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El 29 de abril de 2009 será una fecha siempre recordada como una de las más negras de la historia del urbanismo de Cantabria. Ese día, las máquinas excavadoras comenzaron a derruir las primeras casas con sentencia de derribo. Los municipios de Arnuero y Bareyo ... dieron el pistoletazo de salida a una carrera iniciada mucho antes y que no ha terminado. En 1994, la justicia comenzó a comunicar la ilegalidad de cientos de viviendas que sus propietarios habían comprado sin saberlo. Son los paganos de un problema generado exclusivamente por los ayuntamientos y el Gobierno autonómico, que 30 años después continúa sin ser resuelto por completo. Los últimos cuatro chalés demolidos desde la semana pasada en la urbanización de Cerrias II, en Liencres (Piélagos) –falta sólo el quinto–, es un buen ejemplo. Y aún quedan en la región otras 463 casas sentenciadas.
El 'Chiringuito de Mingo', en Ajo, se convirtió en el icono de una lucha intensa y larga. Fue el primero que trataron de derribar las máquinas en noviembre de 2008. Pero ese día, cientos de vecinos acudieron para evitarlo. Lo consiguieron, pero sólo de manera parcial. Unos meses después, el citado 29 de abril de 2009, un amplísimo dispositivo policial –incluido el por entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Juan Airas– acudió para evitar nuevos altercados. Se desplegó tanto en la playa de Ajo, donde 'Mingo', como en la playa de La Arena, en Isla, donde esa misma jornada fueron demolidos 42 de los 144 apartamentos de la urbanización El Encinar.
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Eran las siete de la mañana cuando dos máquinas taladradoras y una excavadora comenzaron a formar frente a los apartamentos de El Encinar. Estos 42 apartamentos no estaban habitados y tampoco llegaron a terminarse. Su constructora, Cenavi, paralizó las obras tan pronto como se hicieron públicas las primeras sentencias que declaraban ilegal la licencia concedida por el Ayuntamiento de Arnuero. Para las cinco de la tarde, la totalidad de la estructura había sido demolida. De los bloques 1 y 2 de la promoción, ya sólo quedaban escombros.
No lejos de allí, sucedía algo parecido. Era un mero chiringuito de playa, pero albergaba a una familia en la parte superior de la construcción, la de Domingo Herrero Moure 'Mingo', que había vivido allí 30 años. Casi de manera sarcástica, la nueva Ley de Costas que se tramitaba y aprobó un año después hubiese permitido su continuidad.
Hasta entonces nadie creía que en Cantabria pudieran darse situaciones como estas. El boom del urbanismo descontrolado y permitido por las administraciones se convirtió en la peor pesadilla de cientos de familias que compraron sus casas y chalés pensando que estaba todo en regla. De hecho, tres décadas después, ninguna sentencia les ha culpado. Todas han responsabilizado al Gobierno regional y a los diferentes ayuntamientos.
Las sentencias de derribo corrieron como la pólvora. Las primeras surgieron en Escalante. Luego le siguieron Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo... No todas han corrido la misma suerte. Algunas urbanizaciones, como la ubicada en la playa de Marzán, justo encima de la playa de Cuchía (Miengo), consiguió salvarse de la piqueta. Los propietarios de las 20 viviendas respiraron en 2018 por fin tranquilos después de que un juez, tras la denuncia de la asociación ecologista ARCA, declarase ilegal la licencia municipal y ordenase la demolición.
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Precisamente el reguero de comunicaciones judiciales de derribo llevó a los afectados a convertirse en asociación. Era abril de 2005. La llamaron AMA, acrónimo de Asociación de Maltratados por las Administraciones, porque se sienten vilipendiados por los políticos. El colectivo ha tratado con gobiernos y ayuntamientos de todos los colores, pero el «drama» de los derribos continúa. Antonio Vilela es el incombustible presidente de un grupo, explica, que «ya tiene una media de edad de entre 70 y 80 años».
El paso del tiempo, precisamente, es lo que más les pesa. Muchos de los propietarios han muerto esperando una solución. AMA hasta llevaba la cuenta, pero dejó de hacerlo por el sufrimiento que producía. En 2020, habían contabilizado 189 fallecimientos. Cuatro años después, la cifra supera los dos centenares.
