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Instituciones y entidades sociales de Cantabria se han unido este viernes para alzar la voz contra la explotación sexual y la trata de personas en todas sus formas, incluida la prostitución, sobre la que han pedido la abolición. El Parlamento regional ha acogido un acto conmemorativo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas (que se celebra el 23 de septiembre) organizado por las asociaciones Nueva Vida y Red Cántabra contra la explotación sexual.
En el acto, se ha dado lectura a un manifiesto firmado por quince entidades y organizaciones sociales de Cantabria. También han intervenido el presidente del Parlamento regional, Joaquín Gómez (PSOE), y el vicepresidente del Gobierno autonómico, el socialista Pablo Zuloaga, así como el concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Álvaro Lavín (PP).
Todos han aprovechado para denunciar que en el mundo todavía existen millones de mujeres, y también niñas, que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, en su mayoría sacadas de sus países «engañadas» u «obligadas» para acabar en burdeles u otros lugares donde se ejerce la prostitución. Han advertido que se trata de una realidad que también ocurre en España y Cantabria y que «pasa demasiado desapercibida», ha alertado el presidente de la Cámara.
De hecho, ha recordado que, ayer mismo, en el Parlamento, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez, recalcó que el año pasado Cantabria se tramitaron cinco causas por trata de seres humanos: tres con fines de explotación sexual, una por la práctica de la mendicidad y otra por explotación laboral. Además, el informe fiscal estima que en Cantabria ya hay más de 300 pisos dedicados a la prostitución.
Gómez ha añadido que en una sociedad libre y democrática «no puede seguir persistiendo la compraventa y explotación de niños y adultos» con la «complicidad» de los consumidores de estos servicios.
Por su parte, Zuloaga ha reivindicado el papel protagonista del Parlamento de Cantabria para que defienda ante el Gobierno de España de forma unánime una ley que permita luchar contra la trata de personas, incluyendo la abolición de la prostitución. La sociedad tiene que dotarse de herramientas «suficientes y necesarias» para pasar de las palabras a los hechos al tiempo que ha defendido que España y Cantabria debe dotarse de una ley abolicionista de la prostitución. «Si no hay prostitución, no hay trata», ha vaticinado.
Por su parte, el concejal de Servicios Sociales de Santander ha advertido de que la trata y la explotación sexual «es un problema de todos».
Para finalizar el acto, Marisol Payá, en representación de la Red Cántabra contra la explotación sexual, y Julio García, de la Asociación Nueva Vida, han dado lectura al manifiesto que reivindica la abolición de la prostitución «que es una gravísima vulneración de los derechos humanos más fundamentales».
Las asociaciones y entidades firmantes plantean cinco propuestas para hacer frente a este problema: el cierre permanente de los espacios donde se explota sexualmente a mujeres y niñas; una solución inmediata para que salgan de la prostitución con oportunidades reales para no recaer en la exclusión social; que existan mecanismos para perseguir a los proxenetas; desincentivar la demanda de prostitución entre los hombres, y educar en igualdad.
Al acto han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones; la consejera de Presidencia, Paula Fernández; la de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez; diputados, y representantes de entidades sociales.
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