Revilla acepta Vuelta Ostrera II pese a las reticencias de Medio Ambiente

«Parece que ya hay decisión, aunque aún no nos han comunicado nada. Es la solución menos mala. La pena es que se haya despilfarrado tanto dinero para hacerla a 300 metros, al lado», apuntaba el presidente. Todo pese a las reticencias de Medio Ambiente, en manos del PRC. No de su actual titular, Guillermo Blanco, que también, sino del departamento. Porque la Consejería ya informó desfavorablemente al Estado en 2015 sobre la alternativa para levantar la depuradora que sustituirá a la actual en la ubicación de Vuelta Ostrera II. Lo hizo por el elevado «impacto paisajístico» del proyecto. Y si se dijo eso entonces, Blanco entiende que las conclusiones que se extraigan en este momento no serán muy distintas. En cualquier caso, es Madrid quien decide y el resto de actores únicamente pueden hacer alegaciones y esperar que sean atendidas.

De hecho, este informe negativo al que hace referencia el consejero tuvo consecuencias. El Ministerio, que en su evaluación de impacto ambiental había elegido la opción de Cortiguera –a 300 metros más al norte– como la más favorable desde el punto de vista ecológico y económico, cambió de opinión. Y desde entonces puso sobre la mesa otras tres ubicaciones (el Puerto de Requejada, El Borroñal y la isla de Solvay) que parecían las «definitivas», hasta que por diversos motivos dejaron de serlo. Ahora, seis años después, Transición Ecológica vuelve a la casilla de salida.

En eso ponía el acento el PP, que lamentaba que «se han ido cambiando los criterios técnicos en función de los intereses políticos, con informes contradictorios según las necesidades de cada momento»del Gobierno regional y nacional. Así se pronunció el diputado Roberto Media, quien rechazó los «continuos bandazos» que han dado ambas instituciones»:«Lo que un día era sí, al día siguiente era no, en una total ceremonia de la confusión». Media recuerda que Cortiguera pasó a ser la menos favorable en una adenda al informe del Estado y ahora vuelve a ser la mejor.

Vuelta Ostrera II es la solución «menos mala» para Revilla y tampoco tiene la oposición de la asociación ecologista ARCA, cuya denuncia en 2001 desencadenó la sentencia. «No nos oponemos porque no tenemos capacidad técnica para decir cuál es la mejor alternativa. Pero sí tenemos criterio para decir qué sitios no eran convenientes, como las canteras de Cuchía o la isla de Solvay», apunta Carlos García, portavoz del colectivo, que insiste en la obligación de cumplir una sentencia que reconoce que Confederación rellenó ilegalmente la marisma ocupando el dominio público marítimo-terrestre. «Nosotros, como parte demandante, hemos sido generosos y hemos permitido que haya dos prórrogas al derribo», recuerda. La última acabó en diciembre y no se ha hecho lo que exigía la Justicia: levantar la nueva depuradora para poder, a continuación, demoler la actual y así evitar que durante ese intervalo se produjeran vertidos a la ría de San Martín. Ni lo uno, ni lo otro.

El principal afectado por la decisión es Suances, el municipio donde se ubicará la planta. Aunque la oposición de su alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, es clara en contra de la opción de Cortiguera, prefiere esperar a las reuniones previstas para hoy con el resto de partidos políticos y organizaciones locales para sacar toda la artillería: «Vamos a confiar en que no sea el emplazamiento definitivo, pero antes de cualquier movimiento quiero consensuar nuestra postura con todos los partidos y organizaciones». Al PRC de Suances pertenece, precisamente, el consejero Blanco. Una agrupación que ha expresado su oposición a esta alternativa, ahora en contra de la postura de Revilla. Y también del PRC es la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, contenta con la noticia. No tanto por la ubicación, sino porque el Ministerio parece que ha descartado definitivamente la de la isla de Solvay. «Con el estudio de impacto ambiental en la mano es evidente que Vuelta Ostrera II en Cortiguera era la mejor valorada».

Desde Vox creen que la reubicación es un «fracaso de la política», que va a suponer pagar dos veces por la instalación con un coste que rondará los 150 millones de euros. «Es lamentable que los errores políticos salgan gratis y los costes los asuman todos los españoles», apunta su portavoz, Cristóbal Palacio, que también rechaza la postura «poco comprensiva de ARCA». La propuesta de Vox era mantener la actual depuradora y con el dinero que cuesta hacer la sustituta hacer una campaña de saneamiento de los ríos cántabros.