Sanidad pide a Ambuibérica que siga con el transporte programado «voluntariamente»

¿Qué pasa a partir de ahora? La Consejería se ha visto obligada a buscar otra solución de urgencia hasta que se pueda adjudicar el nuevo contrato para garantizar que el servicio no se vea interrumpido. Y la alternativa, a la que se refirió el pasado lunes el consejero de Salud, César Pascual, en el Pleno del Parlamento sin dar detalles, es «un acuerdo voluntario» de continuidad con la actual concesionaria hasta que se pueda resolver el proceso en ciernes.

La petición realizada a la compañía, y que ha sido aceptada pese a las «reticencias iniciales», consiste en «seguir voluntariamente» con la prestación hasta que se tramite la nueva adjudicación que, «una vez levantada la suspensión cautelar del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se resolverá a toda prisa», dicen desde la Consejería. Hasta que llegue ese momento, la idea es que la empresa facture «mensualmente» el coste del transporte programado –el que se ocupa de los traslados de pacientes para acudir a tratamientos, a consultas o para volver a casa tras el alta hospitalaria– y que «esas facturas se lleven luego a Consejo de Gobierno».

En todo caso, los usuarios no notarán lo que se ha decidido en los despachos. Desde la empresa aseguran que «aceptamos la petición de la Consejería, como no podría ser de otra manera, y seguimos concentrados en ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos de Cantabria, como hemos venido haciendo hasta ahora». Aunque, según ha podido saber este periódico, esa negociación no ha sido tan fácil. Cabe la posibilidad de que en esas conversaciones haya pesado «el expediente sancionador» en el que trabaja Sanidad –el propio Pascual habló de ello en su intervención parlamentaria del lunes– para penalizar a la empresa del transporte de ambulancias por sus «incumplimientos».

El titular de Salud ha tratado de evitar, sin éxito, llegar a este escenario de prórroga agotada y adjudicación en el aire –por eso recurrió al procedimiento negociado–, sabedor de que la situación de incertidumbre podría reactivar el conflicto laboral que consiguió apagar meses atrás, cuando los trabajadores amenazaron con iniciar una huelga si no se equiparaban sus condiciones laborales a las de sus compañeros del transporte urgente.

Cabe recordar que esas desigualdades fueron consecuencia de la división del contrato, por primera vez, en dos lotes. Una decisión que se tomó la legislatura pasada, con la sanidad bajo la gestión del socialista Raúl Pesquera. El problema fue que se adjudicó sólo una parte, la del transporte urgente, que ganó Autransa (nueva marca de Ambuibérica), pero quedó desierto el programado. Y la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector, con sus correspondientes subidas salariales, iba ligada a la renovación del contrato, de forma que sólo se podía aplicar a los primeros. Para apagar aquel fuego, Sanidad llegó a un acuerdo económico con la empresa que favoreció la equiparación. Todo de forma provisional hasta que se firmara el nuevo contrato, que es el que no ha llegado a tiempo por el recurso del colectivo empresarial del transporte sanitario.

A día de hoy, los trabajadores del servicio programado oficialmente no han sido informados de este nuevo acuerdo con Ambuibérica, como apuntan desde CSIF, aunque precisamente por esa ausencia de información dan por hecho que continúa hasta que se resuelva el procedimiento negociado en curso. Proceso en el que participa no solo ella misma, como Autransa, sino también la sevillana SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), que se presenta ahora con el nombre de Digamar Servicios S.L, y que fue excluida en la licitación anterior; y la valenciana Diavida, que vuelve a intentarlo tras quedar descartada también en la primera ronda del proceso del año pasado.