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Cómo defenderse de un paciente violento con utensilios a mano en la consulta, como un bolígrafo, las técnicas de agarre de cuello, el abrazo del oso de frente por la espalda, entrenar las diferentes formas de golpear o los movimientos del 'mataleón' para sorprender al ... agresor por detrás y reducirlo. Son algunos de los objetivos del curso de prevención de agresiones a profesionales de Atención Primaria -dirigido especialmente a miembros de los equipos de Urgencias y O61- que el Servicio Cántabro de Salud tenía previsto los días 25 y 26 de mayo y que ayer se vio obligado a retirar tras la queja del Sindicato Médico, que no daba crédito a la propuesta formativa teniendo en cuenta el contexto. Cuando aún se recupera de sus graves lesiones el facultativo que recibió una paliza hace justo una semana en el SUAP de Los Castros en la agresión más grave ocurrida en Cantabria a manos de un usuario y después del llamamiento generalizado de la plantilla de «reforzar de una vez la seguridad en sus puestos de trabajo».
Hasta la Subdirección de Recursos Humanos del SCS entiende que el momento no podía ser más inoportuno para plantear esta oferta formativa, teniendo en cuenta la contundente reivindicación de los profesionales, expresada esta semana en las múltiples concentraciones celebradas en los centros de salud en solidaridad con su compañero herido -están por ver las secuelas que le quedarán en un ojo después de los nueve puñetazos recibidos-. Urgen «medidas de protección» ante el notable aumento de los episodios violentos. Sólo en la red de Atención Primaria se han registrado en el último año un 30% más de agresiones que el ejercicio anterior, contando sólo las que llegan a denunciarse, porque buena parte de las escenas marcadas por insultos, coacciones o amenazas ni siquiera se comunican.
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El curso cancelado se diseñó antes de la agresión en Los Castros, en la que además del médico residente, de 36 años, fue víctima un celador, pero que se mantuviera, dadas las actuales circunstancias, «era una tomadura de pelo», critica el sindicato, que ha pedido al equipo de Raúl Pesquera que se apliquen las sanciones económicas que contempla la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria de 2002 para que, al menos, repercuta en el bolsillo del agresor la falta de respeto a los profesionales. Una medida que, por el momento, la Consejería de Sanidad no garantiza, aunque ha expresado su «intención» de intensificar el proceso de comunicación para que se denuncie más, con la idea de incoar un mayor número de expedientes administrativos y, en consecuencia, de sanciones, puesto que hasta la fecha «no consta ninguna». Lo que sí se ha anunciado es la instalación de 31 cámaras de vigilancia en los SUAP de Cantabria, una vieja demanda que ya se había tramitado meses atrás, pero aún sin fecha.
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