Las residencias culpan a la Consejería de Sanidad de negar ayuda para «aliviar la tragedia» de las muertes

La Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria (FED) y Lares, dos de las principales patronales del sector, acusan a la Consejería de Sanidad de actuar de manera «contraproducente» durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Un hecho que ha tenido «consecuencias negativas directas para la gestión de los centros» de mayores y, por tanto, para la «calidad» del servicio asistencial. Así de contundentes han sido en un duro comunicado en el que, además, denuncian una falta de «ayuda para aliviar la tragedia de la alta mortalidad». En el escrito recuerdan que las personas dependientes deben tener acceso a los mismos servicios sanitarios que cualquier ciudadano que resida en su domicilio. Y añaden que «quizá la disminución de la frecuencia e intensidad con la que médicos y enfermeros acuden a prestar servicio a las personas usuarias pueda tener relación con el alto número de fallecidos por la pandemia en las residencias». También piden al consejero, Miguel Rodríguez, que «no inunde la prensa de titulares que insinúan una mala gestión» de la emergencia sanitaria por parte de las entidades del sector.

Las dos principales patronales reclaman la necesidad de que se aclaren ciertas cuestiones «para que la opinión pública no se haga una idea equivocada sobre la excelente atención que se presta en los Centros de Atención a la Dependencia». En la nota recogen varias preguntas dirigidas a Sanidad, que incluyen aspectos tan duros como, por ejemplo, que se dé a conocer cuántos de los infectados procedentes de estos centros de mayores han sido ingresados en UCI, a cuántos de ellos se les ha provisto de respiradores o cuántos han vuelto a las residencias «a fallecer porque no se podía hacer nada por ellos».

La tajante crítica también se extiende a la inactividad de la Consejería y de la Dirección General de Salud Pública, que «no han dado respuesta» a los diferentes escritos que el colectivo les ha remitido a lo largo de este mes «solicitando ayuda» sobre las medidas a adoptar o la forma de aplicar los test, poniendo en conocimiento las problemáticas que se han dado en el seno de las residencias y aportando ideas para «aliviar la tragedia de la alta mortalidad» en estos centros de Cantabria, en los que el virus se ha cobrado ya 79 vidas.

Por eso ahora instan a esos organismos a que contesten a las cuestiones planteadas durante la emergencia sanitaria y a todas las preguntas que quedaron en el aire tras la primera reunión que mantuvieron al principio de la legislatura para abordar «el histórico problema de la coordinación de Sanidad». Algo que está pasando factura ahora cuando el área se enfrenta a una situación de incertidumbre y que cambia casi cada día. Una «deriva» que se ha traducido directamente «en titulares poco amables e injustos para quienes están lidiando a diario con el virus» y siguen en primera línea. El colectivo insiste en que se está produciendo un «encarnizamiento mediático incongruente y desmedido» con las entidades encargadas de gestionar los centros de mayores. Un asedio que tachan de «injusto y desproporcionado».

Otra de las quejas que FED y Lares vuelven a poner sobre la mesa es la falta de fiabilidad de los test rápidos enviados a las residencias para controlar la transmisión del virus. Unas pruebas que el Ejecutivo regional garantizó el viernes que se realizarán en una semana a la totalidad de centros de la comunidad autónoma. En este punto, la crítica de las principales organizaciones empresariales de atención a la dependencia fue clara desde la entrega de las primeras unidades: son un instrumento de «baja fiabilidad que aporta una información cuyo uso puede ser absolutamente perjudicial en la labor de sectorizar y aislar a residentes».

En la nota aclaran que la propia Administración es consciente y sabe que la única vía efectiva para contener la propagación del virus en estos centros es realizar las pruebas de diagnóstico PCR a todos los usuarios y trabajadores y hacerlo de forma periódica. Y si no existe «voluntad o fondos» para realizarlas, «lo transparente sería reconocerlo y no enviar a los centros unos test miserables cuya única utilidad es poder trasladar a la prensa y a la opinión pública la idea de que se colabora con el sector y se proporcionan herramientas para hacer frente al drama».

A pesar de todo ello, FED y Lares aseguran que la situación de esta crisis sanitaria en las residencias es «infinitamente mejor» que en las del resto de España. Responden así a las declaraciones que hizo el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el viernes destacando ese hecho y asegurando que el Ejecutivo «focalizaba» el envío de medios a frenar la propagación del virus en las residencias. No obstante, le recuerdan que si puede hablarse de una situación mejor, no es gracias a la gestión de su equipo sino a la «disciplina de los centros» y a que los trabajadores están realizando «esfuerzos ímprobos» para sacar adelante los servicios. Y llaman al Ejecutivo regional a hacer «autocrítica antes de depositar en otros la responsabilidad de la vida o la muerte de personas frágiles a quienes se han negado derechos estando en situación de vulnerabilidad».

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