La revolución que promete la Simplificación afecta a 19 leyes y 18 decretos

La primera gran ley de la legislatura del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga aspira además a ser revolucionaria. A dar un giro de 180 grados a la relación que existe entre la administración y los administrados –ciudadanos y actores económicos– eliminando trabas burocráticas y acelerando la resolución de los trámites sin reducir garantías ni requisitos. Está por ver que el Ejecutivo popular logre alcanzar sus objetivos con la Ley de Simplificación, pero lo que ya es seguro es que trae consigo una revolución normativa. A modo de una 'ley ómnibus', el texto que todavía está en tramitación en el Parlamento modificará de golpe casi 40 normas: 19 leyes (de Régimen Jurídico, de Subvenciones, de Transparencia, de Abastecimiento de Aguas, la Ley del Suelo, La de Protección Civil...) y 18 decretos de otras tantas materias.

«El Gobierno tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Ponemos las bases de una administración que confía en el ciudadano y en la iniciativa privada. Que pasa de ser controladora y paternalista a facilitadora», decía la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en referencia a la generalización de la figura de la declaración responsable en multitud de ámbitos. Otra de las novedades es que se cambia el sentido de los silencios administrativos –en el borrador inicial este aspecto no estaba claro, pero las enmiendas de Vox concretan bastante el asunto– para que pase a ser positivo y no negativo como hasta ahora.

Esa enmienda de Vox y el resto de las 40 de esta formación saldrán adelante seguro, fruto del acuerdo con el PP para que la Ley de Simplificación no naufrague, un riesgo que existía hasta la semana pasada. Tras criticar duramente la norma, tanto o más que regionalistas y socialistas, Vox ahora no pone pegas y considera que con sus mejoras el texto es positivo. Está por ver cuántas aportaciones de PRC y PSOE aceptan los populares y sus socios. A falta de esos últimos retoques, estas serán algunas de las claves de la ley. Los elementos que ya es seguro que estarán en la norma.

El particular o la empresa que quiera realizar una obra en un inmueble no tendrá que esperar a que el ayuntamiento de turno le dé la autorización, algo que en ocasiones se dilata durante meses. En los casos de una obra menor, podrá hacerlo una vez que tenga el presupuesto y haya pagado las tasas. Para ello, solo tiene que entregar una declaración responsable en la que confirme que ha cumplido con todos los requisitos. Ni siquiera tiene que adjuntarlos. Posteriormente –durante la obra o una vez acabada– los inspectores municipales pueden verificar que todo se ha hecho de acuerdo a la declaración responsable. Lo mismo en caso de trabajos de más entidad: los requisitos que deben cumplirse son los mismos que antes de la Ley de Simplificación, pero la obra puede arrancar una vez reunidos, no cuando el ayuntamiento confirma que ha analizado el expediente. En caso de incumplimientos –si la declaración responsable no se ajusta a la realidad–, hay un régimen sancionado muy duro.

Para conseguir la licencia de actividad de un negocio, el mecanismo es exactamente el mismo que con las licencias de obra. Así, una frutería, un taller mecánico o una discoteca podrían comenzar a recibir clientes con la declaración responsable. Ahora, tienen que esperar a que el municipio compruebe que todo está en orden, algo que con la nueva ley podrá hacerse posteriormente. Hay un riesgo: nadie verifica desde el minuto uno que la nueva actividad cumple las condiciones mínimas de seguridad o sanitarias. Se cambia la Ley de Artesanía para que también se pueda acoger este sector.

Ahora, si un ciudadano realiza una petición al Gobierno regional y este no le responde, el ciudadano tiene la opción de reclamar, pero mientras tanto se da por hecho que la respuesta es 'no'. Eso cambia con la Ley, que consagra el silencio administrativo positivo salvo en algunos casos que recogen normas nacionales o europeas. Una enmienda de Vox establece un plazo de tres meses para que el Gobierno diga qué procedimientos no regirán por este principio general, pero teóricamente serán los menos. Por ejemplo, lo que es seguro es que seguirá el silencio negativo en el caso de las solicitudes de subvenciones, ya que se quiere evitar que, más tarde, al comprobar el expediente, la administración tenga que reclamar la devolución del dinero.

