¿Se pueden seguir contratando los servicios de las compañías implicadas?

«Nada impide que las administraciones públicas puedan seguir contratando los servicios de estas firmas porque, de momento, no hay medidas cautelares dictadas por la jueza, ni tampoco las va a pedir la Fiscalía», explica un experto consultado por El Diario Montañés. «Los expedientes manchados están manchados, pero son los que están siendo investigados y que están bajo sospecha; pero ello no implica que todos los demás también lo vayan a estar, ni que vayan a estarlo los que se puedan formalizar en un futuro», detalla el experto.

No habrá, pues, problema para que cualquier entidad pública incluya en su plan de licitación a alguna de estas empresas: Rucecan, API Movilidad, La Encina y Cannor. «No al menos hasta que haya una sentencia que dicte una sanción de inhabilitación para contratar con el sector público, que es lo que podría suceder en el caso de que resulten culpables», avanza.

Eso sí. Hay un elemento que no depende del ámbito legal pero continúa afectando al negocio de estas compañías y es la dosis de desprestigio que las rodea y que puede afectar al futuro de las contrataciones: «Con lógica, los contratos se mirarán ahora no con lupa, sino con dos lupas, y esto puede tener consecuencias para todas estas empresas». Pero hasta que no haya sentencia, podrán continuar con su normal actividad pese a estar inmersas en la investigación.