El Puerto celebra el descenso de saltos de los polizones: de veinte diarios a dos mensuales

El 'polizonaje' tiene consecuencias en la destrucción de mercancía y en el menoscabo a la reputación del Puerto como infraestructura segura, y todo ello obligó a tomar medidas. La primera fue elevar la altura de la valla perimetral que lo separa de la ciudad. Se incrementaron los efectivos de seguridad, se construyeron búnkeres para custodiar los contenedores, se instalaron concertinas, cámaras y sensores; y ahora se ha puesto también en marcha un plan de vigilancia con drones. Como resultado, en los últimos tres años, los saltos se han reducido considerablemente, pero no es momento de cantar victoria.

3,5millones de euros ha invertido el puerto en seguridad en los últimos dos años y medio.

«El Gobierno de España nos pide que velemos por la seguridad de esta infraestructura y eso es lo que hacemos», justifica Francisco Martín. Lo que preocupa al presidente de la Autoridad Portuaria (APS) es que el problema no ha desaparecido. «Sencillamente se ha trasladado a otro lugar, al canal de La Mancha, y cuando allí la seguridad se recrudezca, no descartamos que vuelvan a intentarlo en Santander con intensidad», avanza. Por eso no se dará marcha atrás con ninguna medida; incluso pese a que alguna de ellas ha despertado el debate. «No retiraremos ninguna porque el 12% del PIB regional y el 11% del empleo de la región dependen de que este puerto funcione bien y eso son muchas familias», remarca Martín.

Aunque no todo está en manos de lo que haga la APS. Este problema trasciende las fronteras cántabras, incluso españolas, porque tiene una dimensión europea. Las mafias que organizan todo el andamiaje de la inmigración ilegal van trasladando su foco de operaciones. Hace años comenzaron con el puerto de Bilbao, luego se trasladaron a Santander y después a Gijón. Y ahora, cuando estas infraestructuras se han convertido en fortines infranqueables, el tráfico ilegal de personas ha migrado hasta el canal de La Mancha.

140agentes de diferentes cuerpos velan por la seguridad de esta infraestructura.

El ejemplo más claro de esta persecución fue la actuación reciente de la Guardia Civil, que desarticuló el pasado mes en Madrid una organización criminal de origen albanés que se dedicaba a la inmigración irregular hacia Reino Unido. Las víctimas, algunos menores de edad, viajaban como polizones en buques llegando a pagar entre 3.000 y 15.000 euros al grupo criminal para su desplazamiento al país británico. Y muchos, de hecho, se juegan la vida cuando lo hacen.

Son personas que se esconden en remolques que al sol del verano pueden alcanzar hasta 40 grados; que han llegado a colarse en contenedores cerrados herméticamente, que llegan a arriesgarse subiendo a zonas de las chimeneas de los buques... «Llevamos tiempo temiendo que un día uno de estos intentos termine en tragedia y es que es una de las cosas que hemos tratado de evitar por encima de cualquier otra cosa, de verdad», explica Francisco Martín.

En agosto del pasado año dos polizones se equivocaron de camión. Accedieron a uno que en principio iba a entrar al Puerto; pero por contra tomó la dirección contraria, Reinosa. Cuando quisieron darse cuenta era ya tarde. Los dos jóvenes, de nacionalidad albanesa, saltaron en marcha, en plena autovía, y sufrieron heridas de mucha gravedad. Incluso se llegó a temer por la vida de uno de ellos. «Esto es precisamente lo que no se puede permitir, lo primero por ellos».

De otro lado, el daño a las mercancías más que considerable. Cualquier carga que haya sido 'tocada' por un intruso queda invalidada para la entrega. Los polizones pasan muchas horas escondidos y hacen sus necesidades, comen y juegan para pasar el rato en los lugares donde se esconden. Y de este modo echan a perder la carga. «Esto, en un puerto como el nuestro, donde se ha apostado por el producto de alto valor añadido, supone un daño importantísimo», cuentan en la APS.

Tanto, que hay operadoras que han dejado de trabajar con el Puerto de Santander precisamente por este motivo. Porque además todo buque que llegue a Reino Unido con un polizón a bordo debe pagar una sanción de 1.500 libras, y además está obligado a volver al puerto de origen para dejar al sujeto.

Ahora internarse de forma ilícita en el puerto es casi una misión imposible. A las más de 80 cámaras que vigilan el espacio se le suman los 43 policías portuarios, los más de 10 agentes de la Guardia Civil y los 7 profesionales de la seguridad privada que refuerzan la vigilancia, sobre todo por las noches.

Los sensores de movimiento recorren la valla en muchos de los tramos de sus 300 metros de perímetro y no hay persona que pueda acceder a cualquiera de los dos búnkeres para remolques que se han levantado. La vigilancia es tan sofisticada que incluye cámaras térmicas y hasta medidores de CO2, para saber si alguien ha estado respirando en el interior de un espacio cerrado. Esta misma semana se presentó un programa piloto de vigilancia con un sistema de drones que se probará en Cantabria y convierte al Puerto de Santander en el primero del país en contar con esta tecnología. «Hemos invertido más de 3,5 millones en dos años y medio y esperamos que con ello sea suficiente para poder trabajar sin esa presión añadida de las intrusiones».

Es crucial, porque la modernización de la infraestructura ha dado un paso de gigante en el último año. A la nueva terminal de ferri se le suma la estación de gas licuado. La puesta en marcha de la nueva terminal de contenedores y las obras del Muelle 9. «El Puerto que se conocerá a plenas facultades a finales de 2023 y principios de 2024 es diferente al de ahora y debe contar con plenas garantías y a día de hoy funciona», afirma Martín.