El silencio positivo llegará cuando se haya cumplido el nuevo plazo máximo que fijará el Gobierno de Cantabria, que será de tres meses de forma general y de seis para casos excepcionales. Por ejemplo: si una persona pide licencia de mariscador y en tres meses la Dirección General de Pesca no le responde, tendrá la licencia 'de facto'. Probablemente estos plazos no rijan en asuntos como el reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia. Tampoco con las decisiones de la Crotu porque ese margen temporal puede no ser suficiente para comprobar si, por ejemplo, una solicitud de vivienda unifamiliar en rústico cumple las normas. Y no analizar bien un expediente de este tipo puede tener consecuencias irreversibles

Será suficiente con un informe del técnico municipal en materia de Protección Civil para obtener el visto bueno a los planes de autoprotección de fiestas, eventos o pruebas deportivas, eliminando la obligación de que pasen por una Comisión de la Consejería de Presidencia, que ahora puede tardar hasta tres meses en revisar el expediente.

Un caso práctico: un empresario ha hecho una gran inversión para montar un restaurante y quiere abrir sus puertas con la declaración responsable. Para tener garantías de que las salidas de humo de la cocina cumplen la norma o de que las medidas sanitarias o de emergencia se ajustan a la ley, puede contratar a este nuevo actor, que emitirá un informe para confirmar que lo que se pone la declaración concuerda con la realidad. En caso de que después la inspección municipal encuentre errores e imponga multas, la responsabilidad será de la entidad certificadora, no del empresario o particular.

Las iniciativas empresarias que por su especial interés (inversiones de más de 10 o 50 millones, según su tipo) adquieran esta condición tendrán una serie de ventajas. La reducción de plazos a la mitad, preferencia para acceder a líneas de financiación y avales, subvenciones directas, podrán ser declarados de interés social a efectos de expropiaciones en caso de ser necesario un PSIR... La Ley incluye la creación de una Unidad Aceleradora de Empresas, adscrita a la Presidencia del Gobierno, para realizar labores de impulso y coordinación de este tipo de proyectos estratégicos.

¿Qué es una administración proactiva? Por ejemplo, que sea ella la que informe de los plazos y de los siguientes pasos administrativos cuando un ciudadano o una empresa inicie un trámite. Que ponga a su disposición todas las opciones que ofrecen los servicios públicos sin que ellos tengan que estudiar la compleja normativa de las consejerías. Las posibilidades en este ámbito son inmensas.

Entre los muchos decretos que cambia la Ley de Simplificación está el del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de Oyambre, que regula los usos posibles en esta zona protegida. Con esta norma, a partir de su entrada en vigor, quedará permitida la instalación de zonas de autocaravanas o vehículos equivalentes, algo que ahora no estaba permitido. Se podrán levantar estas áreas siempre que no generen «importantes movimientos de tierra» y que no se encuentren situadas en «situaciones de elevada exposición visual». El número máximo de plazas lo fijará la Consejería de Ganadería. Desde el Gobierno regional apuntan que esta medida ya la había reclamado el Patronato de este Parque Natural en septiembre de 2020.

«La emisión de un informe no estará condicionada por la expedición previa del informe de otro órgano sectorial, salvo en aquellos casos en los que un trámite sea consecuencia del anterior o causa del siguiente o así se establezca en la norma de aplicación». Un caso práctico: la tramitación de un parque eólico. Ahora, antes de pasar a la Crotu para que esta dé el visto bueno urbanístico, primero tiene que tener informes positivos de impacto ambiental y de Industria. Con la Ley de Simplificación, los tres informes se pueden iniciar a la vez, por lo que se reducen sustancialmente los tiempos.

Se creará una carpeta ciudadana para que las personas puedan acceder por internet a los trámites que tengan en marcha con la Administración para comprobar su estado, realizar cambios o hacer otros nuevos. Además, se irán acumulando en el perfil para crear un histórico de todas las relaciones que se han mantenido con las distintas consejerías. Pasará igual con las empresas. Así, con el paso del tiempo, una sociedad tendrá en un mismo espacio desde el permiso de obra para construir su sede, hasta las subvenciones que ha obtenido o los concursos públicos en los que ha participado.

Las administraciones ponen ciertos requisitos a las empresas para poder empezar a funcionar. Si un operador económico que llega a Cantabria ya está legalmente establecido en otro lugar del territorio español, podrá ejercer su actividad económica en la comunidad autónoma de forma automática. Por ejemplo, si un comercializador de tomates tiene un certificado de Castilla y León que diga que la producción se ha realizado conforme a la norma, ese certificado también valdrá en Cantabria. O si necesita un sello de calidad que reconozca unas buenas prácticas en materia de cuidados a personas dependientes en Asturias, también valdría si cruza la frontera.

Dados los retrasos que hay para conseguir el reconocimiento de discapacidad y que la mayoría de personas dependientes sufren también en algún porcentaje de discapacidad, se establece un procedimiento de homologación automático sin necesidad de esperas. Quien tenga el grado I de dependencia, tendrá un 33% de discapacidad; para el grado II, un 66%, y para el grado III, un 80%.

