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El Consejo de Gobierno aprobará el próximo jueves el manual de buenas prácticas que ha elaborado el Ejecutivo para incrementar los controles y tratar de evitar que se produzca a futuro un episodio de corrupción similar al 'caso Obras Públicas'. Hasta ahí la única ... novedad que arrojó la comparecencia de Miguel Ángel Revilla de este lunes para informar sobre las novedades en el asunto. Nada más. El presidente utilizó sus dos turnos –el que abrió el debate parlamentario con los grupos de la oposición en el último pleno de la legislatura y el que lo cerró– para hacer un repaso cronológico de los hechos, justificar el homenaje al dimitido José Luis Gochicoa y poner en valor la figura de su sustituta, Jezabel Morán. El jefe del Ejecutivo, elocuente por naturaleza, disponía entre ambas intervenciones de 60 minutos de palabra y le bastaron 48 para zanjar el tema. «El mayor caso de corrupción, que ha generado gran alarma social y ha causado un daño irreparable. Caso sobre el que queda mucho sin saber», contextualizaba la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, que se quedó con ganas de más explicaciones. Revilla tampoco le concedió ese petición de perdón a los cántabros que sí entonó Morán en su toma de posesión.
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Álvaro Machín
En resumen, casi dos horas de una sucesión de intervenciones que todos los protagonistas utilizaron, básicamente, para insistir por segunda, tercera o cuarta vez en argumentos ya escuchados. Los partidos de la oposición subrayaron que las etapas de presunta actividad delictiva del funcionario detenido coinciden sospechosamente con los momentos en los que el PRC ha estado en el poder. Y Revilla defendió que la presunta corrupción se limita a esa persona y a las empresas investigadas, sin que aparezca en el sumario «ningún cargo político vinculado». A solo dos meses exactos para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, PP, Cs y Vox doblaron la apuesta y trataron de mostrar una estampa generalizada de corrupción de la que Revilla reniega.
El Consejo de Gobierno aprobará este juevesel manual de buenas prácticas en los contratos
El PRC recordó a Buruaga la 'colección' de casos de corrupción que acumula el PP a nivel nacional
El PSOE, crítico con el homenaje a Gochicoa, prefirió ayer apoyar al PRC frente «a los populistas»
Jezabel Morán se estrenó como consejera en el Parlamento en el último pleno de la legislatura
Desde Vox, que durante toda la legislatura ha utilizado la coletilla de «corrupción de baja intensidad» para referirse al socio mayoritario del bipartito y hablar de prácticas reprochables que bordean la legalidad, consideran ya que esa expresión se queda muy corta. Por el 'caso Obras Públicas', pero también por las decenas de condenas que acumula Cantur por su política de contratación a personas afines, los sueldos no regularizados de la empresa pública MARE, las anomalías en la Fundación Camino Lebaniego, la condena a los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) la pasada legislatura o la adjudicación de plazas de profesor en la Universidad de Cantabria (UC).
La enumeración la hizo Cristóbal Palacio (Vox), que vaticinó que, frente a las pocas explicaciones del presidente, «el alcance y la profundidad»de lo ocurrido en el área de Carreteras Autonómicas «lo acabaremos sabiendo con el tiempo». «A día de hoy no lo sabemos, pero al menos sí se ha trasladado a la sociedad de Cantabria, en el mejor de los casos, su incapacidad (la de Revilla) para prevenir la corrupción», concluyó.
María José Sáenz de Buruaga
Presidenta del PP
Un ataque desproporcionado, consideró Revilla, que ya imaginaba que los tres grupos de la oposición llegarían al último pleno de la legislatura con todo el arsenal. Frente a las acusaciones veladas, el mismo mensaje que en sus comparecencias públicas anteriores. El regionalista lo dijo por activa y por pasiva. Casi con todas las formulaciones posibles. «No hay corrupción en Cantabria. Hay un funcionario corrupto en una consejería». «Yo tengo la conciencia muy tranquila y todos los miembros de este Gobierno también». «No nos hemos enterado, como no se enteró nadie». «No hay ninguna trama del Gobierno. Estamos limpios». «No tenemos relación en ningún tema de estos». «Ninguno de nosotros va a ir al banquillo, porque quien no la hace no tiene nada que temer». Un mensaje muy similar al que ya lanzó hace dos semanas desde la misma tribuna, en la que volvió a intentar dar por zanjada la crisis política con la asunción de responsabilidades que supuso la salida del Ejecutivo del ya exconsejero José Luis Gochicoa, y ahora con la aprobación del nuevo protocolo de contratación. Una vez que está claro que el 'caso Obras Públicas' centrará el grueso de la precampaña y campaña electoral, los regionalistas quieren sacar el asunto todo lo posible del debate político y el resto prolongarlo más allá de los avances en la vía judicial.
El más interesado en lo segundo es el PP, que ya antes de que estallara este escándalo daba por hecho que ganaría las elecciones y ahora incluso piensa que hay muchas posibilidades de que la suma PRC+PSOE no alcance los 18 diputados que permiten alcanzar la mayoría absoluta. «Vístalo como quiera, pero hoy comparece en este parlamento porque ha habido corrupción en su Gobierno». Así arrancó Buruaga, negando la mayor.
