Las residencias podrán contratar personal sin cualificación para paliar la falta de sustitutos

Ante la falta de personal con titulación para poder cubrir esas plantillas mermadas -no solo por el periodo vacacional sino por bajas de diversa índole- los responsables de estos centros habían propuesto hace unos meses la posibilidad de contratar personal no cualificado, en la línea de lo que se hizo en años anteriores durante los momentos más duros de la pandemia. Hasta ahora, esta posibilidad estaba permitida en los municipios rurales de hasta 5.000 habitantes, pero la Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha decidido ampliarla a toda la región en vista de que en las residencias de localidades más grandes empiezan a tener serios problemas. Eso sí, con la condición de que las empresas se comprometan a formar a ese personal. Junto a esta medida, que se encuentra en tramitación, se aumentará en «dos o tres auxiliares» el ratio de empleado por usuario, «con lo que la carga de trabajo será menor», según avanzó ayer a El Diario Montañés el director general de Política Social, Julio Soto. A la espera de que esta alternativa se haga oficial -se desconoce cuando entrará en vigor-, en las residencias se resignan ante un problema con varias aristas. «A la escasa remuneración se suma que se están obligando a sacar el certificado de profesionalidad a gente en desempleo que no tiene vocación, y que, con la apertura en abril y mayo de la bolsa del Servicio Cántabro de Salud, se nos ha marchado mucho personal», lamenta Gema Díaz, al frente del CAD San Miguel (San Miguel de Meruelo) y gerente del Grupo Calidad y Dependencia.

La situación que atraviesan en pleno verano las residencias está provocando que en algunas de ellas estén pidiendo a sus trabajadoras que «retrasen sus vacaciones o que cambien los días libres». Pero lo que se consigue con este tipo de medidas es «quemar a nuestras trabajadoras, que ya están al límite», apunta Díaz, que no oculta su preocupación porque «esta ola es 'hipercontagiosa'» y le falta en torno a un 25% del personal en las cinco residencias que gestiona.

Con este panorama, la gerente del Grupo Calidad y Dependencia cree que la solución pasa por recurrir a gente sin titulación, «con un mínimo de experiencia» y cambiar el sistema para que «no haya que dejar de trabajar para poder obtener el certificado de profesionalidad, ya que el sueldo lo necesitamos todos».

Óscar López, gerente de la Residencia Santa Ana, también cifra en un 25% la falta de personal de su centro y coincide en que es «bastante complicado» cubrir las bajas. «La solución a medio plazo es mejorar el convenio de la dependencia y potenciar que los ayuntamientos oferten más cursos para que la gente se titule y acredite». Lo dice porque este sector «tiene mucha rotación por turnos y vacaciones y cuenta con un alto nivel de absentismo, además de que las condiciones laborales son muy bajas, por lo que es más rentable trabajar en otro sector, como un camping o un supermercado».

Pero mientras llega o no esa mejora de las condiciones del sector, cree que la posibilidad de contratar a personal sin titulación les permite paliar esa falta generalizada de personal. De hecho, según señala, el Ministerio ya ha planteado habilitar a gente que lleve más de dos mil horas trabajadas en la dependencia, «con lo que ellos mismos entienden que la propia experiencia es capacitación suficiente en la mayoría de los casos». «Como es lógico, a una persona sin titulación no la puedes tener al mando, pero sirve para complementar una pareja de auxiliares», explica.

López asume que en cualquier momento puede brotar y subir el número de casos por covid en su residencia. «Estaríamos ante un gran problema si a la dificultad para cubrir vacaciones y bajas por cualquier enfermedad sumamos casos por covid, que nos puede dejar fuera de juego, simultáneamente, a varios trabajadores».

Más pesimista se muestra la directora de la Residencia San Cándido de Santander, Gema de la Concha, quien considera que la solución no pasa por contratar a personal sin cualificación. «Si queremos dar un servicio de calidad tiene que ser a través de profesionales». Pero para que haya más profesionales también cree que hay que mejorar el convenio, sobre todo desde el punto de vista económico. Y pone un ejemplo muy gráfico. «En una residencia, por 1.792 horas mensuales se cobran 997 euros. Si vas al CAD de Cueto (que es una residencia pública) cobras 1.300 euros y trabajas menos horas, y si vas a Valdecilla todavía cobras más trabajando menos».

Además, De la Concha hace referencia a otro problema, que es que el principal cliente de las residencias es la Administración regional y «no paga lo mismo que por un trabajador de un centro público, por lo que nos hace una competencia desleal».

Sin embargo, el director general de Política Social, Julio Soto, cree que subir la aportación de las plazas concertadas lo que supondría es un beneficio para las empresas y no para los trabajadores, «que dependen de que la patronal mejore sus condiciones». Sobre lo que sí compete al Gobierno regional, Soto anuncia que el Icass también pagará a sus empleados de la dependencia el 6,5% de subida del IPC de 2022 con carácter retroactivo a 1 de enero, tras una sentencia reciente de la Audiencia Nacional.

Además, el Ejecutivo cántabro tiene previsto destinar 1,6 millones de euros más para compensar los incrementos en los costes que han tenido que asumir los centros en lo que va de año debido al impacto de la guerra de Ucrania y la inflación.