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«Esta misma semana, el Patronato del Instituto de Investigación de Valdecilla (Idival) había aprobado el contrato de dos años para la investigadora Rosa Ayesa», ... asegura el consejero de Salud, César Pascual. «Lamento que no se lo hubieran comunicado», añade. De haberlo hecho, ella no hubiera tenido que hacer público –a través de este periódico– su miedo a ver finalizada su carrera en el Idival después de dieciséis años. Pero a un mes de concluir su contrato, ni desde el propio instituto, ni desde el servicio de Psiquiatría de Valdecilla, al que está vinculada, ni desde la Consejería habían dado respuesta sobre su futuro laboral, del que dependen otras ochos personas contratadas en su laboratorio y 350.000 euros de financiación de proyectos.
Una preocupación alimentada por las similitudes de su situación con las de sus antiguos compañeros José Ramos y Alain Ocampo, que fueron despedidos en 2020 al finalizar su contrato Miguel Servet, que el Instituto de Salud Carlos III concede a la élite de la investigación biosanitaria. «Conmigo se repite la historia tres años después», lamentaba la investigadora el jueves.
Sin embargo, el consejero niega que eso vaya a ocurrir. «No solo no se va a repetir la historia, sino que hemos decidido cambiar la política del Idival para que se pueda estabilizar personal propio en el instituto y abrir así la posibilidad de desarrollar una carrera investigadora».
Cabe recordar que la solución de urgencia que se dio la pasada legislatura para los dos casos citados –con sentencias judiciales a su favor– fue la estabilización en Valdecilla o en la Universidad, pero no en el Idival. Ahora el planteamiento es ampliar esa tercera pata, «con la idea de retener talento y crear un núcleo potente de investigadores», precisa el consejero.
«Eso sí, a los futuros Miguel Servet les vamos a poner como condición que tengan un proyecto conjunto con Valdecilla desde el primer día, para que no estén aislados del hospital». Y llegado el momento, «se les someterá a una evaluación externa para decidir sobre su estabilización». En el caso de Ayesa, Pascual sostiene que «fue evaluada como investigadora emergente (en desarrollo), por eso se decidió aprobar un contrato de dos años, pero no su estabilización. Para la siguiente evaluación, será estabilizada. En ningún caso se va a quedar tirada», sino que «será la primera» que estrene esta política del Idival.
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Ana del Castillo
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