Reducción desigual y unilateral de deuda

Sin contar con el resto de territorios y fuera del marco habitual:el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el acuerdo entre ambas formaciones, exigencia de los separatistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, se hablaba de un 'perdón' de cerca 15.000 millones de euros a Cataluña por parte del Gobierno central. El pacto generó una contestación masiva entre el resto de comunidades, especialmente las gobernadas por el PP. «No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales ni ventajas económicas a medida que suponen una discriminación a las demás regiones», valoraba la presidenta Buruaga.

Es cierto que el acuerdo se hizo a medida, pero también es verdad que ese acuerdo establecía que la quita es trasladable a todas las comunidades autónomas. En concreto, en el documento de socialistas y Esquerra se hablaba de la asunción por parte del Estado «del entorno del 20% de la deuda viva de cada una de ellas», que correspondería a los 15.000 millones de Cataluña. No el 20% de toda la deuda, sino aquella parte de la deuda asociada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el salvavidas diseñado por Rajoy para rescatar a los territorios en el peor momento de la crisis económica.

Según recordó la Delegación del Gobierno, ese 20%de quita se traduce en 610-620 millones de la deuda cántabra, como concretó la portavoz de La Moncloa en la región, Ainoa Quiñones. Un recorte sustancial del pasivo de las arcas autonómicas que Buruaga no dice si considera suficiente o si se queda corto. A la espera de que las comunidades del PP acuerden una postura común –Andalucía ya ha dicho que quiere el dinero y ha puesto una cifra sobre la mesa–, el Ejecutivo regional se muestra ambiguo. Un día el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, deja abierta la puerta a aceptar esa quita y al siguiente la presidenta hace una enmienda a la totalidad de los pactos del PSOE con los independentistas e insiste en que estos acuerdos serán «nefastos para Cantabria».

El sistema se ha diseñado de forma unilateral y, sobre el papel, también parece que podría generar situaciones de desigualdad. Al menos en dos aspectos. Si la quita se aplica únicamente sobre el dinero que los territorios deben al Estado a través del FLA saldrían perdiendo aquellos que deben mucho más a los bancos que al Gobierno central. Se dan situaciones paradójicas. Por ejemplo, a Cantabria, siendo más pequeña y teniendo menos deuda total que Galicia, Castilla y León o Asturias, le correspondería una quita superior al de estas tres regiones. Con el criterio actual, Cantabria saldría claramente beneficiada en este aspecto porque el 97% de su deuda está dentro del FLA.

Esa es una cara de la moneda, pero hay otra lectura mucho menos positiva para Cantabria, que tiene una deuda total muy elevada –aunque la empezó a reducir en 2022 es más del Presupuesto anual de la comunidad–, aunque contenida en relación a otras comunidades que se han apretado menos el cinturón y han tenido menos reparos a la hora de gastar. Como la quita es un porcentaje fijo del 20%, aquellos territorios más incumplidores y cuya deuda se eleva por encima de la media salen ganando. Al que en las últimas décadas ha ahorrado se le castiga y al que ha derrochado –Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha son las más endeudadas, aunque alegan que no por un mal uso de los recursos, sino porque reciben menos financiación de Madrid– se le premia.

El revuelo generado hace pensar que, finalmente, si llega el momento efectivo de acometer estas quitas, el método puede variar sobre lo que aparece en el pacto entre PSOE y ERC. Por eso, entre otros motivos, Buruaga y sus colegas presidentes del PP no quieren decir que 'sí' o que 'no' hasta tener todos los datos. De hecho, en otro de los pactos de los socialistas con sus socios ya se introduce un matiz. Concretamente en el firmado con el BNG:«En caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), se establecerán medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones a aquellas autonomías que no hicieron uso del FLA». Matiz importante.

Buruaga da por seguro que Cantabria saldrá perdiendo en relación a otros territorios en el tema de la deuda y también en el de la financiación autonómica, el otro gran melón que se abrirá esta legislatura. La comunidad autónoma es hoy, con los actuales criterios de reparto –se aprobaron en la primera legislatura de Zapatero– la que recibe más dinero por habitante. Por eso tiene muchas posibilidades de salir perdiendo en caso de que haya cambios. Que los habrá. Ese asunto figura en todos los pactos entre PSOE y sus socios (con ERC, Junts, BNG y el inicial con Sumar, aunque no está en el del PNV porque el País Vasco tiene hacienda propia).

Pero es que, además, la propuesta inicial que hace dos años envió Hacienda a las autonomías y que entonces quedó apartada era muy negativa para los intereses cántabros. Tan negativa que suponía un recorte de cerca de 450 millones al año, una sexta parte del Presupuesto regional. En el acuerdo PSOE-Sumar se habla de corregir la «infrafinanciación de determinadas autonomías», en referencia a las del Mediterráneo, que tienen más peso que Cantabria en la coalición de Yolanda Díaz, donde están Compromís y 'los comunes' catalanes. Si se corrige al alza la financiación de las que ahora reciben menos, necesariamente se hará a costa de las que reciben hoy más.