PSOE y Ciudadanos quieren fiscalizar el uso que la Iglesia hace del dinero público

Concretamente, la propuesta socialista pretende añadir entre los sujetos obligados a cumplir con la ley de transparencia, además de a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, a «las iglesias, comunidades y otras entidades inscritas en el registro de entidades religiosas», así como a las corporaciones, asociaciones, instituciones y entidades representativas de intereses colectivos.

El portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Víctor Casal, explica que su partido ha «seguido la estela de otras leyes autonómicas, para por ejemplo extender las obligaciones de la Ley de Transparencia a las corporaciones religiosas que sean perceptoras de fondos públicos, tal y como recoge la norma andaluza». Los socialistas cántabros consideran «perfecto» el documento base presentado por la Consejería de Presidencia y Justicia, dirigida por Rafael de la Sierra, y aspiran con sus enmiendas a llevar la transparencia «a mayores».

La petición de Ciudadanos va en la misma línea, pero acota más la fiscalización. La formación naranja incluye las iglesias, así como confesiones, comunidades y otras entidades inscritas en el registro de entidades religiosas, «que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 25.000 euros o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcance como mínimo la cantidad de 5.000 euros».

Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos, recalca que la petición se hace porque no venía en el listado de organismos que quedaban bajo el paraguas de la ley. «Entendemos que allí donde hay dinero público debe haber transparencia, porque lo contrario es lo extraño. Si no quieres tu fiscalización o que lo que hagas con el dinero sea de carácter público, no juegues con ello», explica el diputado, quien cree que «todo el mundo tiene derecho a conocer que se hace con su dinero».

Dicho esto, Gómez insiste en que la incorporación de la Iglesia «no quiere decir que se dude en qué se invierte, sino que tenemos derecho a conocer, igual que hemos pedido incluir también a los clubes deportivos». Los naranjas han hecho esta petición al comprobar que esta institución se quedaba fuera de la lista de estamentos que deben rendir cuentas de cómo gestionan los fondos públicos y, aunque lo consideran una «anécdota» dentro de todas las enmiendas que han presentado, creen que debe incorporarse al resto de organismos.

A nivel nacional, los obispos sólo tienen la obligación de presentar una memoria sobre el uso que han hecho de los fondos públicos, que reciben sobre todo de lo recaudado por la vía de la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF, y que ronda cada año en 250 millones de euros; esto, además de los beneficios fiscales de que disfrutan, como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Además de estas dos enmiendas, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PRC, han presentado otras 135. Para procurar el cumplimiento de la norma se ha previsto la creación de un consejo de transparencia, una «unidad específica» que según el Gobierno, no supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que se encargarán de ella tres funcionarios.

Sin embargo, el PP no está de acuerdo con la creación de este «nuevo organismo autónomo, con estructura y altos cargos» y pide que Cantabria siga adscrita como hasta ahora al Consejo Nacional de Transparencia, de forma que siga siendo éste el órgano encargado de conocer las reclamaciones. Además, el PP reclama en sus enmiendas más transparencia en varios ámbitos, en especial en los gastos de los cargos directivos del gobierno, de los que pide que se publiquen las retribuciones anuales, indemnizaciones y dietas; importe de los gastos de representación con detalle del motivo, fecha y cuantía; y en el caso de comidas, indicación del lugar, comensales y motivo.

Por su parte, Podemos persigue la creación de un Registro de lobbies en el que se inscriban y controlen las personas físicas y jurídicas, así como otras entidades que actúan con el objetivo de «hacer valer algún interés» en la elaboración de la normativa autonómica, en el diseño de políticas locales o regionales o en la toma de decisiones de estas entidades y en sus organismos.