Cantabria proyecta la construcción de 2.000 viviendas nuevas este año

Bezana es uno de los municipios que más inmuebles pretende construir. Tiene 500 viviendas nuevas en el horizonte: 182 en Soto de la Marina anunciadas tras ser aprobadas recientemente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Iberdrola planea levantar otras 297. No es el único consistorio con la hormigonera encendida. Torrelavega suspira por hacer realidad uno de sus proyectos urbanísticos de mayor calado, el Plan Parcial de El Valle, entre Sierrapando y Tanos. Este año comenzará la urbanización que precederá a la construcción de 457 nuevas viviendas, 57 de ellas municipales.

Sólo entre los dos grandes núcleos de población de Cantabria suman más de la mitad de las futuras construcciones. Pero la lista es larga. La empresa pública Gesvicán levantará 171 en siete municipios diferentes –Polanco (40), Reinosa (58), Santoña (28), Torrelavega (27), Santillana (8), Piélagos (7) y Orejo (3)– dedicadas al alquiler joven asequible, tal y como obligan los fondos europeos que, en parte, las financian. Maoño va a entregar 16 chalés, Escalante tiene previsto crear 15 viviendas de sustitución por los derribos, Meruelo quiere recalificar una finca para crear una ciudad residencial con 180 viviendas individuales... Y así una larga lista de pequeñas promociones.

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria tiene constatado el repunte de la obra nueva. Los datos acumulados del año pasado fijan en 1.349 las nuevas construcciones registradas, 250.326 metros cuadrados. Esto supone un incremento del 21,2% respecto a 2022, en el que se contabilizaron 1.113 viviendas. Es cierto que estas cifras no se pueden comparar con las de los estertores de la burbuja inmobiliaria –ver gráfico adjunto–, pero se puede observar una pequeña recuperación. «El sector sigue afectado por la crisis de 2008 aunque se hayan producido algunos pequeños repuntes en los últimos años», explica su presidente, Miguel Ángel Berrazueta. Una cautela que comparten también desde la Asociación de Promotores y Constructores. «Quitando algunas promociones grandes que hay en marcha, está repuntando de manera moderada», afirma su vicepresidente, Gervasio Pinta. «Tenemos diferentes inconvenientes. La subida del precio de los materiales y también la falta de mano de obra elevan los costes hasta un 32%», subraya.

Santander encabezó el ranking del ladrillo el año pasado: 266 nuevas viviendas. Santa Cruz de Bezana le siguió muy de cerca con 253. El top diez lo cerraron Laredo (112), Castro Urdiales (109), Ribamontán (67), Piélagos (61), Suances (51), Medio Cudeyo (38), Udías (34) y Arnuero (24).

Las 1.349 viviendas iniciadas el pasado ejerció supusieron 385 promociones distintas, de las que 335, la mayoría, fueron de casas unifamiliares aisladas y otras 50 de residenciales colectivos. Por el contrario, los pisos comunitarios experimentaron un crecimiento del 43% –709 en 2022; 1.014 de 2023–.

Preguntados por el futuro más inmediato, el de este año, el Colegio y la Asociación se muestran cautelosos. «Vamos a seguir creciendo, aunque será de manera moderada», afirma Pinta. «No podemos ilusionarnos con que ya se haya producido el despegue», recalca Berrazueta.

Si el sector ha vuelto reactivarse es porque ha percibido que hay demanda. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuáles son las necesidades exactas que tiene Cantabria. De hecho, el Gobierno regional sigue a la espera del estudio pormenorizado que ha encargado para conocer cuál es la necesidad real de viviendas. «Estamos trabajando en ello. Se está confeccionando el estudio», aseguró el miércoles pasado el consejero de Fomento, Roberto Media. También es cierto que Cantabria ganó población el año pasado. En concreto, 2.937 personas. 61 municipios crecieron, 37 perdieron habitantes y en cuatro no hubo variaciones. Santander y Torrelavega rompieron su tendencia a la baja y subieron, aunque fueron Piélagos y Bezana los que más nuevos vecinos empadronaron.

El Ejecutivo recién aterrizado ha apostado fuerte por el ladrillo. Lo último ha sido hacer pública la nueva política en materia de vivienda protegida. Para impulsarla y que las empresas privadas se lancen a construir pisos de protección oficial (VPO), el Partido Popular ha «actualizado» los precios que deberán pagar los beneficiarios. Encarecer la vivienda y los alquileres un 21,7% de golpe «para hacer rentables y atractivas este tipo de promociones» es la solución ideada. Las personas con menos recursos para acceder al mercado libre lo tendrán aún más difícil, sobre todo en una coyuntura donde el crecimiento del precio del dinero para frenar la inflación ha lastrado la concesión de hipotecas.

Para los jóvenes también es complicado. El Consejo de la Juventud publicó la semana pasada su último informe del Observatorio de Emancipación. Cantabria es la comunidad con menos emancipados del país, sólo el 11%. Un joven debe destinar aquí más del 100% de su sueldo para alquilar una vivienda en solitario y un 44,7% si comparte piso.