en el capítulo de logros propios las inversiones privadas en el horizonte. Tras enumerar las 23 grandes inversiones que tienen en cartera cada una de las principales empresas, puso sobre la mesa que, de materializarse, supondrán una inyección de 5.470 millones de euros y la creación de 2.000 empleos. «Antes las empresas huían de Cantabria y, ahora, miran y se acercan a nuestra comunidad», dijo la presidenta, que puso de ejemplo el inicio de las obras del parque eólico de El Escudo. El PRC esperaba que en este capítulo Buruaga agradeciera el trabajo administrativo hecho durante la pasada legislatura, pero no lo hizo. En un discurso en el que no se habló de cambio climático o medio ambiente, solo tocó lateralmente cuando afirmó que el desarrollo eólico que está por venir será «racional, ordenado y sostenible».
También imitó a su antecesor a la hora de presumir de los números del sector turístico y celebrar que se avanza en el reto de aumentar los meses de temporada alta. En este el discurso de este miércoles era intercambiable con el de 2022. En contra de lo que anunció en el arranque, sí cayó en la autocomplacencia cuando celebró incluso las estadísticas del Seve Ballesteros, que ha perdido un 11% de viajeros en lo que va de año.
Frente a las críticas al Gobierno central por el retraso en la ejecución de las obras ya empezadas –nudo de Torrelavega– y el abandono de las que están en proyectos –el tren a Bilbao o el tercer carril del a A-8–, garantizó que la Consejería de Fomento iniciará la construcción del puente de Requejada a Suances antes de 2027. Para cerrar, avisó de que peleará ante Madrid para no perder posiciones en el nuevo modelo de financiación autonómica ante el riesgo de que Sánchez privilegie a Cataluña.
En su primera intervención, la presidenta de Cantabria no hizo referencia al 'caso Obras Públicas' y tampoco a la auditoría que la Consejería de Economía ha iniciado para saber cómo es posible que surgiera una supuesta trama de corrupción en el departamento que actuó durante años y hasta que se destapó el escándalo en febrero de 2023. Tampoco le preguntaron por el asunto ni PRC ni PSOE. Sí Vox, que lamentó que Buruaga haya «echado tierra sobre la porquería de la corrupción». «No hemos abandonado la auditoría de Obras Públicas», respondió la jefa del Ejecutivo.
«Cómo vas a abandonarla si fuimos nosotros quien la puso en marcha», continuó Buruaga, que dio las gracias a los auditores por el «excelente trabajo» que están haciendo y adelantó que el resultado preliminar se conocerá como tarde en agosto. Eso sí, no dio nuevas pistas sobre el contenido.
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