Sanidad gastó ya en enero el 25% de todo su presupuesto de 2020

Creció por encima de la media teniendo en cuenta el previsible aumento de la plantilla por las ofertas públicas de empleo y después de quedar de manifiesto que la factura farmacéutica venía estando infrapresupuestada en los ejercicios anteriores. Se trata de gastos que, aunque varían en función de diversos factores a lo largo del año, acostumbran a tener una regularidad a lo largo de los meses. Eso es lo normal y también todo lo contrario a lo que ha ocurrido en este arranque de 2020. Entre el 1 y el 31 de enero, la Consejería de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) han utilizado ya el 25% de ese dinero. Y aunque a estas alturas en 2019 era el 10,5%y en 2018 el 11,7%, nada tiene que ver con las consecuencias de la llegada del coronavirus.

En concreto, según los datos de ejecución presupuestaria que maneja la Intervención General de Cantabria, ya se han retenido para gasto 375 millones, de los cuales 226 millones –uno de cada cuatro euros para todo el año– ya han salido de las arcas públicas y el resto lo hará en las próximas semanas. Desde el Gobierno de Cantabria confirman que existe una única causa que explica que el gasto se haya disparado en enero con respecto a la media. Además de asumir las nóminas o los suministros normales de un mes –lo habitual–, el Ejecutivo se ha puesto al día con las facturas de farmacia que arrastraba desde 2019.

El movimiento no es casual y llega después de que el Ministerio de Hacienda diera a la comunidad autónoma un tirón de orejas por ser la que más tarda en pagar a sus proveedores y triplicar –hasta 106 días según el último dato– el plazo máximo permitido por ley: 30 días. El departamento que dirige María Jesús Montero requirió en dos ocasiones (la primera el 6 de enero y la segunda el pasado día 24 del mismo mes) al Ejecutivo para que tomara medidas y recortara la morosidad. Esta segunda alerta sí surtió efecto.

La exigencia, que incluía la obligación de destinar 130 millones al mes a este asunto, está teniendo consecuencias en todos los departamentos, lo que ocurre es que, a nivel de ejecución del presupuesto, es mucho más evidente en Sanidad por el volumen de dinero que maneja. Y también porque es donde el desajuste era mayor. «No sólo aquí, en todas las comunidades autónomas, la Sanidad está infrafinanciada. Lo que se pone en los presupuestos no recoge la realidad. Como no puedes echar a los médicos ni dejar de comprar medicamentos, lo que se hace es pagar más tarde», apunta el exconsejero de Economía socialista Ángel Agudo.

«Somos una comunidad muy envejecida que gasta mucho en Sanidad. A lo que se juega muchas veces es a retrasar el pago a proveedores. Está bien cumplir ahora, pero lo importante para las empresas no es cumplir un mes, necesitan una tendencia sostenida», subraya David Cantarero, profesor titular en el Área de Economía Aplicada de la UC.

Desde el SCS apuntan que este gran desembolso por el pago masivo de facturas pendientes hace muy difícil que se pueda acabar el año con el dinero que aparecía en el proyecto de Presupuestos aprobado en diciembre (esos 922 millones de euros). Casi imposible. En condiciones normales, con las cifras actuales, en octubre podría estar el montante total agotado.

En cualquier caso, afirman que esto no tendrá una incidencia real en el servicio que reciben los ciudadanos, porque ya abren la puerta a hacer modificaciones de crédito para recoger dinero de otras partidas que no se ejecutarán por completo. Es decir, que las cuentas existentes pueden variar mucho respecto al documento que recibió luz verde en diciembre.

En su última comparencia en la Comisión del área del Parlamento de Cantabria, la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), anunció que en febrero esperaba reducir a 30 días el periodo medio de pago a proveedores, lo que supondría una reducción de más de 76 días respecto a enero. Aunque todavía no tienen el dato oficial, desde su departamento avanzan que con las medidas aplicadas el problema ya es historia.

De no ser así, el Estado ya avisó de que mantener el ritmo anterior suponía dar pasos hacia una intervención, una amenaza que ya se ha cumplido en Murcia. Otro de los motivos legales que hace posible una intervención es no cumplir con el objetivo de déficit que marca el Estado.

La consejera Sánchez reconoció recientemente en el pleno del Parlamento que Cantabria, después de dos años consecutivos haciendo los deberes, no cumplió en 2019 con el límite marcado de 0,3% del PIB, pero también que el dato estará lejos del 0,8% que vaticina el Partido Popular. En cualquier caso, todavía no hay nada definitivo porque los datos están sujetos a ajuste, por eso Economía prefiere no opinar sobre las causas y las consecuencias del desvío hasta que disponga de toda la información. Si se confirma ese escenario, es posible que Madrid solicite la elaboración de un Plan Económico y Financiero (PEF). Una posibilidad que Sánchez no descarta –dijo que es «previsible»–, pero que «no supondrá recortes».

Para los populares, como vienen manifestando en diferentes ocasiones, el origen de este desequilibrio entre gastos e ingresos es que los Presupuestos se hacen mal desde el principio. «Cantabria va de cabeza a la intervención», señalaba hace unos días la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, quien reclamaba una «urgente rectificación de rumbo» de sus políticas económicas y presupuestarias.

Este PEF implicaría que Cantabria estaría monitorizada por Hacienda. Para que se active el mecanismo, el Ministerio tiene que hacer un requerimiento que todavía no ha llegado. «Nosotros tuvimos que hacerlo cuando llegó la crisis por la caída de los ingresos. No es tan dramático. Los ajustes se podrían hacer fundamentalmente en las inversiones, aunque este dinero tiene efecto multiplicador en la economía. Es lo que ya se ha hecho hasta ahora, porque el resto de gastos son muy inelásticos y es difícil recortar», opina Agudo.

Para el profesor Cantarero, aunque la normativa dice que el incumplimiento tiene legalmente un castigo directo en forma del PEF, la respuesta del Gobierno central «no suele ser tan inmediata, incluso en algunas comunidades se ha pasado por alto»: «Realmente lo que se suele hacer es presentar un plan de medidas que suelen ser optimización de los gastos con unas acciones y un calendario concreto». Además, el pasado ejercicio existieron una serie de circunstancias que tienen que ver con la situación de interinidad que se ha vivido en la Administración central que pueden hacer que el Ministerio sea menos estricto.

De hecho, María Jesús Montero reconoció el jueves en Santander que Cantabria se desviará del objetivo de déficit, entre otros motivos, por el impago de la mensualidad del IVA de 2017, un dinero que finalmente no llegó y «ya se ha gastado». Con un tono comprensivo, no habló de ninguna medida correctora y recordó que por ese mismo motivo el objetivo de déficit para 2020 se había relajado. A ello (los 42 millones de euros pendientes del IVA), la consejera suma otras causas como los gastos inesperados de las inundaciones.

La exconsejera de Economía Cristina Mazas (PP) no comparte estas explicaciones y está más cerca de la tesis que habla de falta de rigor a la hora de presupuestar: «La prueba es que lo que se ha pagado a los proveedores de la deuda farmacéutica en enero es mucho más que esos 42 millones. El desequilibrio viene de otro sitio.». Desde la oposición ya advierten que este año pasará lo mismo y afirman que han detectado un agujero de cerca de 75 millones de euros en las nóminas de Sanidad y Educación.