Sanidad plantea a Ambuibérica la compra de toda su flota de vehículos en Cantabria

El equipo de Rafael Sotoca confía en tener listo en septiembre el estudio comparativo de costes entre el modelo de licitación, para que una compañía privada conduzca el transporte sanitario regional (única fórmula utilizada en Cantabria hasta la fecha), y la opción de llevar el control desde la propia Consejería de Sanidad, vía creación de una empresa pública, siguiendo el modelo implantado en La Rioja. Allí, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos apostó por la gestión pública y acaba de licitar el alquiler de 63 ambulancias por diez millones de euros. Un modelo que lleva funcionando cuatro años en Baleares y que, según recoge un informe de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA), ha disparado el gasto al menos un 47% hasta 2020, último ejercicio del que disponen de datos para comparar con las cuentas de la gestión privada.

En Cantabria fue Izquierda Unida la formación que reclamó a la Consejería de Sanidad que asumiera el control directo del servicio de transporte sanitario para que fuera «100% público». El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, hizo este llamamiento a comienzos de julio porque veía «posible gestionar diferente» y «acabar con el cúmulo de despropósitos» que atesora la adjudicataria del servicio desde su llegada en 2012. Un periodo en el que, a su juicio, ha contado con la «permisividad» del PP en la legislatura 2011-2015 y, posteriormente, de los gobiernos de PRC y PSOE.

Pero hasta la llegada de Raúl Pesquera a la Consejería de Sanidad nunca se había contemplado la posibilidad de internalizar el servicio de las ambulancias. De hecho, los planes de su antecesor, Miguel Rodríguez, pasaban por sacar un nuevo concurso público con un incremento en la dotación del 30% (de 45,1 millones a cerca de 60), sabedor del desajuste motivado por la sentencia judicial que obligó a Ambuibérica a pagar como horas extra el exceso de jornada de las guardias. Es más, la empresa, que ha reconocido pérdidas millonarias por ese cambio de escenario hasta el punto de pedir la rescisión del contrato -a la que le han llovido las críticas por las deficiencias del servicio, con penalizaciones incluidas, y los conflictos internos-, no descartaba volver a presentarse al nuevo concurso público siempre que fuera en las condiciones anunciadas.

Pero la idea de la posible internalización ha hecho saltar por los aires las aspiraciones de la compañía, al tiempo que ha despertado recelos entre los partidos de la oposición. La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, está convencida de que el PSOE sólo busca «fines políticos y de rendimiento electoral» con este giro de estrategia. Asegura que internalizar el transporte sanitario conllevará «menos productividad, menos eficiencia y menos sostenibilidad del sistema. No habrá mejora». Una reflexión en la que coincide el coordinador autonómico de Cs, Félix Álvarez: «Sólo supondría más gasto, más déficit y más deuda».