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El PSOE ha pedido hoy que las conclusiones de la comisión de investigación sobre la quiebra de Ecomasa se eleven a la Fiscalía. Los socialistas esperan que, si procede, el Ministerio Público investigue el paradero de los 12 millones de euros que, según ellos, « ... se pierden en el entramado empresarial». El PRC, socio de Gobierno del PSOE, también ha valorado hoy el resultado de la comisión. Los regionalistas aprecian una estafa de 21,2 millones en Ecomasa «con la connivencia del Gobierno de Ignacio Diego». Los 21,2 millones de los que habla el PRC son la suma de la inversión de dinero público concedida por el Gobierno de Ignacio Diego (18 millones) y los 3,2 millones en indemnizaciones cedidos por los trabajadores despedidos de Teka que pasaron a trabajar para Ecomasa-Nestor Martin. El PSOE habla de 12 millones, que es la cantidad que consideran no justificada de la inversión pública. Esos doce millones, señalan, se pierden en «un entramado contable de compra de filiales, de facturación y concesión de préstamos entre empresas de Ecomasa».
Para el PSOE, en la comisión ha quedado patente que «se pierde la trazabilidad de doce millones de euros en el 'holding' empresarial Ecomasa», por lo que considera que la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía para saber donde está esa cantidad sería «de vital importancia para intentar recuperar el dinero público».
Así lo recoge el grupo socialista en sus conclusiones sobre la comisión de investigación, en la que cree que ha quedado demostrada la implicación del Gobierno de Ignacio Diego en la pérdida de 18 millones de euros de dinero público.
Su portavoz en la comisión, Silvia Abascal, apunta como responsables políticos de la pérdida de ese dinero al entonces gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, a los exconsejeros de Economía e Industria, Cristina Mazas y Eduardo Arasti, y al expresidente Ignacio Diego, quien, dice, reconoció su responsabilidad política en su comparecencia.
Según el PSOE, el Ejecutivo encabezado por Diego no puso los medios de los que dispone la Administración para controlar el dinero que le fue entregado a los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León.
En su opinión, ha quedado constatado que ambos dieron prioridad a la financiación de otras empresas del grupo, en perjuicio de la idea principal del proyecto, para la que se les dio el dinero público. Cree que ha quedado evidenciado que la «aventura empresarial» de Ecomasa fue una decisión política con un elevado riesgo para la recuperación del dinero, un riesgo que no tuvo en cuenta ni el ICAF ni Sodercan.
Además, considera que a pesar de los incumplimientos en los pagos y de las advertencias de los informes del propio ICAF se siguieron tomando «las decisiones políticas» de seguir dando dinero al entramado empresarial, con la «necesaria colaboración» del ICAF y Sodercan y los miembros del Gobierno que los dirigían en ese momento.
El PSOE ve acreditado igualmente que los informes presentados por Ecomasa desde el principio no tienen ningún base que sustente las estimaciones que realizaban de ventas, que las garantías de la devolución de los préstamos realizados «eran livianas» y que no se realizaron los controles necesarios para recuperar el dinero público.
A su juicio, la empresa incumplió desde el primer momento el objetivo para el que se le dio el dinero público.
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