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Ocho meses de espera tiene por delante una familia con una niña de 13 años con signos más que evidentes de anorexia hasta que se le abren las puertas de la consulta de salud mental infanto-juvenil. «Eso es una barbaridad», como denunciaron la semana pasada la presidenta de Adaner ... (Asociación para la Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa), Carmen Grandas, y la psiquiatra Jana González, miembro del equipo encargado de atender a estas pacientes, que lleva más de un año incompleto por la ausencia de uno de sus tres psiquiatras. Durante meses, cada una desde su posición, han reivindicado la necesidad de reforzar al personal de esta unidad (centrada en menores de 15 años), donde la demanda no ha hecho más que crecer desde la pandemia.
Un llamamiento a las autoridades sanitarias que volvieron a lanzar el viernes, a través de las páginas de este periódico, y que, ahora sí, parece que ha sido escuchado. Pues -casualidad o no-, el mismo día de la publicación del artículo, dentro del Servicio Cántabro de Salud empezaron los movimientos para procurar una solución. «Es una prioridad absoluta cubrir esa plaza vacante de forma estable», asegura Óscar Fernández de la Torre, psiquiatra de profesión y ahora al frente de la Dirección de Planificación, Ordenación, Gestión y Salud Digital de la Consejería.
«El problema que hemos tenido es que se trataba de una baja prolongada, por lo que el contrato que se podía ofrecer era de sustitución, y en el contexto de déficit de profesionales que hay, se da la circunstancia de que pueden elegir cuál les interesa más, y una sustitución no es tan atractiva. Ahora que esa persona ya se ha jubilado, sí que podemos ofertar la vacante», aclara De la Torre, que avanza que incluso «tenemos a una persona interesada».
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De confirmarse que acepta ocupar ese puesto, su incorporación sería inmediata. ¿Y será suficiente para desatascar la lista de espera acumulada en la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil de Santander? «Sin duda, se va a notar», responde el director de Planificación, aunque recuerda que otro de los psiquiatras del equipo tiene una reducción de jornada, «y eso sí que nos resulta imposible de cubrir con otro profesional, es insustituible». De la Torre apunta que en el plan de choque de 2021-2022 en salud mental infanto-juvenil se reforzaron las áreas de Torrelavega, con la contratación de un psiquiatra, y de Laredo, con un psicólogo, pero quedó coja la plantilla de Santander, donde «la petición era incorporar dos psiquiatras, pero solo conseguimos uno, y tres psicólogos».
Conocedor del gran volumen que han alcanzado las listas de espera, insiste que ese es el principal escollo por resolver, y que, a partir de ahí, «se valorará si son necesarios cambios organizativos y más refuerzos» en el resto de dispositivos. Y es que desde la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de Valdecilla, que es el siguiente escalón en la asistencia -donde se deriva a las pacientes a partir de los 15 años- también se apunta que «si invertimos en detección, que es lo ideal para favorecer la recuperación de estas jóvenes, hay que hacerlo también en intervención, porque no tenemos los recursos suficientes para atender de forma eficiente, lo que nos está llevando a priorizar, a tener qué elegir en quién nos centramos antes», como lamenta el psiquiatra Andrés Gómez del Barrio, responsable de la UTCA.
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