La siguiente demolición de esta cronología, la tercera desde el inicio del problema, echó al suelo sólo una vivienda. Se trataba de una casa también sin acabar, que se encontraba en estructura en el conocido como Camino del Portillo, en el municipio de Argoños –el que más sentencias de derribo acumula desde entonces, 254–. Era uno de los cinco inmuebles con licencia de Pepín Cano. La casa, cuyas obras fueron paralizadas por los tribunales antes de su finalización, formaba parte de una grupo de construcciones aisladas orientadas en línea.
El por entonces consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández (PP), asistió en persona a la demolición. Quiso que quedase «muy claro» que las sentencias «hay que cumplirlas y ejecutarlas», pero «respetando los derechos de los afectados». El Ayuntamiento de Argoños fue el que tuvo que asumir los gastos.
De todas las tropelías urbanísticas cometidas en la región durante estas tres últimas décadas, sobresale una por encima de todas. El megaproyecto de construcción inicial de 400 viviendas en el Alto del Cuco en Mompía (Piélagos). Para llevarlo a cabo, sus constructores seccionaron, literalmente, el monte que da nombre a la urbanización de manera tanto longitudinal como transversal. El impacto visual era tan alto que la mancha, entre marrón y amarilla, se podía distinguir en los días despejados desde todas las cumbres de los Picos de Europa orientadas hacia la costa.
254 viviendas
en Argoños tienen sentencia de derribo. Es el municipio de Cantabria que más expedientes de
3,7 millones
le ha costado a Piélagos la regeneración ambiental del Alto del Cuco. Ahora el Ayuntamiento se lo reclama a Fadesa.
102 viviendas
hay en el municipio de Arnuero con expediente de derribo, pero además existen otras 75 en Piélagos y 32 más en Escalante.
Fue levantada en 2004, en pleno boom inmobiliario. Las estructuras de la urbanización se mantuvieron en pie, sin terminar, durante casi diez años. El Cuco se convirtió en la imitación cántabra de 'El Algarrobico', que se pone siempre de ejemplo de la brutalidad urbanística nacional. Dejó una gigantesca cicatriz de 600.000 metros cúbicos de monte. El caso lo denunció, de nuevo, ARCA. Los tribunales tumbaron la urbanización en sucesivas sentencias por el «brutal impacto paisajístico» que generaba.
En 2016, las grúas de Tragsa comenzaron la demolición. Echaron abajo 214 viviendas, en las que no vivía nadie, pues ni siquiera había dado tiempo a terminarlas. El único condenado por aquella tropelía fue el Ayuntamiento de Piélagos, al que los jueces obligaron a derribar las moles inacabadas.
La restauración medioambiental a la que obligó también la justicia comenzó ocho meses después. Ahora aquel inmenso tajo parduzco es completamente verde. La regeneración ha costado a los vecinos de Piélagos 3,7 millones de euros. Los que el Ayuntamiento terminó de abonar el año pasado al Gobierno regional, que hizo de prestamista, para derribar todo lo que allí no debería haberse levantado nunca y así dejar el suelo lo más parecido a como se encontraba. Lo que aún se litiga es la reclamación judicial municipal contra la constructora, Fadesa, para que sea la empresa gallega la que tenga que asumir finalmente los costes.
Las sentencias de derribo siguen siendo el principal quebradero de cabeza para muchas familias en Cantabria. Actualmente, hay 463 viviendas con resoluciones firmes de demolición. La Administración trata de solucionar el problema apurando legalizaciones a través de las modificaciones de los planes generales de los municipios, llegando a acuerdos a los afectados para construirles una casa de sustitución o para indemnizarlos. Pero también hay propietarios que se encuentran en un limbo, con una espada de Damocles sobre sus cabezas.
Entre cuatro municipios acumulan los 463 expedientes vigentes. Argoños encabeza esta deshonrosa clasificación. En total, 254 viviendas afectadas hasta en 16 sentencias diferentes trasladadas a las administraciones implicadas. Le sigue Arnuero. Tras la demolición de las 42 viviendas cercanas a la playa de La Arena, en Isla, hay otras 102 viviendas en el mismo lugar, en la denominada como urbanización de El Encinar.
Piélagos, por su parte, acumula otras 75 sentencias de derribo después de que comenzara a derruir la semana pasada cinco chalés de la zona denominada Cerrias II, en Liencres. Están a la espera de ver lo que ocurre con otras en Cerrias II y en la unidad L-05, en pleno casco urbano de la localidad. Por último, las últimas casas afectadas se hallan en Escalante, en el edificio Las Torres. Otras 32 que deberán ser derruidas.
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