Sanidad instalará cámaras en los 31 SUAP, pero no garantiza las multas por agresión

Pero este encuentro sirvió también para que las organizaciones sindicales sacaran los colores a la Administración por la falta de medidas aplicadas después de reivindicaciones reiteradas durante años. «Ahora se han visto obligados a hacer el paripé de reunirnos porque casi matan a un médico, pero soluciones, cero», critican desde el Sindicato Médico, que este martes volvió a reclamar que «se apliquen las sanciones administrativas que contempla la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria de 2002. La Consejería tiene potestad para poner multas, que lo haga, que no salga gratis que te insulten, te amenacen y, mucho menos, que te peguen». Dicha normativa prevé sanciones de hasta 3.000 euros por trato desconsiderado hacia el personal sanitario, de hasta 15.000 cuando se trata de infracciones graves y, en el caso de las de mayor gravedad, la cuantía puede llegar a los 600.000 euros.

El equipo de Pesquera admite que «los expedientes administrativos que se han incoado por agresiones son testimoniales». Los sindicatos corrigen esa afirmación: «¡No se ha sancionado a nadie!». Y tampoco ahora Sanidad garantiza la imposición de multas. Lo primero, según explican fuentes de la Consejería, porque «muchos de los incidentes ni siquiera llegan a notificarse de forma oficial», lo que impide actuar contra los agresores. De ahí que otra de las propuestas de mejora vaya encaminada, precisamente, «a facilitar esos trámites de comunicación para así poder incoar expedientes sancionadores».

Luego viene la segunda parte, que es «el enredo jurídico-técnico en el que se escuda Sanidad para no aplicar esas sanciones», como explica el Sindicato Médico, que le exige «personarse como acusación particular de oficio en todos los casos y proporcionar a los agredidos sus servicios jurídicos».

Los profesionales sanitarios llevan tiempo denunciando el aumento de la inseguridad en sus consultas y reclamando medidas que garanticen su protección. «Pero no se ha hecho nada», coincide el sindicato CSIF, que puso sobre la mesa las condiciones del acuerdo firmado en 2019, donde Sanidad se comprometía a «evaluar el déficit de personal y especialmente la dotación de celadores en los SUAP, así como el problema de seguridad y de las agresiones a los profesionales de Atención Primaria, a efectos de establecer medidas para subsanar dichas situaciones». Un compromiso que venía recogido también en el plan de prevención de incidentes violentos en el ámbito sanitario fechado en 2014.

Este martes, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria condenó «la detestable agresión del compañero de Los Castros», dejando claro que «no se trata de una situación excepcional, sino que cada día se producen agresiones a médicos en ejercicio». «Hacen falta sanciones ejemplarizantes», demandan desde CSIF, que tildó de «decepcionante» la reunión con Sanidad, toda vez que «no vemos que haya un plan para mejorar la situación». Coincide con el Sindicato Médico en que las cámaras de seguridad pueden servir para identificar al agresor si se abre una investigación policial, pero no para impedir el conflicto. «Tampoco la presencia de celadores en todos los SUAP (medida que la Gerencia de Atención Primaria ha recogido en el plan de acción remitido al Ministerio) es la solución definitiva, pero sí es una medida más, un cortafuegos», plantea CSIF.