No cambian los requisitos para conseguirlo ni los rangos de edad. La única novedad es que pasa a ser gratuito y digital con el objetivo de que el carné físico sea la excepción.

Este colectivo pasará a ser figura de autoridad para que tengan más herramientas para defenderse mejor de las agresiones de pacientes. De esta forma, su testimonio tendrá presunción de veracidad, como ocurre con las fuerzas de seguridad. A la vez, se modifica la Ley de Ordenación Sanitaria para poder ocupar antes las plazas de difícil cobertura. ¿Cómo? Si en un concurso de traslados el titular de un consultorio rural deja su puesto, en vez de esperar a un nuevo concurso para asignar esa plaza en propiedad y que mientras tanto pasen por ella un puñado de interinos, se podrá seguir un procedimiento abreviado.

Se crea una nueva categoría de vertidos, la tipo 'cero', para aquellos residuos que vayan al mar y no sean contaminantes. Para estas situaciones no habrá que pedir autorización ambiental, sino que bastará con la declaración responsable. ¿Qué problema puede generar este cambio? Que la declaración responsable no se ajuste a la realidad y el vertido sí sea peligro. En ese caso, podrían llegar las multas, pero el daño ya estaría hecho.

La Ley dice que el Gobierno tiene que implantar los pagos con medios telemáticos y bizum, pero no dice a partir de cuándo. Sí deja claro que, en caso de que un trámite requiera hacer más de un pago por tasas o impuestos, tendrán que poder hacerse a la vez. En el mismo trámite, no como ahora que requiere dos trámites independientes.

La renovación de los cotos de caza se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para sus propietarios. Con los cambios legales que llegarán con la Ley de Simplificación, la renovación será «casi automática» cuando no se modifique la superficie del coto ni la sociedad de cazadores que es titular. Los nuevos cotos sí mantendrán el procedimiento habitual. Además, los propietarios cobrarán las cuotas que recauda el Gobierno regional mucho antes, no a ejercicio vencido. Los cazadores también se beneficiarán de otras medidas de Simplificación como la no duplicación de documentos que ya tiene la administración (DNI, permiso de armas...) cuando tengan que renovar licencia.

Hasta ahora, cuando se vendían la madera de un monte público, el ayuntamiento o la junta vecinal de turno tenía que guardar el 15% del dinero para inversiones en ese monte. Con el cambio que trae esta ley, el dinero también tendrá que usarse para mejoras forestales, pero podría destinarse a un monte distinto de esa administración en el que haya más necesidades.

La ley prohíbe la petición al interesado de la presentación de documentos que no son necesarios o ya obran en poder de la administración. Esto no será automático con la entrada en vigor de la Ley. Hace falta crear una Plataforma de Gobernanza de Datos –el Gobierno tendrá un año para hacerlo– y a partir de ese momento la plataforma irá almacenando la información, de tal forma que la primera vez que un ciudadano haga un trámite sí tendrá que aportar toda la documentación, pero no las veces sucesivas. Un ejemplo práctico: si un ganadero ha facilitado su DNI para acceder a una subvención de Desarrollo Rural no tendrá que volver a entregarlo si solicita más tarde el carné de familia numerosa. Esa plataforma podrá pedir datos de otras administraciones, como la declaración de la renta a Hacienda para comprobar los umbrales de ingresos antes de conceder la Renta Social.

El cambio es mínimo, pero muy relevante. Resta capacidad y participación al Consejo de la Mujer, que hasta ahora tenía que hacer informes y posicionarse sobre las políticas y normas en la materia. Con la nueva ley, bastará con que el Consejo sea informado, pero no será necesario que se pronuncie. El PSOE denuncia que hay más recortes en materia de igualdad.

El Gobierno reconoce que no todas las medidas de Simplificación se podrán aplicar con la entrada en vigor de la ley. Incluso que habrá asuntos que habrá que ajustar cuando se vayan detectando fallos a medida que se aplican. Para eso servirá este nuevo organismo formado por representantes de todas las consejerías, para evaluar, proponer correcciones y buscar nuevas acciones. Una de las enmiendas de Vox ha incluido que en este Observatorio participen también los colegios profesionales.

Un cambio más simbólico que práctico es que la norma establece que la Administración, por «economía de expresión», no utilizará el masculino y el femenino cuando se refiera a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo, sino que se utilizará la fórmula «genérica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos». Un decreto no hablará de «hombres y mujeres» o de «trabajadores y trabajadoras», sino de «personas» o «trabajadores». No parece tarea sencilla, pero sí sería un salto importante la intención de la utilización de un lengua más «claro y comprensible» cuando la Administración se dirija a los ciudadanos.

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