Félix Álvarez
Portavoz de Ciudadanos
Y cogió carrerilla. «Todo esto empezó al entrar usted y todo esto continuó al continuar usted. No es un episodio aislado, es una trama de dos décadas con el único paréntesis en el Gobierno del PP». Cabe recordar que la Agencia Tributaria ha detectado pagos de empresas al funcionario que encabeza la trama, Miguel Ángel Diez –concretamente a las empresas ficticias de su mujer– desde 2003. El PP no quiere entrar en las responsabilidades penales, pero considera que Revilla, con este asunto, no ha estado «a la altura de lo que se espera de un presidente». Por ahí siguió: «Toda su actuación se ha limitado a señalar a otros, hacerse la víctima y esquivar su responsabilidad. Es el responsable de una trama que, ¡oh casualidad!, sólo se ha producido con Miguel Ángel Revilla como presidente. No es usted la víctima, créame. No da ninguna pena».
La oposición, con el PP a la cabeza, no sólo critica la forma de proceder del presidente Revilla. También que, a juicio de los populares, lo que siempre ha dicho que debe hacerse con la corrupción ajena dista mucho de lo que ha hecho con la propia. Tanto Buruaga como Cs y Vox recordaron distintas intervenciones en televisión del regionalista, en referencia a los ERE de Andalucía, señalando que era impensable que hubiera un caso de corrupción en el Gobierno de Cantabria y que él como máximo responsable no se enterara.
Noelia Cobo
Portavoz del PSOE
«Una y otra vez se ha jactado de saber todo lo que pasaba en su casa. ¿Ahora qué? Jamás se ha tomado en serio que lo que publica en sus libros o predica en televisión hay que llevarlo a la realidad», decía Buruaga. «Usted no se ha enterado de nada nunca jamás en la vida», ironizaba también el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, cuyos amigos de Madrid «alucinaban»cuando les contó recientemente que Revilla había hecho un homenaje a quien tuvo en casa la corrupción y no se enteró. Una corrupción, la del 'caso Obras Públicas', que ha tenido «dos temporadas». Empezó en 2003 «y en 2011, coincidiendo con la salida del PRC, las mordidas desaparecieron. En 2015, coincidiendo con su regreso, esas adjudicaciones vuelven a aparecer haciéndose más intensas en 2018 y 2019». Buruaga, que echó en cara a Revilla que pida a los ciudadanos que denuncien la corrupción cuando el presidente le dio «un portazo» el día que fue a su despacho a avisar de las irregularidades en el SCS, no pidió la dimisión del presidente, como sí hizo el portavoz de la formación naranja. Lo hizo aplicando un sistema lógico básico: si Gochicoa dimitió por no enterarse y esa corrupción se produjo también en la etapa de Mazón, «por qué no se aplican también a usted y a Mazón esa misma vara de medir».
Revilla respondió en su réplica a todos los partidos, pero con especial ímpetu a Buruaga. «Pero si lo de ustedes ha sido un escándalo. Y hablan de trama a lo de aquí...», dijo el presidente recordando la foto de Mariano Rajoy en 2008 con todos los líderes autonómicos afirmando que la trama Gürtel «no era una trama del PP, sino una trama contra el PP». Cito a Matas, Camps, Zaplana, Rato, Bárcenas, los casos de Murcia, los de Madrid... También las detenciones de dos altos cargos de la Guardia Civil para ejemplificar que hasta en la institución más valorada por los ciudadanos hay «garbanzos negros». Frente a la institucionalización de la corrupción que atribuye al PP, «ninguno de nosotros va a ir al banquillo, porque quien no la hace no tiene nada que temer».
Cristóbal Palacio
Portavoz de Vox
Y en medio, el PSOE. Su portavoz, Noelia Cobo, no criticó el homenaje a Gochicoa como sí hizo el vicepresidente Zuloaga hace unas semanas. No hizo sangre. Al contrario, echó un capote a Revilla al criticar la actitud de la oposición. «A todos nos han causado enorme malestar los hechos que hemos ido conociendo, pero los que militan en el populismo se relamen con estas circunstancias. Disfrutan, cuando lo que debería ser motivo de vergüenza para todos, es para ellos una oportunidad política.
El PRC ha presentado una demanda de conciliación contra las personas físicas y jurídicas que, desde que la Consejería de Obras Públicas fue intervenida el pasado febrero, vertieron «acusaciones falsas», bulos, contra cargos públicos del partido y sus familiares a través de las redes sociales para vincular a estos con las empresas investigadas en la trama de corrupción en Carreteras. Son tres las imputaciones contra las que los regionalistas aportan documentación:desmienten así la relación de Rucecan o cualquier empresa implicada en el escándalo con las viviendas de la consejera Paula Fernández Viaña, primero, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, después, y la hija del presidente Miguel Ángel Revilla, en último lugar. Con ello, el partido apela a «quienes propagaron tales imputaciones infundadas» a que «se retracten, pidan disculpas y asuman una indemnización económica destinada a una entidad benéfica». Dicha sanción, cifran en un comunicado, asciende a 3.000 euros, «mil por cada una de las personas difamadas». De no prosperar esta demanda de conciliación, un mecanismo orientado a resolver un conflicto antes de que este desemboque en un juicio, los regionalistas aseguran que adoptarán «las acciones legales que correspondan».
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