La Sareb tiene 962 viviendas en Cantabria, pero sólo el 11% en las zonas de alto alquiler

¿Y dónde se encuentran esos inmuebles? En concreto, son Piélagos (89), Miengo (84) y Santa Cruz de Bezana (77) los tres municipios que encabezan el ranking. En estos núcleos se concentra un tercio del total de los domicilios en Cantabria. Ese es uno de los motivos por los que la medida no convence a las inmobiliarias consultadas por El Diario Montañés. Porque las viviendas «no están en zonas tensionadas, sino en pueblos lejanos o se trata de promociones sin acabar», explica Galia Fuentes, de Mikeli. Y si esos inmuebles no se han vendido todavía es porque no hay demanda. Están en zonas que no interesan y en muchos casos «a un precio que no es el real», añade. En caso contrario:«¿No estarían ya vendidas?», se pregunta.

Las cifras de la entidad muestran esa realidad. Por poner un ejemplo, cuatro de las zonas más tensionadas como son Santander, Torrelavega, Castro Urdiales y Laredo suman 108 inmuebles de los repartidos por Cantabria. Es decir, sólo el 11% de las viviendas con las que cuenta la entidad. La capital del Besaya es la que más acumula con 62 pisos frente a los 20 de la capital cántabra. Y ese es, precisamente, el problema en el que insiste también José Andrés Cuevas, gerente de la inmobiliaria San Fernando. «Es una falacia porque el problema está en las grandes capitales y prácticamente no hay viviendas en esas zonas tensionadas», coincide. Así que la medida anunciada por Pedro Sánchez «no es realmente la solución». Muchas de esas casas están ubicadas en municipios de la geografía cántabra que no están demandas por la población y, por ende, «no se venden». Así que, valora, la medida será «un caos» a medio plazo.

No obstante, de momento el acuerdo –que se firmará hoy en Consejo de Ministros– no ha explicitado cómo afectará al parque de viviendas y solares que disponible en la región. Sólo se conoce que se pondrán a disposición, en todo el país, 21.000 viviendas en manos de municipios y comunidades autónomas, a la vez que se impulsa el alquiler social con las 14.000 ya habitadas y la construcción de otras 15.000 viviendas en suelos de la Sareb. Actualmente el Gobierno de Cantabria dispone de un parque público de viviendas que consta de 402 inmuebles, frente a las 234 que había al inicio de la legislatura. Por su parte, el Ayuntamiento de Santander ha entregado en los últimos 15 años un total de 1.204 viviendas de protección oficial, tras las últimas 66 casas ubicadas en la calle Alta. Y en Torrelavega la cifra de viviendas sociales es 20.

La medida servirá para complementar la nueva Ley de Vivienda, que también se aprobará en las próximas semanas. Una norma que tampoco convence. El documento incluye un límite del 3% a la subida del alquiler para 2024, un tope que puede «retraer la oferta» y complicar aún más la situación del mercado, valora Cuevas. Para que los precios bajen debe ocurrir lo contrario:«Yo necesito conseguir que haya mucha vivienda de alquiler», añade. Entre los posibles mecanismos para alcanzar ese objetivo estaría, por ejemplo, dar garantías a los propietarios frente a posibles «problemas de impagos».

De esas garantías habla también la responsable de Mikeli, que resalta que «si le dices a alguien por cuánto tiene que alquilar, lo que hará será venderlo». Es más, ya han percibido que ese límite ha llevado a algunos propietarios a buscar que el inquilino se vaya o a «intentar cesar el alquiler» para ofertar un contrato a un precio distinto. Desde Afilia (una asociación del sector inmobiliario) apuntan también que el tope terminará trasladándose «al precio del alquiler», así como la obligación de que los propietarios asuman los gastos y honorarios inmobiliarios, «ya que tratarán de recuperar esos costos», valoran. El problema surge cuando una ley «no está realmente consensuada con los profesionales del sector», resume Cuevas, quien considera que la norma «no va a servir para nada».