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Los dos miembros del bipartito regional en boca de sus máximos responsables, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Pablo Zuloaga (PSOE), coincidieron el pasado lunes en que la salida del Ejecutivo de la consejera de Economía, María Sánchez, se debió a una decisión personal. Que no ... fue un cese, sino una dimisión de la socialista tras observar la falta de apoyo a una medida que ella había dado por hecha unos días antes: una bajada de impuestos a través de una actualización del IRPF para ahorrar una media de 154 euros a cada contribuyente con un impacto presupuestario para las arcas autonómicas de alrededor de 28 millones.
Revilla y Zuloaga dieron su versión de la dimisión aludiendo a un error de cálculo en la estrategia para minimizar el impacto de la subida de precios en los cántabros. Que dejar de ingresar 28 millones de euros era algo «inasumible» para la hacienda pública en un momento de una incertidumbre economómica «muy alta» por el contexto internacional. «Había creado un malestar en el seno del Gobierno por haber lanzado una propuesta que no es asumible en este momento. Y ella misma ha reconocido el error y ha dimitido», dijo Revilla. Palabras muy similares a las del vicepresidente, que prefería poner el acento en la parte positiva: «Asume una responsabilidad política pocas veces vista en Cantabria o en otros gobiernos, y le agradezco y le reconozco esa capacidad política de asumir en primera persona una decisión de esta altura política».
De forma coordinada, echaron por tierra una medida más o menos acertada que previamente ambos habían aplaudido. Porque cuando el miércoles de la semana pasada María Sánchez hizo el anuncio, tanto el PRC como el PSOE salieron a celebrar la iniciativa de la ya exconsejera. Los regionalistas lo hicieron a través de una publicación en sus redes sociales que todavía está colgada y los socialistas a través del propio Zuloaga por la misma vía.
«Preservamos el Estado del Bienestar en Cantabria», defendía el PRC en un gráfico al que incorporó sus siglas antes de enumerar las dos novedades fiscales: por un lado, la bajada de impuestos en el IRPF de 2022 -se iba a notar en la declaración de la renta del año que viene- de la polémica, y, por otro, la exención de tasas. El mismo 6 de abril, poco después de que finalizara la rueda de prensa de la exconsejera, Zuloaga también parecía contento con el anuncio. «Pensamos en las personas y en las consecuencias de la guerra de Putin. Desde la Consejería de Economía aprobaremos en Cantabria una rebaja del IRPF de 154 uros de media por contribuyente para compensar la escala de precios», decía en un mensaje de Twitter que daba por hecha su aprobación y que posteriormente borró. Especialmente llamativo fue lo del PRC, que, como ocurre en sentido contrario, tiene costumbre de publicitar solo las medidas de sus consejerías, no las del socio.
También desde el PSOE respaldó a Sánchez el responsable de Economía del partido y director de la Agencia Tributaria de Cantabria, César Aja. Lo hizo en respuesta a una rueda de prensa de la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, en la que pedía un rebaja fiscal más profunda. Aja defendía la medida de su todavía superior en la Consejería, subrayaba que era progresiva porque beneficiaría más a las rentas más bajas y decía que se llevaba a cabo «pensando en el bienestar de las personas para que, ante las graves consecuencias económicas y sociales ocasionadas por la guerra de Putin, nadie se quede atrás».
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